Aun cuando se han presentado avances en las condiciones sociales, el Caribe colombiano mantiene una brecha frente al resto del país. A pesar de que, según el índice de pobreza multidimensional (IPM), el porcentaje de personas en condiciones de pobreza en la región pasó del 45,5% en 2010 a 33,5% en 2018, se mantiene el rezago con relación al total nacional (19,6%). La situación es más compleja si se consideran los departamentos con mayor pobreza como La Guajira (51,4%), Sucre (39,7%), Magdalena (38,6%), Córdoba (36,7%) y Cesar (33,2%). Las estadísticas indican que cerca de 3,6 millones de costeños continúan en condiciones de pobreza multidimensional.
Esta problemática ha sido estudiada en varios trabajos (Meisel, 2009; Pérez, 2005; Galvis y Meisel, 2010; entre otros), los cuales describen la situación e identifican posibles causas sin proponer estrategias concretas para superar la problemática. En muchos espacios se menciona que el Caribe es una región sobre-diagnosticada; no obstante, siguen sin existir estrategias claras con costos asociados que permitan superar el rezago social vigente.
Conocida esta situación, un grupo de entidades de la región, los programas Cómo Vamos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, el Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER) del Banco de la República, Fundesarrollo, Ciudad Caribe de la ANDI, y las fundaciones Mamonal y Promigas, constituyeron la iniciativa Casa Grande Caribe, con el propósito de avanzar en la identificación de las inversiones que la región debe emprender para superar el rezago en cuatro áreas: 1) educación, 2) nutrición, 3) salud, y 4) acueducto y alcantarillado. Igualmente, se consideró prioritario la identificación de las posibles fuentes de financiamiento y las mejoras en la calidad del gasto requeridas para implementar las estrategias.
Las propuestas preparadas se encuentran consignadas en el libro Casa Grande Caribe (http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/9709). Este ensayo presenta los principales mensajes que surgen de los distintos estudios que contiene esta obra, la cual se espera sirva de insumo y discusión de la política pública social regional en Colombia.
Un primer punto es que las intervenciones propuestas demandarán recursos cercanos a los USD 16.000 millones (m) para un período de doce años (2019-2030). A su vez, los cálculos de las fuentes de financiamiento potenciales señalan que sería posible contar con alrededor de USD 44.000 m. Es decir, el Caribe colombiano contaría con los recursos suficientes para adelantar las inversiones que se requieren con el fin de cerrar la brecha social en un lapso de doce años.
El componente que más recursos demandaría sería el de la educación, en el que se proponen inversiones por USD 2.115 m y, además, se prevé un aumento de USD 4.160 m en los costos recurrentes del sistema en los años considerados. Esto implicaría unos costos totales cercanos a USD 6.275 m. Hay cuatro grandes prioridades identificadas en este campo: educación preescolar, jornada única, formación de docentes y fortalecimiento institucional. Las metas que se buscan incluyen que, al final del período, se alcance en preescolar una cobertura del 100% de los niños de 5 años y una cobertura de 40% en edades entre 3 y 4 años en dos nuevos grados, el 60% de los alumnos del sistema escolar público asista a colegios de jornada única y el 40% de los docentes tengan maestría. También se propone un programa de acompañamiento y liderazgo en veintitrés secretarías de educación durante el primer año de los tres gobiernos electos en el periodo considerado, la formación de capacidades gerenciales y de liderazgo de 360 rectores, y traer 300 formadores nativos extranjeros por año para fomentar el bilingüismo.
El siguiente frente con mayor demanda de recursos es el de acueducto y alcantarillado, en el que se necesitaría contar con cerca de USD 5.113 m en doce años para alcanzar coberturas del 100%. Gran parte de esta inversión debe hacerse en alcantarillado, ya que se estima que 4,3 millones de costeños carecen de este servicio frente a 1,3 millones que no tienen acueducto. De igual modo, es cierto que el esfuerzo debe ser mayor en las zonas rurales, donde el rezago es más alto. Las metas propuestas en acueducto incluyen llegar a 820.000 nuevos hogares en la cabecera y 566.000 nuevos hogares en el resto, mientras que en alcantarillado se prestaría servicio adicional a 1,2 millones de hogares en cabecera y 606.000 hogares en el resto.
