Por Pablo Lavado, César Liendo y Jose Carlos Saavedra. Equipo de Trabajo de Reactivación Económica de IPAE[1]
LO QUE ESTAMOS VIVIENDO: CHOQUES A LA ECONOMÍA
La crisis económica actual no tiene precedentes porque genera diversos golpes o choques simultáneos a la economía, que se retroalimentan entre sí. Estos vienen afectando y afectarán de manera significativa los ingresos de millones de familias, de empresas y del Estado. En particular, se están experimentando tres choques:
- Choque de oferta, ocasionado por las medidas de aislamiento y cierre de sectores no esenciales, con una paralización sustancial de la producción nacional desde la segunda mitad de marzo hasta la primera mitad de mayo. Su efecto se ve también en la destrucción del empleo y la caída de los ingresos laborales: según Ipsos, en julio pasado, el 11% de la población adulta declaró haber sido despedido y otro 21% no haber podido generar ingresos como independiente.
- Choque de demanda, que implica que las familias y las empresas gastarán e invertirán menos que antes debido al deterioro de sus balances. Según el BCR, la inversión privada caerá cerca de 30% en 2020, la peor caída en 37 años; adicionalmente, la fuerte caída de ingresos laborales y la cautela de los consumidores contraerán fuertemente el consumo de las familias.
- Choque negativo sobre la productividad, por las restricciones regulatorias de aforo máximo, horarios laborales recortados y protocolos sanitarios. Eventualmente, la adaptación de las empresas al nuevo entorno podría generar efectos positivos sobre su productividad.
- Contracción global, que el Fondo Monetario Internacional estima que será de casi -5% en 2020, con una recuperación lenta. El mundo está atravesando la peor crisis de los últimos 100 años. Como consecuencia, el comercio global se verá fuertemente afectado, lo cual limitará la demanda por las exportaciones peruanas. El turismo se encuentra entre los sectores más afectados.
MEDIDAS DE POLÍTICA ECONÓMICA
En un escuerzo conjunto con IPAE, planteamos medidas de política económica que ayudaría a reactivar la economía, enfrentando los choques que se están experimentando. Para hacer frente al choque de oferta generado por el aislamiento obligatorio, el objetivo central de las medidas era impedir que se rompa la cadena de pagos y que empresas viables quiebren o que empleos se destruyan debido a problemas de liquidez o falta de acceso a crédito, que no les permitan soportar un periodo con gastos, pero sin ingresos. Lo mismo con las familias, ya que muchas debían cubrir sus gastos sin generar ingresos. Por ello, era crucial que el Gobierno entregue bonos a las familias sin condiciones, que facilite un programa de crédito masivo con garantía del Estado y genere mecanismos que reduzcan los gastos de familias y empresas. Para esto último, se dieron medidas que prorrogaron y fraccionaron las obligaciones financieras y tributarias. Además, fue fundamental crear el subsidio a la planilla y mecanismo de suspensión perfecta de labores, que permitía a las empresas reducir los gastos de planilla, sin destruir los vínculos laborales y sin dejar a los trabajadores sin ingresos. Todas estas medidas fueron adecuadas en su diseño, pero tuvieron serios problemas de implementación, lo que redujo su efectividad.
Conforme se van reanudando las actividades económicas, el choque de oferta se va diluyendo y el choque de demanda se vuelve más relevante. En esta etapa es fundamental que el Gobierno implemente medidas orientadas a compensar la caída de la demanda del sector privado, a través de un paquete de estímulo fiscal focalizado en una mejor combinación de instrumentos (impuestos, gasto corriente e inversión pública) que potencie el impulso fiscal sobre la actividad económica y otorgando, a su vez, la flexibilidad necesaria para su retiro gradual.
Dicho impulso fiscal será necesariamente temporal, por lo que debe venir acompañado de una agenda de mediano plazo de destrabe y promoción de proyectos de inversión privada, en especial, en sectores transables; esto permitirá aprovechar los estímulos monetarios y fiscales que vienen anunciando las principales economías del mundo. Esta agenda de mediano plazo, complementada con medidas que faciliten el proceso de adaptación de las empresas y el flujo de recursos desde instituciones e industrias inviables hacia aquellas que sí lo son, es imprescindible para apuntalar el crecimiento de mediano plazo y amortiguar el choque de productividad que enfrentará la economía peruana.
