Publicado por La Tercera, 3 de marzo de 2013
Las sucesivas alzas del precio de los combustibles reavivó, una vez más, la discusión sobre la rebaja o eliminación de su impuesto específico. Intentando sortear este debate, Felipe Larraín anunció ciertos cambios al Sipco para así moderar las alzas, aunque, y sólo digno de un ministro de Hacienda, afirmó “prefiero no detenerme en el tema, ya que me tomaría mucho tiempo explicar qué parámetros se modificaron”.
Pero más allá de la anécdota, pareciera ser un lugar común que con la supresión de este tributo se materializaría un acto de justicia, cuya postergación afecta a la gran mayoría de la población. Así lo entiende una buena parte de la clase política en el Congreso que, liderada por la UDI y RN, poco demoraron en sumarse a una petición popular en la ciudadanía, pero con efectos económicos, sociales y ambientales muy discutibles.
En primer lugar, es importante recordar que el 60% del impuesto específico a los combustibles es pagado por el quintil más rico del país. Como contraste, el 75% de los hogares más pobres ni siquiera poseen automóviles. Se trata de un tributo de muy sencilla recaudación que le reporta al Estado más de dos mil millones de dólares anuales. Suponiendo una adecuada redistribución de dichos ingresos, ¿por qué habría de liberarse de dicha carga a los sectores más pudientes, disminuyendo los potenciales beneficios para la población más vulnerable?
A continuación, el camino obvio pareciera ser poner trabas y dificultades al uso indiscriminado del automóvil. Sin ir más lejos, el dióxido de carbono, una de las substancias que incrementa los niveles de mortalidad entre un 4% y un 11%, dependiendo la época del año, es generado en un 90% por los vehículos livianos que circulan en la Región Metropolitana. Sumemos a ello la triplicación de nuestro parque automotriz en las últimas dos décadas, lo que no sólo ha redundado en un mayor número de accidentes, sino en severos efectos sicológicos para personas en ciudades presas de la congestión vehicular y la contaminación acústica.
Cosa distinta, por razones obvias, es poner cuidado y atención en aquellos sectores donde las alzas pudieran generar un impacto no deseable. En la actualidad, las pymes cuentan con rebajas en el valor de las gasolinas, lo que permite que el mayor costo general no impacte sus operaciones. Otro tanto ocurre con las grandes y medianas empresas (pienso en el transporte de carga y pasajeros, por ejemplo), donde pueden rebajar del IVA lo que pagaron por concepto de impuesto específico. Pero también se requiere pensar en nuevas y más excepciones que se encuentren en armonía con los otros propósitos de la política pública, como es el caso de un subsidio al transporte escolar o para aquellos pequeños comerciantes que utilizan su automóvil como un medio de trabajo.
Con mayor urgencia que antes, requerimos modelos de ciudades sustentables que privilegien la convivencia colectiva por sobre el bienestar individual de quienes somos parte de una minoría que, a la fecha, al menos estamos obligados a pagar por los efectos adversos que nuestras conductas tienen en las personas y el entorno. La rebaja o eliminación universal del impuesto a los combustibles es un acto de demagogia y populismo.
MUY BUENA ESTA EDITORIAL.-