Publicado por La Segunda, 18 de febrero de 2013
Ciertas actividades económicas vinculadas a la infraestructura tienen características de monopolio natural. Existe un monopolio natural cuando los costos medios de producción caen en forma pronunciada en todo el rango de demanda de mercado y existen costos hundidos debido a inversiones específicas irreversibles. En estos casos, lo eficiente es que una sola empresa provea el servicio aprovechando las economías de escala. No obstante, estos servicios deben ser regulados para evitar el abuso de la posición monopólica. Tienen estas características las carreteras, aeropuertos, servicios sanitarios y el desarrollo de redes troncales de fibra óptica, entre otras infraestructuras. La regulación de monopolios naturales se puede realizar mediante un proceso periódico de fijación de tarifas y de estándares de servicios, o mediante la generación de competencia por el derecho a dar el servicio por un período determinado. Las empresas sanitarias son reguladas de la primera forma, mientras que los aeropuertos y carreteras, de la segunda.
El éxito de las regulaciones requiere marcos claros y procesos transparentes en que existan adecuados contrapesos y capacidad reguladora del Estado, además de un rol activo de promoción de la competencia en segmentos en que ella sea posible.
Las soluciones a la congestión del Aeropuerto de Santiago y de autopistas; la interrupción de servicios de Aguas Andinas; la eliminación de las restricciones de integración horizontal en la licitación del puerto de Valparaíso, y la falta de regulación de la fibra óptica troncal como monopolio natural, son manifestaciones de una insuficiente institucionalidad y capacidad reguladora del Estado chileno, las que se ven agravadas por decisiones de política y la influencia poco transparente y sin regulación alguna de los intereses corporativos de los sectores regulados.
En el caso del
Aeropuerto de Santiago, lo transparente y eficiente era relicitar la concesión, una vez que esta obtuviera el valor presente del ingreso comprometido en el contrato original y haber realizado obras de urgencia con financiamiento público, tal como se había programado anteriormente. El ex ministro del MOP, el 2011 cedió a la presión que la empresa ha ejercido desde el 2006, renegociando la extensión de la concesión hasta el año 2015, a cambio de inversiones adicionales, sin que sea posible juzgar la equidad y eficiencia de dicha renegociación, ya que el ministerio abandonó hace más de un año la política de transparencia activa, al dejar de publicar la información de todas las renegociaciones de contratos de concesión.
En el caso de Aguas Andinas, antes de vender la participación minoritaria del Estado en las empresas sanitarias, era necesario perfeccionar la regulación del sector. El caso de Aguas Andinas deja de manifiesto los problemas regulatorios del sector, con rentabilidades efectivas muy por sobre la tasa regulada y precios crecientes, a pesar de la reducción de la tasa de rentabilidad regulada de 10% a 7% real en una década. Con rentas monopólicas, la empresa debía haber realizado inversiones para enfrentar de mejor forma contingencias previsibles. Con una mejor regulación de derechos de agua de las empresas sanitarias, tampoco podría haber ocurrido la transacción de derechos de agua no consuntivos entre Aguas Andinas y Gener, sin que se constatara que este arreglo no aumentará el riesgo de desabastecimiento de agua de Santiago en verano.
El intento de renegociar la expansión de la ruta 68, cuando el Estado tenía la opción de recompra de la concesión, es otro error de política del ex ministro del MOP. Felizmente, no tuvo tiempo para concretarlo. En cambio, se materializó un acuerdo con Costanera Norte para invertir el programa diseñado el 2007 por US$ 500 millones, y no se sabe cuáles son las condiciones económicas de dichos acuerdos.
No obstante, el ámbito de telecomunicaciones muestra avances al tomarse la decisión de crear una superintendencia, definir nuevos servicios de telecomunicaciones convergentes y establecer concesiones de servicios intermedios de infraestructura, entre otras medidas. Además de los fallos del TDLC sobre llamadas on net y off net, el Congreso y el Ejecutivo deben avanzar juntos en esta agenda de reformas.
No obstante, el balance es insuficiente: el problema de fondo que obstaculiza avanzar en todos estos ámbitos es una mezcla de excesiva influencia de intereses corporativos que se potencian con oportunismo político y una relación entre negocios y política pobremente regulada. La calidad de las regulaciones y la promoción de la competencia son factores fundamentales para aumentar la productividad y el crecimiento en el largo plazo, y proteger a los consumidores de abusos. Para ello se requiere fortalecer los marcos y la institucionalidad regulatoria del Estado y prohibir el financiamiento de la política por las empresas, ya que de otro modo se hace más difícil aprobar las reformas necesarias. Botones de muestra del efecto pernicioso de esta relación es el regalo de los derechos de pesca industrial a unas pocas familias influyentes en la ley de pesca y el caso Bárcenas, en España, que involucraría a empresas concesionarias conocidas nuestras.