A continuación, se presentan 10 medidas de corto plazo que se consideran las más importantes para asegurar que la recuperación sea lo más rápida y sostenible posible, que son adicionales a las ya anunciadas por el Gobierno, como Arranca Perú, Reactiva 2 o FAE-Mype:
1.Otorgar un bono adicional a las familias vulnerables. Esta medida fue anunciada por el Presidente el pasado 28 de julio, la cual es reconocida debido a que atiende al problema de ingresos reducidos de la población más vulnerable, les transfiere recursos directamente, cuya ejecución es más rápida que otros rubros, y que tiene un efecto multiplicador importante.
2. Ampliar el alcance del subsidio a la planilla (número de meses y cobertura de trabajadores) a las empresas más afectadas por la crisis. Busca desincentivar los despidos en un contexto de fuerte caída de las ventas, deterioro de los balances de las empresas e incertidumbre sobre la intensidad y duración de la recesión.
3. Dar bono a trabajadores para compensar la caída de ingresos por reducción de jornada laboral o de salarios por hora: da a las empresas un mecanismo de reducción de costos laborales alternativo al despido del personal y reduce el impacto negativo sobre los ingresos de los trabajadores.
4. Agilizar la aprobación de solicitudes de suspensión perfecta de labores para todo tamaño de empresa, y permitir la contratación por motivos de reactivación económica y mantener la figura del trabajo remoto. Busca no romper el vínculo laboral, pues destruye el valor económico (“capital invisible”) construido en el pasado y hace costosa la futura contratación.
5. Ejecutar “combo” de infraestructura social y productiva en zonas donde existan brechas de servicios (e.g. altoandinas) en colaboración con el sector privado a nivel regional, provincial y local, acompañado de un Bono de Ejecución Eficaz. El objetivo de la medida es cerrar gradualmente las brechas de infraestructura y desigualdad en dichas zonas, en estrecha colaboración con la comunidad y el sector privado a nivel regional, provincial y local. Los proyectos deben contener carácter productivo y de inversión de capital humano dentro del hogar: carreteras y caminos, electricidad, agua y saneamiento, conectividad, entre otros. Para asegurar la efectividad de la medida es clave incrementar el “ancho de banda” del Estado, a través de mecanismos de ejecución no convencionales (Proyectos Especiales que faciliten la toma de decisiones y la rendición de cuentas) y una mayor tercerización de la ejecución en la comunidad y el sector privado con nuevos instrumentos de gestión de inversiones. Dada la heterogeneidad de los proyectos de inversión pública, esta mayor tercerización de la ejecución podría segmentarse en tres modalidades:
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- Núcleos ejecutores de la comunidad para proyectos de menor cuantía (< 100 UIT).
- Obras por Impuestos para proyectos medianos, incluyendo mecanismos de fast track y la ejecución de inversiones en optimización, ampliación, rehabilitación y reposición (IOARR).
- Proyectos Especiales vía el nuevo modelo de ejecución de obras públicas (DU 021-2020) para proyectos grandes.
6. Destrabar proyectos de APP de impacto nacional paralizados, así como proyectos de obra pública que mejoran la conectividad. Busca destrabar en el corto plazo el gasto en inversión público-privada para compensar la caída de la demanda agregada y generar empleo en el sector construcción, uno de los sectores más afectados por la crisis, y reducir los costos logísticos y ampliar la oferta exportable para recuperar la capacidad productiva en base a mejoras de competitividad. Las concesiones ya adjudicadas pero paralizadas o de muy lento avance suman cerca de US$10 mil millones (5% del PBI). Entre ellas figuran proyectos como el de Chavimochic III, Majes Siguas, la Línea 2 del Metro de Lima, aeropuertos regionales, carreteras, entre otros.
7. Impulsar sectores transables y de gran escala como minería, hidrocarburos y agroexportación. Como incentivos a la exploración minera a través de la optimización de los procesos de evaluación, fiscalización ambiental y participación ciudadana. Aprobación de la Ley General de Hidrocarburos, que se encuentra actualmente en el Congreso. Hacer permanente el Régimen Laboral Agrario. Solo en el sector minero hay una cartera de proyectos que suman más de US$40 mil millones de inversiones (20% del PBI).
