Una de las principales propuestas de campaña del Presidente Sebastián Piñera fue la extensión del postnatal de tres a seis meses. Quienes estaban a favor de esta extensión argumentaban que era moralmente cuestionable alejar a un lactante de tres meses de edad del cuidado materno, mientras que quienes criticaban esta medida proclamaban que afectaría al mercado laboral femenino. Durante el debate estas dos posiciones se fueron extremando y rigidizando lo cual dificultó llegar a un acuerdo.
Más recientemente ha resurgido otro antiguo debate en la arena política. La segregación en el sistema educacional chileno y su relación con el sistema de financiamiento compartido. Algunos candidatos han lanzado fuertes críticas contra el actual sistema. Otros han dado fuertes argumentos a favor de mantener el financiamiento compartido asegurando ser una pieza clave en la calidad educacional. En este caso la discusión también ha sido basada principalmente en argumentos éticos.
¿Por qué es tan difícil llegar a un acuerdo en políticas públicas? Consideramos que la causa se encuentra, en gran medida, en la falta de evidencia confiable para contestar muchas de estas preguntas. Ante la ausencia de evidencia, es natural que la discusión se base en grandes principios éticos y aunque estos tienen un inconfundible valor para la sociedad, sin evidencia, se tiende a tener discusiones enfocadas en la posible violación del principio, más que en el daño o beneficio relativo efectivo a cada grupo específico de la población.
Imaginemos que tuviéramos evidencia de la efectividad de los ejemplos mencionados, entonces, tanto detractores como partidarios hubiesen tenido que incluir esta información en sus argumentos para mirar tanto las ventajas como las potenciales desventajas de las mismas, generando una discusión más saludable y una política menos polarizada.
Lamentablemente, la evidencia sobre la efectividad de políticas es muy escasa. Una de las razones es que su producción toma tiempo y que quienes gobiernan usualmente tienen horizontes de tiempo menores al necesario para responder este tipo de preguntas y son pocos los gobiernos dispuestos a invertir en respuestas para la siguiente administración.
Una segunda razón, consiste en la percepción que tienen los gobiernos sobre el rol de la evaluación. Nuestra experiencia trabajando con gobiernos en el mundo, es que la palabra “evaluación” en la administración pública tiende a ser asociada con mecanismos de control, de transparencia y de monitoreo ¿Cuánto se gastó realmente en este programa? y ¿a cuántos beneficiarios alcanzó el programa?, son el tipo de preguntas que quienes se encargan de los presupuestos públicos buscan contestar y que quienes implementan programas no disfrutan respondiendo. Como resultado, la reacción ante una propuesta de evaluación de impacto de un programa tiende a ser negativa.
Aun cuando la transparencia, el control y el monitoreo son extremadamente relevantes, esta confusión de términos es desafortunada: Monitorear un programa es radicalmente diferente a aprender de la experiencia del programa. Un programa puede ser extremadamente eficiente en su implementación (y por lo tanto mostrar muy buenos resultados en un monitoreo), pero no tener impacto en la vida de los ciudadanos.
El valor primordial del monitoreo es verificar si se cumple lo que se prometió hacer. En cambio, la producción de evidencia de efectividad, debería ser neutral ante el éxito o fracaso de un programa puntual, ya que la meta tiene que ver con descubrir la mejor forma de cumplir el objetivo social. De esta manera, si un gobierno está comprometido con el objetivo final de su programa no debería tener un conflicto inherente en evaluar su impacto.
¿Cómo promover la producción de evidencia? Conceptualmente, la solución es la creación de una institución pública y autónoma que evalúe y apoye el diseño de evaluación de programas sociales y a la cual no se le encomiende el rol de monitoreo. Como el Banco Central, y por razones similares, esta institución debería estar blindada de influencias políticas de corto plazo y enfocada en producir evidencia para el largo plazo (más que para el gobierno de turno). Su potestad legal facilitaría la acumulación de evidencia para decisiones políticas en el futuro.
¿Cómo crear esta institución? El empuje inicial debería provenir de la sociedad civil: Todos tenemos el derecho de exigir información un programa social ¿Tienen evidencia de su efectividad? ¿O es un acto de fe? Estas preguntas nos haría conscientes de la escasez y poco uso de evidencia por gobiernos y estimularía la incorporación de esta agenda en la política.
Abhijit Banerjee
J-PAL y MIT
Ryan Cooper
J-PAL LAC en UC
Magdalena Valdés
J-PAL LAC en UC
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Realmente, me pareció un poco infantil el argumento en esta entrada. Si, algunas políticas deberían ser evaluadas, pero también hay muchas cosas que sabemos. Que no hayan sido evaluadas en Chile no implica que no podamos usar el conocimiento existente. Pues si así fuese, tampoco serviría el conocimiento generado en Chile. Siempre llegaría tarde. Por otra parte, ¿es cierto que no habría diferencias sobe que políticas implementar si hubiese evaluaciones rigurosas? No lo creo.
Gracias x el comentario, permite aclarar algunos puntos.
1. De acuerdo con que hay que evaluar cosas que no sabemos y que si se evaluó en otro lado puede ser suficiente en algunos casos. Quizás no fuimos suficientemente claros con el argumento. No decimos que haya que evaluar todo. Eso sería una mala idea.
2. Los ejemplos se eligieron dado que son preguntas para las cuales no se cuenta con evidencia confiable de ningún país.
3. Tampoco decimos que no habría diferencias ni discusión sobre qué hacer. Parece que en este punto también nos faltó claridad. La evidencia facilitaría la discusión política y reduciría la polarización, pero en ningún caso reemplazaría otros elementos centrales en la política como la ideología, los valores, la intuición, la experiencia, la negociación entre diferentes intereses dentro de una misma sociedad. El punto es que sin evidencia, llegar a acuerdos en base a todos estos elementos por si solos es muy complejo y engorroso. Con evidencia, podría ser más fácil.
La idea y nuestro anhelo en JPAL es que la evidencia sea un elemento más en la ecuación de toma de decisiones de política. Eso sería un gran logro y le haría mucho bien a las políticas públicas de nuestros países.
Si realizamos pilotos, en vez de implementar de inmediato el programa en todo el país, sí podemos utilizar el conocimiento generado en Chile.
Agradeceré referencias a evaluaciones ex-post del Transantiago. Pronto habrán pasado 8 años de su implementación y muchos más de su diseño y aprobación. Entiendo que sus deficiencias todavía requieren cambios de políticas y por lo tanto supongo que estos cambios, en alguna medida, tomarán en cuenta evaluaciones ya completadas.
Por supuesto, no puede haber una discusión seria de cómo hacer política pública en Chile si se ignora la experiencia del Transantiago. No es la única experiencia que se debe tener en cuenta pero sí es necesaria para entender por qué sigue siendo tan difícil mejorar la gestión del Estado chileno.
Las ideas son muy interesantes. Lo que no veo tan viable es la creación de una institución pública y autónoma para llevar adelante las evaluaciones. Las universidades cumplen los requisitos propuestos (de forma conceptual, está claro). Un punto significativo es su vinculación estrecha con la comunidad académica, que pueda criticar el formato de las evaluaciones.
Dado que el post comienza con una referencia a una promesa que Sebastián Piñera hizo durante la campaña que lo llevaría a la presidencia, me pregunto si Ryan Cooper puede darnos referencia a alguna promesa de M. Bachelet durante la presente campaña electoral que esté fundada en evidencia confiable. Sólo pido una para poder analizar la relación entre la promesa y la evidencia.