El costo de las estrategias para erradicar y prevenir la desnutrición infantil en la región Caribe ascendería a unos USD 3.002 m para un período de doce años. Se contemplan dos ejes fundamentales para erradicar la desnutrición: 1) la recuperación nutricional de los niños desnutridos y 2) la prevención desde el embarazo. El costo de esta estrategia contempla la infraestructura requerida, los gastos de operación y la capacitación del personal. Por su parte, las metas propuestas incluyen: 1) alcanzar una atención de choque del 100% de niños desnutridos, 2) prevenir la desnutrición antes del nacimiento mediante una cobertura progresiva de complemento nutricional al 100% de madres en riesgo de desnutrición, 3) prevenir la desnutrición para toda la población en riesgo (niños entre 0 y 2 años), y 4) ampliar la atención a la primera infancia cubriendo el 100% del déficit en niños entre 24 y 36 meses y 60% del déficit entre los de 36 y 59 meses.
En materia de salud, la propuesta parte de que las principales causas de mortalidad en el Caribe son evitables con acciones de promoción y prevención. Se plantean inversiones por USD 2.158 m durante doce años en dos campos: 1) acciones integrales de promoción y prevención por parte de los promotores de salud y 2) construcción de la infraestructura necesaria para el desarrollo de los circuitos de salud. Las metas propuestas cubren la reducción de la mortalidad prematura en 25% de la población entre los 30 y 70 años en enfermedades como cáncer de cuello uterino, de mama y leucemia linfática aguda. Además, la reducción progresiva en la mortalidad de las tres enfermedades transmisibles de mayor prevalencia, hasta alcanzar menos de 1,59 casos por 100.000 habitantes en la mortalidad por tuberculosis, un 80% en la causada por malaria y menos de 2% en la ocasionada por dengue grave.
Para el financiamiento, se identificaron tres posibles fuentes de recursos: 1) los recursos tributarios y no tributarios de los gobiernos subnacionales, 2) el sistema general de regalías (SGR), y 3) el Presupuesto General de la Nación (PGN). Frente a los primeros, las estimaciones muestran que sería posible aumentarlos en USD 23.000 m en doce años. Adicionalmente, teniendo en cuenta las proyecciones del SGR y la participación histórica que ha tenido el Caribe, se podría contar con USD 7.000 m en el período considerado. Por último, si se mantiene la participación que la región ha alcanzado en los últimos años dentro del PGN en sectores relacionados con los que contempla Casa Grande Caribe, se podría contar con cerca de USD 14.000 m. La suma de estas tres fuentes alcanza el monto de USD 44.000 m.
Por supuesto, tener los recursos es una condición necesaria pero no suficiente para lograr el cierre de brechas planteado. Para ello es fundamental mejorar la calidad del gasto público en los gobiernos municipales y departamentales. El trabajo en este frente propone el fortalecimiento de la hacienda pública local mediante la generación de ingresos propios, la planificación financiera y presupuestaria, y la priorización y eficiencia en el gasto. La evidencia internacional y nacional muestra que lo propuesto es posible con el uso de tecnología de la información en la recaudación y en la ejecución del gasto. Implementar, por ejemplo, sistemas electrónicos de compras ha significado ahorros de hasta 23% en el presupuesto de provincias argentinas y estados brasileños (Fretes, 2017).
Para realizar estas propuestas se requiere el concurso de los administradores públicos locales y la participación ciudadana en el control del uso de los recursos. Casa Grande Caribe es el mecanismo que aporta las propuestas e involucra a los distintos estamentos públicos y privados de la región en su ejecución. Alcanzar los resultados exige una amplia participación ciudadana en el seguimiento de las inversiones planteadas.
Referencias
Fretes, V. (2017). “Hacia adelante o hacia atrás: qué depara el futuro de la descentralización en LAC”, presentación realizada en el Foro Autonomía y Coordinación Fiscal para una Descentralización Efectiva, BID, Washington D.C.
Galvis, L.A.; Meisel, A. (2010). “Persistencia de las desigualdades regionales en Colombia: un análisis espacial”, Revista del Banco de la República, vol. 82, núm. 986.
Meisel, A. (2009). ¿Por qué perdió la costa Caribe el siglo XX? Y otros ensayos, Bogotá: Banco de la República, Colección Historia Económica del siglo XX.
Pérez, G. J. (2005). “Dimensión espacial de la pobreza en Colombia”, Ensayos Sobre Política Económica, núm. 48 (junio), pp. 234-293.
