Por Sandra Ley, División de Estudios Políticos, Centro de Investigación y Docencia Económicas
El efecto de la violencia en los procesos electorales es, sin duda alguna, una de las principales preocupaciones en la elección intermedia que se celebrará en México el próximo 6 de junio. Varios expertos han señalado ya la incidencia que el crimen organizado ha tenido en ciclos electorales anteriores y en este en particular, a través del uso directo de la violencia contra autoridades y candidatos, con el fin de afianzar redes de protección, influir en la composición de los gobiernos locales y establecer controles sobre la política local (Guerrero 2021, Pulido 2021, Trejo y Ley 2020). Sin embargo, resulta importante también analizar y reconocer tanto las formas en que la violencia criminal afecta de manera indirecta a los votantes, como otros obstáculos en la lógica de las campañas que igualmente impactan la rendición de cuentas en un tema tan fundamental como es la seguridad.
Participación electoral y violencia
La violencia que ejerce el crimen organizado, particularmente aquella que busca influir en los procesos electorales a través de ataques tanto a candidatos como al electorado, afectan los incentivos de los votantes a participar en las elecciones. En el caso de México, la violencia ha disminuido la aceptación de las invitaciones a ser funcionario de casilla (Cantú y Ley 2017), así como a ejercer el derecho al voto el día de la elección (Carreras y Trelles 2012, Ley 2018).
Las razones detrás de ese repliegue son múltiples. Primero, el sentido de eficacia política, tan importante para estimular la participación, se reduce al ver que los grupos criminales—y no los votantes—son quienes pueden definir los resultados electorales. Segundo, incluso si no son las organizaciones criminales quienes están imponiendo o amenazando candidatos, su influencia indirecta mediante el uso de violencia generalizada reduce la competencia electoral, lo cual igualmente disminuye los incentivos para la participación de los votantes, al percibir que su voto tiene menos poder de influencia (Ponce 2019). Finalmente, en términos más generales, la violencia reduce el apoyo a los valores e instituciones democráticas, incluyendo las elecciones (Fernandez y Kuenzi 2010, Blanco 2013, Carreras 2013).
Es importante notar que este es un efecto que experimenta el electorado en su conjunto, independientemente de sus experiencias personales y directas con el crimen. Es decir, no se trata solo de un grupo específico de víctimas directas que se aleja de la esfera electoral. Se trata de un electorado desanimado en su conjunto para participar, que está dispuesto a renunciar a su derecho al voto y a la posibilidad de castigar a gobernantes con un pobre desempeño y escoger nuevas opciones para hacer frente a la inseguridad.
Pero, ¿realmente es posible exigir cuentas en las urnas y demandar cambios en las políticas de seguridad? ¿Qué hacen aquellos votantes que, a pesar de la amenaza y desánimo por la violencia criminal, salen a votar? ¿Las elecciones abren un espacio para discutir opciones para hacer frente a la inseguridad y elegir entre ellas?
Campañas electorales, preferencias políticas, violencia e inseguridad
Una de las mayores incógnitas sobre los procesos electorales recientes en México es la ausencia del tema de seguridad en las campañas electorales. Sorprendentemente, a pesar de que 44% de los mexicanos identifican a la inseguridad como el principal problema en el país (Altamirano y Ley 2018), las campañas electorales a nivel federal y local no se han centrado en la generación de propuestas alrededor de este tema.
En plena “guerra contra el narcotráfico,” en la elección intermedia de 2009, solo las autoridades y los candidatos de afiliación panista presentaron el tema del combate contra el crimen organizado como parte central de sus campañas, suponiendo que la estrategia encabezada por el entonces presidente panista, Felipe Calderón, les daría ganancias electorales. Sin embargo, la multiplicidad de acusaciones entre partidos—culpándose entre unos y otros por los pobres resultados en materia de seguridad—confundió al electorado mexicano y le dificultó la posibilidad de atribuir responsabilidad claramente por el desempeño en seguridad y castigar o premiar a los partidos el día de la elección. Así, los votantes optaron por dejar de lado sus evaluaciones y consideraciones sobre violencia e inseguridad al momento de votar y estas no desempeñaron un papel en su decisión electoral (Ley 2017). A pesar de las posibles responsabilidades que autoridades y partidos en los distintos niveles de gobierno pudieron haber desempeñado en la escalada inicial de violencia, no recibieron un castigo por ello en las urnas.
La historia es similar en elecciones subsecuentes. En la elección de 2012, justo después de que la violencia alcanzó niveles máximos, los candidatos del PAN abandonaron el tema de seguridad en sus campañas, como su partido y candidata presidencial también lo hicieron (Langston y Ley 2017). La ausencia del tema en las campañas otra vez imposibilitó la rendición de cuentas en materia de seguridad, a pesar del sustantivo incremento de la violencia en el sexenio anterior. Y aunque en la elección de 2018 los candidatos sí presentaron propuestas divergentes para atender la violencia e inseguridad en el país—desde las amnistías de López Obrador hasta la opción de cortar las manos de criminales por parte de “El Bronco—estos temas no desempeñaron un papel decisivo en las preferencias electorales del votante mexicano (Altamirano y Ley 2020).
