Según un estudio de las Naciones Unidas, en 2017, el número de migrantes internacionales era alrededor de 258 millones (3.4% de la población mundial). La migración internacional tiene importantes efectos económicos en los países de origen y de destino y estos han sido estudiados ampliamente desde puntos de vista políticos y científicos. Sin embargo, existe menos evidencia sobre el efecto económico de políticas migratorias en los países de destino. Entender los efectos de estas políticas, tanto para los migrantes como para los ciudadanos, es particularmente importante dado la actual crisis migratoria. Del total de migrantes internacionales, 70.8 millones son desplazados forzados que huyen de situaciones de conflicto, violencia y/o violaciones de derechos humanos (UNHCR, 2018); alrededor de 4 millones de venezolanos han huido de Venezuela en los ultimos años[1], y de estos 1.3 millones están registrados en Colombia (Rozo y Vargas, 2018). Para integrar mejor a la población migrante es importante conocer los efectos de políticas migratorias que podrían facilitar la inserción de esta población al mercado laboral, y acceso a servicios públicos, o de políticas migratorias que por el contrario imponen barreras a esta integración. En dos trabajos recientes con Chloe East, Annie Hines, Philip Luck, y Hani Mansour, ofrecemos evidencia de las externalidades en el mercado laboral de ciudadanos de Secure Communities (Comunidades Seguras), una política migratoria implementada en Estados Unidos.
Secure Communities (SC) fue implementada en los Estados Unidos entre el 2008 y el 2014, y recientemente fue re-implementada en el 2017. Aunque SC es una política nacional, fue implementada gradualmente a nivel regional, y en nuestro análisis empírico explotamos esta variación temporal y geográfica para medir sus efectos. La Figura 1 muestra la implementación gradual de SC.
East, et al. (2019); East y Velasquez (2019)
SC fue diseñada para mejorar la comunicación entre la policía local y el gobierno federal para detectar y deportar migrantes indocumentados en el país. Entre el 2008 y 2014, alrededor de 454.000 deportaciones fueron atribuidas a esta política. De estas deportaciones, 17% no están relacionadas con la comisión de un crimen, y 83% de los deportados fueron convictos por crímenes no violentos, relacionados por ejemplo con violaciones de tráfico (TRAC). Esto indica que una proporción importante de la población migrante se ha sentido vulnerable ante esta política, y hay evidencia que demuestra que SC ha tenido consecuencias en el comportamiento no sólo de la población indocumentada, sino también de otros hispanos que, aunque ciudadanos se han visto afectados (Kohli, Markowitz y Chavez, 2011; Alsan y Yang, 2019).
Dado el nivel de deportaciones es de esperar encontrar un efecto negativo de SC en la participación laboral de migrantes indocumentados. Pero, ¿por qué esto tendría efectos negativos en el mercado laboral de los ciudadanos? En nuestros trabajos exploramos dos tipos de complementariedad entre la mano de obra migrante y la mano de obra de ciudadanos que explica estas externalidades.
En el primer documento de trabajo, con Chloe East, exploramos la complementariedad entre la mano de obra de mujeres migrantes que ofrecen servicios domésticos y madres ciudadanas que trabajan fuera de casa. La población de migrantes indocumentados no sólo representa cerca del 5% de la fuerza laboral del país, sino que tiene una importante representación en la industria de servicios personales, por ejemplo, 24% de empleados domésticos son migrantes indocumentados (Passel and Cohn, 2016). Investigaciones anteriores han mostrado que la presencia de migrantes indocumentados reduce el costo de servicios personales (Cortes, 2008). Como consecuencia, es de esperar que políticas migratorias, que reducen la oferta de trabajo de esta población aumenten el costo de estos servicios, y potencialmente la oferta laboral del grupo de ciudadanos que los usa más frecuentemente. En el caso de Estados Unidos, individuos altamente educados asignan 30% más de sus recursos a servicios domésticos, en comparación a los menos educados, y en este grupo son las madres, especialmente madres de niños menores de 6 años las que asignan más tiempo a tareas domésticas. Si el precio de estos servicios aumenta, nuestra hipótesis es que la oferta laboral de este grupo, es la que se va a ver más afectada. Esto es precisamente lo que encontramos. Nuestros resultados muestran que el costo de servicios personales aumenta con la implementación de SC: el salario de mujeres en la industria de servicios personales aumenta en 2%; las madres ciudadanas altamente educadas reducen su participación laboral en alrededor del 1% (la Figura 2 muestra este efecto), y reducen sus horas de trabajo, aumentando la probabilidad de pasar de tener un trabajo de tiempo completo a tener un trabajo de medio tiempo. Estos efectos son aún más pronunciados para mujeres que no viven en el mismo estado en el que nacieron y que, por lo tanto, tienen menos probabilidad de tener acceso a formas informales de cuidado para sus hijos, ofrecida por abuelos u otros parientes. Este efecto negativo en la participación laboral de la mujer puede tener importantes consecuencias de largo plazo en la brecha laboral entre hombres y mujeres, y en el bienestar de sus hijos. Actualmente estamos explorando estos efectos.
