Luego de semanas de ansiedad de muchos, el Presidente electo Gabriel Boric ha nombrado a su gabinete en una ceremonia que trajo un nuevo tono y que estuvo marcada por una bella presentación de la actriz Paulina García en un escenario ciudadano. Se trata de un gabinete con una altísima proporción de mujeres, una importante representación de las regiones y la educación pública, y con diversidad generacional. Al mismo tiempo, es un gabinete que amplía la representación política de lo que será el nuevo oficialismo y que combina conocimiento técnico con experiencia política.
El equipo político es un grupo afiatado, mientras que al mando del equipo económico designó a Mario Marcel, un economista de larga trayectoria en finanzas públicas –exdirector de la Dipres y uno de los creadores de la regla fiscal– que condujo al Banco Central en una crisis profunda muy distinta a las previas, mostrando flexibilidad y diálogo político.
La tarea de designar a un gabinete no era fácil y el resultado es muy bueno.
En su discurso, el Presidente electo puso el acento en los múltiples desafíos que tiene Chile y que desea comenzar a abordar en su gobierno. Algunos de ellos son para el cortísimo plazo, como el control de la pandemia y la mitigación de sus secuelas. Otros son más estructurales, como un crecimiento sustentable, más inclusivo y equitativo. Boric fue además explícito en decir que se trata de tareas que se hacen paso a paso, con mucho diálogo, escucha, cariño y cuidado.
Todo esto sugiere que Gabriel Boric espera inaugurar una nueva forma de hacer política. Probablemente, nos hará bien un aire nuevo. Los años recientes han puesto de manifiesto lo difícil que es para la política responder a las demandas ciudadanas. El diseño institucional de un Ejecutivo con mucho poder en el papel, pero que enfrenta no solo a una, sino que a muchas oposiciones en el Congreso, ha impedido el avance de reformas sustantivas y necesarias. No hay incentivos a colaborar; más bien el Congreso tiene incentivos a hacer difícil la tarea del Ejecutivo. El distanciamiento de la ciudadanía hacia la política seguramente guarda relación con la frustración que produce un sistema que parece en ocasiones sordo a sus necesidades y centrado en sí mismo.
Las propuestas centrales de la campaña de segunda vuelta –reforma a las pensiones, la salud y los impuestos– son de por sí de discusión difícil, tanto desde lo político como desde lo técnico. Destrabar el inmovilismo a través de diálogos más amplios que los que han tenido lugar hasta ahora ha sido parte de la clave que han usado otros países para sacar adelante reformas difíciles. Ello debe involucrar no solo a políticos y técnicos, sino también de manera más sustantiva a organizaciones de la sociedad civil, trabajadores y gremios, entre otros. El diálogo y la participación social ayudan a llegar a acuerdos duraderos en temas en los que hay visiones diversas, necesidades que se contraponen e incertidumbre sobre lo que implican los posibles caminos de reforma.
Al mismo tiempo, hay algunos aspectos relevantes de la tarea que se ha propuesto el nuevo gobierno que no pasan por el Congreso. Por ejemplo, reparar algunos aspectos de la gestión pública que afectan la vida cotidiana de las personas. Las demoras en la atención de salud posiblemente son una de las más significativas. También está la distribución territorial de los recursos para la seguridad en los barrios, y los criterios que utilizan Dipres y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para evaluar programas sociales que no toman en cuenta las percepciones de justicia social ni sus efectos sobre la cohesión social.
Los desafíos que se ha comprometido a abordar el gobierno son grandes e importantes. Si junto con este nuevo modo de gobernar la Convención Constitucional acuerda un texto que concite un gran apoyo en la ciudadanía, entonces podemos esperar el inicio de una transición hacia mejores tiempos para nuestro país.