Ciertamente, la preocupación por la seguridad compite con muchas otras más y dificulta su prominencia en las decisiones electorales. Sin embargo, también es cierto que los partidos y candidatos han referido u omitido el tema estratégicamente, tanto confundiendo al electorado como desinformándolo. Así, por más de una década y a pesar de una crisis de violencia constante, la vía electoral resulta una opción poco eficiente para exigir cuentas y cambiar el rumbo de la política de seguridad.
Hoy nos enfrentamos a una elección en la que confluyen múltiples preocupaciones: crisis económica, manejo de la pandemia y violencia criminal, entre otras. Probablemente, resultará aún más complicado exigir cuentas en materia de seguridad. De hecho, una encuesta reciente de Buendía & Márquez revela que, en esta elección intermedia, a pesar de las preocupaciones por la inseguridad, solo el 12% considera que el combate de la violencia es una dimensión relevante en su decisión electoral.
Cabe señalar que esto no significa que los votantes mexicanos no tengan claridad sobre sus preferencias respecto a la política pública para atender la violencia en el país. Como en otros países de América Latina (Visconti 2020), la inseguridad ha generado una creciente demanda por políticas de mano dura, como la pena de muerte, además de aprobar el linchamiento de criminales (García-Ponce, Young y Zeitzoff 2020). Sin embargo, no hay evidencia sobre la efectividad de estas políticas para contener o reducir la violencia. Aun así, esta demanda popular tiene el potencial para abrir espacios para opciones autoritarias que pueden terminar beneficiando al crimen organizado (Trejo y Ley 2020).
En resumen, más allá de la violencia que los grupos criminales ejercen contra autoridades y candidatos—y que continúa en claro ascenso en la actual elección mexicana—resulta fundamental también considerar sus efectos en el electorado y las propias dinámicas de las campañas. La combinación de un electorado desanimado, desinformado y confundido, junto con campañas de contenido pobre y de baja calidad, imposibilita la rendición de cuentas y profundiza la capacidad del crimen organizado para capturar las instituciones políticas.
Referencias
Altamirano, Melina y Sandra Ley. 2020. “Economía, seguridad y corrupción en la elección presidencial de 2018. Temas de campaña y preferencias electorales en México.” Política y gobierno, 27(2): 1-39.
Blanco, Luisa R. 2013. “The Impact of Crime on Trust in Institutions in Mexico.” European Journal of Political Economy 32:38-55.
Cantú, Francisco and Sandra Ley. 2017. “At the Polling Station: The Determinants of Citizen Participation in the Organization of Elections.” Election Law Journal 16(4): 495-510.
Carreras, Miguel. 2013. “The Impact of Criminal Violence on Regime Legitimacy in Latin America.” Latin American Research Review, 48(3) 85-107.
Fernandez, Kenneth E. and Michael Kuenzi. 2010. “Crime and Support for Democracy in Africa and Latin America.” Political Studies 58(3):450-471.
García-Ponce, Omar, Lauren Young y Thomas Zeitzoff. 2020. “Anger and Support for Vigilante Justice in Mexico’s Drug War.” Documento de Trabajo, GWU-UC Davis-American University. https://bit.ly/3tlX8ju
Guerrero, Eduardo. 2021. “El disparo de la violencia político-electoral.” El Financiero. https://bit.ly/38kMVve
Langston, Joy y Sandra Ley. 2016. “The Elephant in the Room: When Do Congressional Candidates Mention Security Issues?” Documento de Trabajo. CIDE.
Ley, Sandra. 2017. “Electoral Accountability in the Midst of Violence: Evidence from Mexico.” Latin American Politics and Society 59(1): 3-27.
Ley, Sandra. 2018. To Vote or Not to Vote: How Criminal Violence Shapes Electoral Participation. Journal of Conflict Resolution 62(9): 1963-1990
Ponce, Aldo. 2019. “Violence and Electoral Competition: Criminal Organizations and Municipal Candidates in Mexico.” Trends in Organized Crime 22(2): 231-254.
Pulido, Amalia. 2021. “El 6 de junio y la violencia criminal.” Nexos. https://bit.ly/3thZ6Bl
Trelles, Alejandro y Miguel Carreras. 2012. “Bullets and Votes: Violence and Electoral Participation in Mexico.” Journal of Politics in Latin America 4(2): 89-123.
Trejo, Guillermo and Sandra Ley. 2020. Votes, Drugs, and Violence. The Political Logic of Criminal Wars in Mexico. Cambridge University Press.
Visconti, Giancarlo. 2020. “Policy Preferences after Crime Victimization: Panel and Survey Evidence from Latin America.” British Journal of Political Science, 50(4), 1481-1495.