East y Velasquez (2019)
En el segundo paper, con Chloe East, Annie Hines, Philip Luck, y Hani Mansour, exploramos otro canal a través del cual se pueden encontrar estas externalidades. En este caso, enfocándonos en los efectos en la mano de obra masculina, encontramos efectos negativos de SC en la participación laboral tanto de migrantes como de ciudadanos. Según el modelo de búsqueda de trabajo de Chassamboulli y Peri (2015) si trabajadores poco y altamente calificados son complementarios en producción, una reducción en la oferta laboral de trabajadores poco calificados tendría un efecto negativo en la demanda, y por lo tanto, en la participación laboral, de ciudadanos altamente calificados. Nuestros resultados son consistentes con este modelo. Los efectos negativos en la participación laboral masculina son explicados por una reducción en la participación laboral de migrantes en ocupaciones poco calificadas y en una caída en la participación laboral de ciudadanos en ocupaciones altamente calificadas. Además, estos resultados son más fuertes en sectores que tienen una mayor proporción de mano de obra migrante. Estos resultados sugieren que existe complementariedad en producción entre ocupaciones poco calificadas y altamente calificadas, lo cual explica la externalidad negativa en la participación laboral de ciudadanos en estas ocupaciones.
Estos trabajos muestran importante evidencia empírica sobre consecuencias no deseadas de políticas migratorias en el mercado laboral de ciudadanos. Entender y cuantificar el efecto total de este tipo de políticas es de crucial importancia dado el clima político actual, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Políticas migratorias que faciliten la inserción al mercado laboral, no solamente de migrantes altamente educados, puede tener importantes externalidades positivas en la economía del país de destino. Pensar en ese tipo de políticas no es imposible, recientemente Colombia otorgó permisos temporales de permanencia a cerca de 440.000 venezolanos[2] y nacionalidad a 24.000 niños de padres venezolanos nacidos en Colombia.[3] Será de gran importancia conocer los efectos sociales y económicos de estas políticas, para tener un mejor entendimiento del efecto de políticas migratorias integracionistas a fin de que sean ejemplo de implementación para el resto de países del mundo que viven este fenómeno migratorio.
Referencias
Alsan, Marcella, y Crystal Yang. 2018. “Fear and the Safety Net: Evidence from Secure
Communities.” National Bureau of Economic Research Working Paper 24731.
Chassamboulli, Andri, y Giovanni Peri. 2015. “The labor market effects of reducing the
number of illegal immigrants.” Review of Economic Dynamics, 18(4): 792-821.
Cortes, Patricia. 2008. “The effect of low-skilled immigration on US prices: evidence from CPI
data.” Journal of political Economy, 116(3): 381-422.
East, Chloe N, Annie Hines, Philip Luck, Hani Mansour, y Andrea Velasquez. 2019.
“The Labor Market Effects of Immigration Enforcement.”
East, Chloe y Andrea Velasquez. 2019. “Unintended Consequences of Immigration Enforcement:
Personal Services and High-Skilled Women’s Work.”
Kohli, Aarti, Peter L Markowitz, y Lisa Chavez. 2011. “Secure communities by the
numbers: An analysis of demographics and due process.” The chief justice earl warren institute
on law and social policy, 1-20.
Passel, Jeffrey S, y D’Vera Cohn. 2016. “Size of U.S. Unauthorized Immigrant Workforce
Stable After the Great Recession.» Pew Research Center.
Rozo, Sandra, y Juan F. Vargas. 2019. “Brother or Invaders? How Crisis-Driven Migrants Shape Voting Behavior.»
UNHCR, 2018 “Global Trends: Forced Displacement in 2018”
[1] https://www.nytimes.com/es/2019/08/06/colombia-ciudadania-hijos-venezolanos/
[2] https://lta.reuters.com/articulo/topNews/idLTAKBN1KN2G3-OUSLT
[3] https://www.elespectador.com/noticias/politica/duque-firma-resolucion-que-otorga-nacionalidad-ninos-venezolanos-nacidos-en-colombia-articulo-874492
