El seguro social del Perú, conocido como EsSalud, nació para dar a los peruanos acceso oportuno a prestaciones de salud integrales y de calidad. Hoy, sin embargo, enfrenta desafíos de sostenibilidad que requieren ser abordados con urgencia. Así lo ha expuesto recientemente Daniel Cotlear, ex director del proyecto de apoyo a la cobertura universal de salud del Banco Mundial, en su estudio “La cobertura y las colas de EsSalud – Una tomografía económica. Lo bueno, lo malo y lo feo”. La investigación prueba la disparidad existente entre los grupos de aportantes, donde unos están en déficit, otros en superávit y estos últimos financian a los primeros. Esto pervierte el mecanismo propio de un fondo de subsidios cruzados que pasa de población sana a enferma, joven a anciana y rica a pobre, para convertirse en uno donde el Estado —a través de los poderes Ejecutivo y Legislativo— se ampara en reglas arbitrarias para no cumplir con sus obligaciones, por un lado, y pasan leyes con consecuencias perversas para EsSalud. Es decir, dentro del propio subsistema de EsSalud hay una segmentación entre asegurados que no se tratan con reglas de juego iguales y que afecta la oportunidad y calidad de las atenciones de todos.
Hoy el 52% de la población del seguro social peruano está compuesta por trabajadores del sector privado, 26% de trabajadores del sector público, y 13% de pensionistas y sus familias. Pero hay una evidente disparidad entre los aportes y el consumo de servicios de los grupos de aportantes. Así, los trabajadores públicos aportan S/ 1.850´813.369, pero consumen S/ 2.282´408.027 en servicios de salud. Por ejemplo, por los trabajadores de la modalidad CAS (contratos administrativos de servicios), el empleador público paga el 9% del 30% de una unidad impositiva tributaria, con lo que termina contribuyendo solo con alrededor del 4% del salario. Asimismo, para los trabajadores del magisterio y del Ministerio de Salud, el monto aportado por trabajador es del 65% del salario total, con lo que su contribución efectiva es de alrededor de 6%. En consecuencia, aunque la contribución a EsSalud la debe realizar el empleador por cada trabajador y debe equivaler al 9% del salario, el Estado elude pagar parte de su contribución a la seguridad social como empleador amparado en estas reglas asimétricas.
De otro lado, en el sector privado un grupo privilegiado son los empleadores de los trabajadores agrarios, que pagan solo el 4% de su salario. Y, aunque aportan S/ 155´675.618, sus atenciones ascienden a S/ 351´960.431.
En el caso de los pensionistas, la entrada en vigor de la Ley 30478, que permite que quienes alguna vez aportaron a una administradora de fondos de pensiones (AFP) sean automáticamente admitidos de forma vitalicia en EsSalud cuando cumplen 65 años. Basta con que soliciten que se les entregue el 95,5% del monto disponible en su cuenta y que el 4,5% restante —así sea un valor insignificante— sea transferido a EsSalud para lograr su cobertura y la de su familia. Ellos ya suman 237.000 personas, equivalentes al 2% de la población total de EsSalud.
¿Cómo responde Cotlear a la pregunta que plantea en el título de su estudio? Para él, lo bueno es que EsSalud se está convirtiendo en un importante instrumento de protección social para los adultos mayores del Perú. Lo malo es que, al no existir recursos específicos destinados a financiar esta política, estos provienen enteramente de los aportes de los trabajadores del sector privado, que son quienes terminan subsidiando este servicio: el impuesto implícito a estas contribuciones es equivalente al 48% de sus aportes. Finalmente, lo feo es que se está violando el contrato social que dio base a la protección social, algo que, además, se hace de forma poco transparente e inequitativa.
Por todo lo anterior, necesitamos evaluar seriamente nuestra política de protección social y definir cómo rediseñar una política de protección social solidaria, equitativa y eficiente.
