En los últimos meses hemos conocido los serios problemas de gestión que tiene el Sename, con casos dramáticos de niños que murieron por lo que en el mejor de los casos se puede describir como negligencia sistémica. Pocos meses antes supimos de una querella del Consejo de Defensa del Estado contra el ex director de la Junaeb, pidiendo penas de cárcel por adjudicar millonarios contratos a empresas de su preferencia (y a precios inflados y calidad defectuosa).
¿Qué sucede con las instituciones del Estado de Chile? ¿Por qué tenemos problemas recurrentes de mala gestión y manejos dolosos, casi siempre en perjuicio de los más vulnerables? ¿Por qué hay instituciones públicas que parecieran “pertenecer” a partidos políticos determinados y donde éstos, en lugar de esforzarse por cumplir la misión de la institución, más bien se centran en favorecer a otros miembros del partido (y sus empresas)?
SADP: promesas incumplidas
La creación del Sistema de Alta Dirección Pública el 2003 tuvo por objeto fortalecer los cargos directivos en el sector público chileno. El sistema considera la mayoría de las instituciones del Estado, 115 de 139 al 2015. Sin embargo, el Sename es una de las instituciones que no incluye el SADP.
El SADP preselecciona tres, cuatro o cinco candidatos por cada cargo para que luego la autoridad nomine uno de los preseleccionados. De esta manera se busca combinar la idoneidad con la confianza de parte de los ministros y otras autoridades políticas con las cuales trabajan. El 80% de los elegidos para cargos directivos ha sido quien ocupa el primer lugar en la nómina.
A los partidos nunca les gustó el SADP y dilataron su puesta en marcha lo más posible. Peor aun, los gobiernos encontraron una manera de burlar el espíritu del SADP cuando el candidato que querían para el cargo no quedaba en la nómina, declarando el concurso desierto y nombrando un directivo “transitorio y provisorio” (TyP) de su entero gusto. Alrededor de la mitad de los titulares en la actualidad son TyP, como en el caso de la Junaeb y el director procesado por el CDE antes mencionado.
A los problemas anteriores se agrega que con los cambios de gobierno, la rotación en los cargos directivos por SADP ha sido más alta de lo esperada (en torno a la mitad).
Un rayo de esperanza
En junio de 2015 ingresó un proyecto para fortalecer el SADP que termina con el abuso de los TyP e incorpora servicios que habían quedado fuera por motivos injustificados, entre ellos el Sename, Fonasa, Injuv y Aduanas. Dados eventos recientes sería interesante incluir también a Gendarmería. También se incluyen medidas para reducir la rotación de directivos cuando hay cambios de gobierno.
El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados y se encuentra en el Senado, recientemente aprobado por su Comisión de Hacienda. Es importante aprobarlo a la brevedad, para así crear las condiciones que eviten que se vuelvan a repetir los lamentables hechos que conocimos en el Sename y la Junaeb. Se trata de la cuarta iniciativa legislativa para fortalecer al SADP, la ciudadanía debe mantenerse alerta para que esta vez se apruebe con las mejoras sustanciales al sistema.
Nombrando mis fiscalizadores
El 7 de enero de 2015, el Senado de la República aprobó, a propuesta de la Presidenta, dos nuevos miembros del Tribunal Constitucional, uno de la UDI, el otro del PS. Los nombres propuestos se conocieron el mismo día, no hubo mayor tiempo para analizar la idoneidad de los candidatos, de hecho, según juristas muy diversos, el nominado cercano a la UDI no tenía la idoneidad necesaria para el cargo. En las actas del debate de ese día consta que ni siquiera se discutieron los nombramientos, sólo se votaron las propuestas. Incluso, un senador de la Nueva Mayoría reconoció por redes sociales que votó por los dos candidatos propuestos por el Ejecutivo, porque ese era el acuerdo y que ni miró quién era el candidato de la derecha, si lo hubiera hecho habría votado diferente.
Evidentemente esta no es forma de elegir a quienes van a integrar organismos colegiados de entidades autónomas que juegan un rol importante en nuestra democracia, como el Servel, el INDH o el CNTV. Se trata de la forma más burda de cuoteo político, donde no priman los méritos, la independencia e idoneidad de los candidatos, sino tan sólo su domicilio político.
El cuoteo es aún más grave cuando se trata de organismos que tienen un rol fiscalizador sobre el gobierno o municipios -como el Consejo para la Transparencia- o sobre los partidos y candidatos -como el Servel-. Se trata de entidades más bien técnicas que requieren un conocimiento profundo de las materias que tratan -transparencia y acceso a la información pública, derechos humanos, sistemas electorales y fiscalización de campañas y partidos, entre otras-. A estas se refería la declaración #NoAlCuoteo que lanzamos 36 organizaciones y personas, de distintos ámbitos de trabajo y afinidades políticas, la semana pasada. Precisamente por tratarse de entidades autónomas y en varios casos fiscalizadoras, creemos que es necesario que al momento de hacer los nombramientos respectivos, se vele por su independencia de otros órganos, partidos o servicios.
Dada la demanda ciudadana por mayor transparencia, la declaración propone que estas designaciones se hagan a través de audiencias públicas realizadas por la comisión del Congreso respectiva, donde asisten las personas propuestas y el principal objetivo es determinar si se cumple con lo anterior, o sea, si cuentan con los méritos e independencia necesarios para ejercer tal cargo. También se requiere que este proceso sea público, en el sentido de que sea transmitido de algún modo para la ciudadanía -por ejemplo, por streaming-, como en otras ocasiones se ha hecho. Finalmente, proponemos que entre dicha audiencia y la votación por parte del pleno de la Cámara medie un tiempo prudente -por ejemplo, una semana- para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan llevar a cabo un proceso de escrutinio social.
Por ejemplo, en el caso del consejo directivo del Servel, sus integrantes deberían exhibir al menos una de las siguientes tres competencias: saber de administración de elecciones, teniendo nociones académicas y técnicas; contar con experiencia y conocimiento en gestión y administración de instituciones o empresas para poder proponer soluciones innovadoras y resolver posibles problemas prácticos (plataformas digitales, contingencia, entre otros) y tener formación en derecho, para llevar la voz sobre sanciones, penas, faltas y relación con el Tricel. También, e igual de importante en este caso, debieran tener una historia en que, más allá de sus preferencias políticas, hayan dado muestras claras de independencia de su sector.
No se trata de reemplazar al Congreso por una instancia, como sugirió algún comentarista. Lo que se busca es que estos procesos sean de cara a la ciudadanía y no a puertas cerradas.La recuperación de la confianza en los líderes políticos (y empresariales) será un proceso lento, producto de cambios claros y perceptibles que resulten de nuevas reglas del juego, donde la transparencia y rendición de cuentas tendrán un rol central. De una confianza que se cuestionaba cada cuatro años al votar en las urnas estamos pasando a una “confianza lúcida”, donde los ciudadanos evalúan continuamente a sus representantes.
