Por Héctor M. Núñez, División de Economía, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), México.
Similar a otros países, México se embarcó en una amplia reforma del sector energético desde 2013 para empujar, entre otros objetivos, una transición de las energías fósiles hacia las energías renovables. El compromiso de México se plasmó en 2015 con la Ley de Transición Energética que tiene como propósito abrir el mercado energético mexicano a la competencia y adoptar tecnologías y objetivos de energía limpia, incluidas estrategias de descarbonización para el sector eléctrico (SENER, 2018a). Sin embargo, la nueva administración federal (2019-2024) ha dado un giro hacía nuevas prioridades. El objetivo del gobierno ahora es retomar el control de toda la industria energética. Cuatro acciones específicas representan en la práctica la reacción drástica contra la transición energética de México: la cancelación de subastas de energía limpia, el aumento de las tarifas de transmisión, la suspensión indefinida de las pruebas preoperativas para nuevos proyectos que involucren fuentes de energía renovable (FER), y un nuevo programa de energía que desalienta la búsqueda de proyectos con FER (SENER, 2020).
El cambio de prioridades no ha sido bien recibido por los grupos de interés nacionales e internacionales debido a sus implicaciones negativas para los objetivos del cambio climático, su potencial ineficiencia económica y la incertidumbre que genera. Es así, como varias administraciones estatales, empresas de energía renovable y ONGs han emprendido acciones legales y han recibido fallos favorables por parte de la justicia nacional para detener temporalmente la implementación de las decisiones de la administración federal.
En este contexto de tensión, las preferencias de los usuarios finales de energía parecen haberse pasado por alto, a pesar de que ellos son tan o más importantes que el resto de los jugadores del mercado eléctrico. Se ha argumentado en la literatura que los cambios en sus preferencias, elecciones y comportamientos permitirán el éxito de una transición energética (Steg, Shwom y Dietz, 2018). En el caso de México, los usuarios residenciales representan alrededor del 28% del consumo total de electricidad (SENER, 2018b), y 77% de los hogares esperan en el futuro un aumento de la participación de las FER en la electricidad que estos consumen (INEGI, 2018). Por lo tanto, parece razonable preguntarse si los usuarios residenciales urbanos apoyarían aún más las FER. Además, dado que se espera que las transiciones energéticas desplacen empleos en industrias que dependen de los combustibles fósiles, también hace necesario explorar simultáneamente si los consumidores de electricidad residencial están dispuestos a pagar más por la creación de nuevos empleos verdes. Las respuestas a ambas cuestiones serán útiles para diseñar políticas que apunten a aumentar simultáneamente la generación eléctrica a partir de FER y la creación de nuevos empleos, cuestión fundamental para una transición energética justa (Rosemberg, 2017).
Para ayudar a responder estas cuestiones, Martínez-Cruz y Núñez (2021) analizan los datos recopilados a través de un experimento de elección discreta (DCE por sus siglas en ingles) que se implementó en noviembre de 2019 en residentes urbanos que contribuyen al pago del recibo de electricidad de su hogar en la ciudad de Aguascalientes. Esta ciudad alberga a cerca de un millón de habitantes (alrededor del 77% de la población del estado con el mismo nombre), está totalmente cubierta por la red eléctrica, y sus consumidores residenciales representan el 87% de la demanda total de electricidad en el estado (SENER, 2016). El experimento incluye cuatro atributos: i) tipo de fuente de energía renovable (FER), ii) porcentaje de FER en la matriz eléctrica actual, iii) nuevos empleos en el sector de energía renovable y iv) porcentaje de aumento en la factura de electricidad bimestral auto-reportada. La inclusión de FER, así como la participación (%) de FER, es clave para el propósito de este estudio por varias razones. Primero, los encuestados pueden estar dispuestos a pagar una prima por la energía renovable porque la valoran independientemente de su fuente. Segundo, es posible que esta DAP surja de las preferencias de los encuestados por una FER específica. Una tercera alternativa es que los consumidores tengan preferencias por una mayor proporción de electricidad renovable mientras otorgan una prima a una fuente específica. Al incluir ambos atributos, el DCE está diseñado para probar empíricamente cuál de estos tres casos se cumple en la muestra. Borchers et al. (2007), Gracia et al. (2012) y Yang, Solgaard y Haider (2016) son ejemplos de estudios previos que también han incluido FER y proporción de FER como atributos en su DCE.
