Junto con una frontera muy corta en el territorio, pero amplia en el mar, Chile y Perú comparten hechos históricos significativos. Si miramos solo los últimos 40 años, ambos salieron de dictaduras militares con cambios constitucionales y ambos han sufrido importantes estallidos sociales. En Chile, se siguió un procedimiento que requirió grandes acuerdos de los grupos políticos, así como votaciones plebiscitarias significativas, alrededor del cambio de la constitución dejada por la dictadura militar. El proceso es largo desde el estallido social en 2019, hasta ahora no se ha aprobado una nueva constitución.
En el caso del Perú, en 1992, tuvimos una interrupción constitucional adicional; esta vez sin la intervención militar directa. Como es costumbre, se salió de esta con una nueva constitución, resultado del debate de un congreso constituyente democrático.
Esta constitución promulgada en 1993 contiene provisiones de un régimen económico que descansa en una economía de mercado, donde la iniciativa privada es bienvenida y el estado tiene un rol subsidiario. Junto con ello, contiene reglas estrictas de orden fiscal y monetario, siendo la más destacada entre ellas aquella que establece que la autoridad monetaria no puede realizar préstamos al poder ejecutivo.
El denominado milagro peruano de sostenido crecimiento económico durante 3 décadas, salvando los años de la pandemia, es alabado. Este crecimiento económico, sin embargo, es denostado por muchos ya que los indicadores de salud, educación, administración de justicia, seguridad, infraestructura y una larga lista de etcéteras que exhibe el Perú están mas bien en la cola de países con ingresos similares.
Ha surgido así el reclamo de cambiar la constitución para resolver estos problemas del desarrollo. Muchos responden que no cambien nada y otros respondemos “cambia todo lo que sea necesario para regresar a un equilibrio de poderes, pero, por favor, no toques el régimen económico”.
Uno de los macroeconomistas peruanos más destacados, el profesor Waldo Mendoza Bellido, ha entrado al debate con las herramientas que tenemos los economistas: un sólido estudio de evaluación de impacto. Con el título Constitución y crecimiento económico: Perú 1993-2021, publicado bajo el sello del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Mendoza entra en la discusión que, hasta ahora, se ordenaba alrededor de líneas más ideológicas que evidencia sólida.
Waldo utiliza la técnica de controles sintéticos para corroborar la hipótesis de que el régimen económico de la constitución peruana de 1993 (RECP93) tuvo un impacto positivo sobre el crecimiento económico. En otras palabras, nuestra trayectoria esperada sin RECP93 hubiera sido la de un crecimiento económico promedio menor en 1,44% promedio anual que aquel que realmente ocurrió -y que solo alcanzó 3,34% promedio anual en el periodo analizado.
¿Caso cerrado? Sí, si se tratara de un artículo para una revista académica. No, si estamos evaluando un libro, con vocación de permanencia.
Son varios los aspectos en los cuales la publicación como un todo podría ser bastante mejorada y aspirar a esa vocación de clásico. Pasaré revista a algunos a continuación. Mendoza es muy cauto en sus aspiraciones al plantear el modelo económico de crecimiento. Parte del modelo conocido y aceptado de Solow, que incorpora el capital humano, con algunas modificaciones. Pero en un país que depende significativamente de la extracción de recursos naturales y cuyo territorio está cubierto en más de 60% por la selva amazónica, es preciso incluir explícitamente el capital natural. Me imagino una respuesta alrededor de que el capital físico es suficiente para dar cuenta del capital natural -es decir, como si se interrelacionaran con coeficientes fijos. Siendo el autor especialista en modelación macroeconómica, aportará muchísimo que aborde estos temas en un contexto de riesgos de calentamiento global.
Este pedido de innovación conceptual es todavía más pertinente al constatar que buena parte del ejercicio que Mendoza realiza en los dos primeros capítulos del libro es buscar introducir la literatura de la economía institucional en el modelo de crecimiento y luego en el análisis. Para ello, hace uso del concepto de instituciones económicas inclusivas, y que opone al concepto de instituciones extractivas. Toma de Acemoglu & Robinson 2012[1] para definirlas en oposición: las primeras crean igualdad de oportunidades y las segundas son rentistas, en tanto se apropian para pocos lo que es de todos. Pero va más allá, al citar a Acemoglu (2022)[2] de la siguiente manera: “nos estamos enfocando en economías de mercado que funcionan bien”. ¿Funcionan bien porque son crean igualdad de oportunidades y promueven la innovación a través del mercado? Esa elaboración conceptual quedará pendiente para la siguiente edición del libro.
En esta edición, Mendoza dedica una parte importante del libro a tratar de convencernos de que el PBI per cápita es suficiente como variable de examen del éxito de un régimen económico. Ello porque el PBI per cápita está estrechamente correlacionado con los indicadores de calidad de vida, usualmente asociados al desarrollo. Entonces, parecería decirnos, en aras del principio de parsimonia, preocúpate solo del crecimiento, que la calidad de vida vendrá por chorreo.
El mecanismo de transmisión desde el crecimiento a la calidad de vida explicado por Mendoza, pasa por la tributación y así por la disponibilidad de recursos públicos en monto y no como proporción del PBI. Varios cuestionamientos surgen con esta propuesta. El primero es el más obvio: que el estado cuente con más recursos no garantiza que estos se dediquen a mejorar la calidad de vida de la población. Para que se verifique la identidad de crecimiento con calidad de vida -porque así se verifica hoy en el planeta- tiene que haber una decisión de quienes manejan el aparato del estado es hacerlo así. Y esta decisión no es voluntaria, tal como con claridad, amplia base de datos y sólido análisis econométrico, demuestra Peter Lindert en El ascenso del sector público: el crecimiento económico y el gasto social del siglo XVIII al presente (2011, Fondo de Cultura Económica). Lindert muestra que la equivalencia ocurre a través del sistema de representación política: hasta que quien decide sobre los recursos recaudados como tributos elige atender las demandas sociales, estas últimas no ocurren. El segundo cuestionamiento es más sutil: los países que exhiben mejor calidad de vida y que contribuyen al gran sustento de la identidad reivindicada por Mendoza son precisamente aquellos donde la presión tributaria supera el 30% de su PBI, aquellos precisamente estudiados por Lindert. Con el nivel de presión tributaria del Perú, 17% en el mejor de los casos, solo seguir creciendo no es suficiente.
Finalmente, la argumentación para cortar la serie de impactos a 14 años (1994-2008) puede ser mejorada. Por un momento, esperaba una justificación sobre la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, la creación del Ministerio del Ambiente, o que querían aislar los grandes efectos del boom de precios de recursos minerales. Pero no, la justificación fue la necesidad de incluir a Bolivia en el control sintético, ya que Bolivia pesa mucho en ese “Perú sintético” construido por el método y pasó su nueva constitución en 2009, es decir, tuvo un tratamiento. Pero, hasta donde tengo entendido su nueva constitución no contiene instituciones económicas inclusivas. Es una línea argumentativa que Mendoza tiene que mejorar para la siguiente edición.
[1] Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Barcelona: Deusto.
[2] Conversación de Janus con Daron Acemoglu y Jeffrey Sachs. https://www.youtube.com/watch?v=iq3MS6og2tgtion