8. Empaquetar obras públicas paralizadas a cargo de gobiernos subnacionales y trasladarlas al Gobierno Central, para ser ejecutadas con mecanismos ágiles. Según la Contraloría General de la República, hay más de 3000 obras públicas paralizadas en el país, esto por expedientes mal hechos, denuncias y casos de corrupción. Por lo tanto, reactivarlas tendría un impacto importante en la recuperación económica y en la calidad de vida de la población.
9. Impulsar simplificación administrativa y estandarización de prácticas de fiscalización. Las empresas necesitan reconvertir su manera de operar para cumplir con los protocolos sanitarios o dar un giro al negocio, debido a la crisis. Por ello es indispensable que no enfrenten trabas burocráticas o fiscalizaciones arbitrarias que hagan que ese proceso sea engorroso o inviable. De eso dependerá la sobrevivencia de muchos negocios, sobre todo de las Mypes.
10. Fortalecer capacidades para procesos de reestructuración patrimonial y concursales. Se busca evitar que esta crisis genere daños permanentes en la capacidad productiva y permitir que la recuperación de la producción y del empleo sea lo más rápida posible. Se trata de fortalecer capacidades para atender eficientemente un nivel récord de procesos.
CONTEXTO ADECUADO EN LO SANITARIO, LO POLÍTICO Y LO ECONÓMICO
Para que la implementación de las medidas anteriores tenga el impacto esperado sobre la recuperación, es necesario un contexto adecuado:
1.El control del contagio y tratamiento del COVID-19 será fundamental para avanzar en la reanudación de actividades y en generar confianza en los consumidores e inversionistas. Riesgos de nuevos rebrotes y nuevas restricciones de cuarentena generalizadas no están descartados aún. De igual modo, el manejo adecuado de medidas sanitarias en sistemas de transporte o el incremento de la capacidad de respuesta del sistema de salud serán fundamentales para establecer un clima de seguridad sanitaria y asegurar el éxito de medidas de reactivación de la oferta.
2. El crecimiento económico del Perú durante los próximos años dependerá, de manera habitual, de las principales economías mundiales y, específicamente, de sus socios comerciales más relevantes. Si países como China y Estados Unidos, por ejemplo, presentan problemas en su recuperación, su demanda por productos de exportación nacional como el cobre se mantendrá deprimida, lo cual limitará la recuperación de sectores de exportación, minería, agroindustria, entre otros.
3. El entorno político deberá garantizar la claridad de las reglas de juego para minimizar la incertidumbre en los negocios. En este sentido, un aumento de medidas populistas o conflictos de oposición en el Congreso podrían fomentar la desconfianza empresarial y desincentivar la inversión privada. Además, las medidas políticas a tomar en los próximos meses deben evitar poner riesgo las buenas condiciones macroeconómicas que se han visto amenazadas anteriormente. El Gobierno deberá establecer consensos claros con el Legislativo, para fomentar un clima de estabilidad política de cara a la transición hacia la nueva normalidad.
4. En línea con el factor político, el entorno económico debe buscar también generar confianza en los inversionistas globales para evitar una parada súbita (sudden stop) en el flujo de capitales extranjeros. Esto se logrará a través del diseño de un plan de reactivación creíble, que fortalezca la institucionalidad del actual marco macrofiscal y asegure una consolidación de las cuentas fiscales en los próximos años. Buenas condiciones macroeconómicas y fiscales promoverán el mantenimiento de un tipo de cambio estable, niveles de inflación dentro del rango meta y costos de financiamiento accesibles para la economía peruana.
5. Para que las medidas tengan el impacto requerido, estas deben ser implementadas de manera rápida y adecuada. Con esta finalidad, se debe hacer un esfuerzo por mejorar la capacidad de gestión del Poder Ejecutivo y evitar trabas usuales como la corrupción y falta de agilidad en la ejecución. Asimismo, el Estado deberá apalancarse más en el sector privado, para impulsar medidas innovadoras y agilizar la ejecución de proyectos a través de mecanismos de cooperación.
[1] Se agradece la excelente colaboración de Renzo Guzmán y Andrea Sotelo.
