El cuoteo es antiguo: a raíz de la “crisis de las indemnizaciones”, el Pdte. Lagos pidió la renuncia de todo el Directorio de Correos en Octubre del 2000. El anterior Presidente de Correos era DC, y la Gerenta General era PPD. Me correspondió formar parte del nuevo “directorio interventor”, junto con otros cuatro colegas, con experiencia empresarial y comprometidos a sanear la entidad.
A raíz de un tema relacionado con licitaciones tecnológicas, pedí hablar con algún ingeniero especializado. A continuación mi conversación con el Sub Gerente General de la época. Era la única autoridad superior que quedaba todavía en el cargo. Nunca la olvidaré, digna de Kafka.
MW: Quisiera hablar con algún ingeniero especialista en estos temas en la empresa.
SG: Mmmm, no hay ingenieros….
MW: ¿Cómo? En una empresa de 6000 trabajadores, que compite con DHL y Federal Express, ¿no hay ingenieros??
SG: Mmmm, así es… pero (sonríe) ¡hay un Jefe de Departamento de Tecnología!!
MW: Bueno, perfecto, ¡ese!
SG: Bueno, pero… mmm… es sociólogo…
MW: ¿Quéee? ¿En el Departamento de Tecnología??
SG: Bueno, mmm…., es que, mmm… es por… “la planilla Excel”.
MW: ¿Qué planilla Excel??
SG: (mirándome socarronamente, como si yo fuera idiota) Bueno, obvio, la planilla Excel de los cuoteos…
MW: ¿Qué es eso???
SG: Obvio pues, hay que cuotear todas las jefaturas de departamento de forma proporcional a los votos de los partidos, y eso se calcula en una planilla Excel. En ese cargo “le tocó a un PPD”….. y sólo teníamos un sociólogo aficionado a los computadores.
Fin de la historia. El cuoteo sí que estaba tecnificado en Excel, pero la empresa no tenía ingenieros. Cuatro meses mas tarde, después que hicimos un concurso público con “head hunter” para escoger un nuevo Gerente General, habían volado el Sub Gerente, y 9 de los 10 jefes de División o Departamento, cuyos cargos también concursamos, aunque no había ninguna ley que nos obligara a hacerlo. La Ley de ADP es posterior a estos eventos.
El cuoteo no es privativo de las izquierdas. Esta historia es un extracto del reportaje “Los operadores políticos que pagamos todos: así funciona la pitutocracia partidista dentro del Estado”, de 2015.
“En 2010, Isidora era una broker de bolsa con buen pasar en el mundo privado… Jamás pensó en trabajar para el Estado, hasta que le ofrecieron ser parte del gobierno de Piñera. Isidora, pro RN aunque no militaba, decidió bajar sus ingresos e irse a trabajar al servicio público, creyendo en el lema del “gobierno de los mejores”… asumió una jefatura en una SEREMI del Ministerio de Planificación. Ahí comenzó su decepción”.
“Empezó a llegar cada vez más gente. Partimos como treinta y llegamos a ser setenta y siete. La gente que llegaba no tenía el mandato de hacer una pega técnica (…) No tenían ni siquiera título”, cuenta. “Había muchos que venían de las partes más modestas de la ciudad y que tenían un perfil carismático. Organizaban a sus tropas para buscar votos, y la candidata del partido le pedía al Seremi que los premiara con un puesto”, cuenta Isidora. Asegura que ”algunos no iban a las reuniones, ni a la oficina, ni a las capacitaciones”, y que “además de cobrar un sueldo de un millón y medio, los mandaban dos o tres semanas a municipalidades donde el partido quería ganar una alcaldía y les pagaban viáticos”.
En todos los niveles jerárquicos.
Esta lacra transversal se da a todo nivel. No es solamente la falta de respeto a la Alta Dirección Pública, virtualmente demolida en cada cambio de coalición. Este sistema sigue tratando de nacer después de una década de golpes y porrazos, con un propósito obvio: obligar a los Ministros a hacer lo que se supone que debieran hacer de todas formas como principio elemental de gestión: seleccionar y mantener a los mejores, en todos los cargos.
Por cierto, nadie cuestiona que los Ministros y Subsecretarios, o sus Jefes de Gabinete, deban ser de confianza política. Pero nadie nos va a convencer que para ser Director de un Hospital, o de la Central de Abastecimiento del Ministerio de Salud, o del SERNAGEOMIN, se requiera confianza política… salvo claro está, que el propósito implícito sea abrir la puerta a la pitutocracia en esos servicios públicos, y repagar favores políticos a los que participaron de las campañas, o a los caciques parlamentarios de determinados territorios electorales.
Una cosa es la obvia obligación de estar de acuerdo con las “políticas públicas” de un gobierno. Si no, el directivo debe irse porque estaría atornillando al revés respecto a las prioridades de un gobierno que ganó la elección. Para eso estamos en democracia. Otra muy distinta es la necesidad de “lealtad política pitutocrática”.
Los gobiernos de ambos colores han considerado sistemáticamente que este concepto debe sacrificarse en favor del clientelismo político y el repago de favores y trabajos durante las campañas electorales. ¿Cuantos apitutados y asesores innecesarios llegan en cada cambio de gobierno, incluso dentro de la misma coalición? El problema no es sólo el dispendio asociado, de por si respetable… cada vez vemos más salarios de asesores o contratas de $4, $5 o $6 millones mensuales, cifras inéditas hace 10 años.