Los hallazgos del estudio de Martínez-Cruz y Núñez (2021) sugieren que una política que promueva las energías renovables y nuevos empleos, por ejemplo en el caso más pesimista que logre una participación del 30% de la energía renovable de biomasa y la creación de 1,000 nuevos empleos, es valorada por los consumidores de electricidad en al menos USD 3,28 sobre una base bimestral, de los cuales las dos terceras partes corresponden a la creación de nuevos puestos de trabajo. Para poner este valor en contexto, actualmente la administración federal proporciona cerca de USD 200 al mes a personas entre 18 y 29 años que se inscriben en programas de capacitación (STPS, 2020). Si el aprendiz fuera a adquirir habilidades que faciliten su participación en el sector de energías renovables, según los resultados, se necesitarían tan solo 100 hogares para pagar dicha capacitación. De manera similar, el costo nivelado de 1 kWh de bioenergía se estima en USD 5,7 centavos para el Estado de Aguascalientes (SENER, 2018c). Esto significa que un hogar contribuiría en promedio alrededor del 50% al 75% para cubrir estos costos. La tabla 1 presenta los resultados de todos los casos del experimento.
Es así como una política que estimule el reentrenamiento de las personas para que pueda trabajar en las industrias de energía renovable también proporcionaría una transición justa para los trabajadores actualmente empleados en industrias basadas en combustibles fósiles; una transición justa abarca políticas que apoyan a los trabajadores y familias cuyos trabajos, ingresos y medios de vida están en riesgo a medida que el mundo sigue caminos sostenibles (Rosemberg, 2017). Como se espera que muchas personas pierdan sus trabajos, una compensación durante el período de reentrenamiento ayudaría a evitar que los trabajadores desplazados transiten al sector informal, lo cual es indeseable para la sociedad (Levy, 2020).
Finalmente, vale la pena señalar que al diseñar una política que impulse tanto las energías renovables como la creación de empleos verdes, es importante tener en cuenta que el número potencial de nuevos empleos difiere según la fuente de energía. Por ejemplo, IRENA (2015) estima que, si bien un Gigavatio de energía solar fotovoltaica puede crear un promedio de 8.250 nuevos puestos de trabajo, un Gigavatio de energía de biomasa puede crear 31.000 nuevos puestos de trabajo. Otro elemento para tener en cuenta es que los puestos de trabajo creados por la generación de energía de biomasa son en su mayoría puestos de trabajo permanentes, mientras los creados por la generación de energía solar son en general temporales.
Referencias
Borchers, A. M., J. M. Duke, and G. R. Parsons (2007). Does willingness to pay for green energy differ by source? Energy Policy 35(6), 3327–3334.
Gracia, A., J. s. Barreiro-Hurlé , and L. Pé rez y Pé rez (2012). Can renewable energy be financed with higher electricity prices? Evidence from a Spanish region. Energy Policy 50, 784–794.
INEGI (2018). Encuesta nacional sobre consumo de energéticos en viviendas particulares (ENCEVI). https://www.inegi.org.mx/ programas/encevi/2018/.
IRENA (2015). Renewable Energy Prospects: Mexico. Technical report, International Renewable Energy Agency.
Levy, S. (2020). Superemos juntos la emergencia. https://www.nexos.com.mx/?p=47405.
Martínez-Cruz, A. L., & Núñez, H. M. (2021). Tension in Mexico’s energy transition: Are urban residential consumers in Aguascalientes willing to pay for renewable energy and green jobs?. Energy Policy, 150, 112145.
Rosemberg, A. (2017). Strengthening just transition policies in international climate governance. https://stanleycenter.org/publications/pab/RosembergPABStrengtheningJustTransition417.pdf.
SENER (2016). Evaluación rápida del uso de energía en las ciudades, mediante la implementación de trace en ciudades de la república mexicana. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/171177/2__Aguascalientes.pdf.
SENER (2018a). Prospectiva de energías renovables 2018-2032. Secretaria de Energía de México
SENER (2018b). Prospectiva del Sector eléctrico 2018 2032. Secretaría de Energía.
SENER (2018c). Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018-2032. Secretaría de Energía.
SENER (2020). Programa Sectorial de Energía 2020-2024. Secretaría de Energía.
Steg, L., R. Shwom, and T. Dietz (2018). What drives energy consumers?: Engaging people in a sustainable energy transition. IEEE Power and Energy Magazine 16(1), 20–28.
STPS (2020). Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/. Accessed: 2020-04-06.
Yang, Y., H. S. Solgaard, and W. Haider (2016). Wind, hydro or mixed renewable energy source: Preference for electricity products when the share of renewable energy increases. Energy Policy 97, 521–531.
