Publicado por La Tercera, 27 de noviembre de 2012
El acuerdo político al que llegó un grupo de senadores de la Democracia Cristiana con el ministro Longueira para aprobar la Ley de Pesca implica entregar en forma indefinida el 85% de las cuotas industriales a cuatro empresas, que además han tenido una importante responsabilidad en la sobreexplotación de nuestros recursos pesqueros. Este acuerdo establece por primera vez licencias para cuotas de pesca de carácter indefinido.
La legislación del año 1991, para salvar problemas eventuales de constitucionalidad, estableció que el 50% de los derechos se deberían licitar. El año 2002, el Congreso estableció un régimen transitorio por 10 años que vence en diciembre del 2012. El acuerdo alcanzado establece licencias de pesca otorgadas por 20 años renovables en forma automática, a menos que la empresa haya incurrido en falta grave. Esto, en la práctica, implica entregar en forma indefinida los derechos a explotar los recursos que pertenecen a todos los chilenos.
Además, existen argumentos de eficiencia económica para establecer licitaciones periódicas de cuotas de pesca. La existencia de alta concentración en la propiedad de las cuotas, elevadas asimetrías de información y expectativas disímiles generan altos costos de transacción, lo que impide el desarrollo de un mercado. Como señalaba el premio Nobel de Economía John Hicks, la “vida tranquila” de los monopolios protegidos de la competencia incentiva la ineficiencia e inhibe la innovación.
La licitación de derechos hace menos dependiente la eficiencia del sector de la asignación inicial y permite promover la innovación. Por otra parte, la licitación periódica de cuotas de pesca establece un precio por tonelada asignada, sobre el cual se puede fijar un royalty por el 50% asignado por derechos históricos. Este es un tema de equidad fundamental, especialmente cuando se trata de mejorar la recaudación de recursos para enfrentar los desafíos de equidad. Por último, la concentración industrial elevada, con integración vertical en el procesamiento, generará poder de mercado en la compra de la pesca artesanal.
Por todas estas razones de equidad y eficiencia, el acuerdo alcanzado debe ser modificado en el Senado. Se debe aprobar que se licite el 15% de la cuota tal como se estableció en el acuerdo, pero al mismo tiempo establecer un período de transición de 20 años en que se llegaría gradualmente a la licitación del 50% de las cuotas. Para ello, el 35% restante se dividiría en cuotas, de modo que en 20 años se licite íntegramente el 50% de cada pesquería, tal como lo establecía la ley del 91. Asimismo, se deberían ajustar los plazos de modo que después del período de transición existan licitaciones periódicas. Esto permitiría tener un precio actualizado de las cuotas, fundamental para promover la eficiencia.
Entregar indefinidamente los recursos pesqueros a unas pocas empresas, sin compensación y desafío a su posición dominante, es contrario al interés general. No obstante, lo que aquí está en juego es mucho más importante que las rentas o eficiencia del sector pesquero; es un principio fundamental de que los recursos que son de todos los chilenos no se regalan a unos pocos privilegiados.
(*) Entre abril y diciembre del 2011 el autor fue consultor de Lota Protein.