Aún así, el gasto es sólo uno de los problemas. El mayor es la confusión, deshonestidad y desprolijidad asociada a la función pública que traen consigo. Hay niños que mueren en el SENAME u hospitales, y presos que mueren en las cárceles, por el desorden y la ineficacia causada por tamaña ineptitud.
Otro problema grave, el que dio origen a la campaña #NoAlCuoteo, se refiere a cruciales órganos transversales del Estado, que no son propuestos por Ministros, sino en que el Presidente propone cargos “binominalmente cuoteados” al Senado para su aprobación: el Tribunal Constitucional, el SERVEL, el propio Consejo de Alta Dirección Pública, el Consejo de Transparencia. Frecuentemente, basta con que lleguen cuoteados y preacordados en alguna negociación de pasillo, para que el Senado los apruebe, sin mediar una revisión exhaustiva de curriculum, una adecuación al cargo, una audiencia, o ningún proceso serio para asegurar que estos cuerpos colegiados, de máxima importancia, estén bien integrados. Ha habido casos vergonzosos, por ejemplo, nada menos que en el Tribunal Constitucional.
¿Cómo se arregla?
Primero, constatando que no es fácil. Hay dificultades estructurales. Si bien hay algunos parlamentarios probos y con visión de Estado, los partidos políticos tradicionales están a estas alturas mayoritariamente corruptos, no en el sentido de meterse plata al bolsillo, sino de que su Norte primordial es mantenerse agarrados a la glándula mamaria del poder, tanto en lo institucional como, para muchos, en lo personal: amarrar una próxima candidatura exitosa a senador, diputado, alcalde, concejal, o algún cargo de gobierno si toca la suerte.
La visión de estadista y el bien común queda así difuminada en el telón de fondo, en segunda prioridad. Tampoco es prioritario democratizar sus propios partidos, eso es mas bien amenazante en lo personal. Para estos fines, a los caciques les resulta esencial establecer una red clientelar de amigos, parientes y correligionarios de su fracción partidaria en los cargos de gobierno, “hoy por ti, mañana por mi”, así como aparecer en los medios con cualquier barbaridad a cualquier costo. En definitiva, armar su “máquina”. En este contexto, presionar Ministros por contrataciones pitutocráticas, incluso con chantajes, pasa a ser uno de los oficios esenciales de muchos parlamentarios y dirigentes de las cúpulas partidarias.
Felizmente, ya existe un proyecto de ley enviado al Congreso el 19 de Junio de 2015, cuyo propósito central es “blindar” y extender el Sistema de Alta Dirección Pública, incluyendo el cierre de los “forados” que han permitido al sistema político hacerle un “bypass”, ampliándolo a varios cargos clave, y perfeccionándolo en muchas dimensiones. Es, en lo general, un buen proyecto, y está a punto de aprobarse en el Congreso. Crucemos los dedos. Una vez que en los servicios públicos haya directivos con un mínimo necesario de profesionalismo, y que no roten cada dos años, aunque pertenezcan a partidos políticos, la epidemia pitutocrática podrá ser, sino eliminada, al menos controlada.
Además, será necesario avanzar tarde o temprano en temas no cubiertos en el actual proyecto: aumentar su cobertura en un orden de magnitud en cuanto al número de cargos concursables, incluyendo los de tercer nivel jerárquico, los integrantes de directorio de empresas públicas, y algunos cargos municipales clave. Este Consejo debiera, asimismo, definir los perfiles de cargo de aquellos personeros que serán propuestos al Senado en los cargos de cuerpos colegiados arriba mencionados, con procedimientos especiales.
Pero también es necesario dar otro paso, ojalá inmediato, y no mencionado en el proyecto de Ley: darle al Consejo de ADP mayor independencia respecto al Ejecutivo. Sería tan simple como asimilarlo a la estructura actual del Consejo de la Transparencia: cuatro consejeros aprobados en el Senado, que escogen de entre ellos un Presidente, y un Secretario Ejecutivo que ellos mismos seleccionan por concurso, y que ellos pueden remover.
Mientras el Presidente del Consejo de ADP sea a la vez el Director del Servicio, y como tal un funcionario del Ministerio de Hacienda, la voz política de este Consejo frente a cualquier conflicto será inevitablemente acallada a favor del gobierno de turno, por muy respetables que hayan sido sus anteriores Presidentes.
No estaría demás que, en las próximas elecciones, los ciudadamosfiltremos cudadosamente los votos para nuestros candidatos en base a estas consideraciones de ética, probidad y transparencia.
Por último, en este hiperpresidencial país, con La Moneda como el ente todopoderoso que es, bastaría con que el próximo Presidente/a diera una tersa orden, incluso verbal: al primer Ministro o Jefe de Servicio que pillemos en maniobras clientelares, le cortamos la cabeza, y al primer parlamentario que ande con estas jugarretas, hay cadena nacional para denunciarlo. En otras palabras, le toca al próximo Presidente construir una épica de la ética como proyecto político esencial. Soñar no cuesta nada.
