La situación de los estudiantes universitarios con gratuidad que demoran en sacar sus carreras es, posiblemente, fiel reflejo de cómo hacer malas políticas públicas. Independiente de la opinión que se tenga sobre la gratuidad, el diseño de la política deja mucho que desear. Veamos.
Para evitar un gasto fiscal aún mayor, y dar incentivos correctos a universidades y estudiantes, la gratuidad se limitó a la duración de la carrera. Después, el gasto corre por cuenta de la universidad y el alumno. A los pocos años, y sin mediar ningún cambio en las condiciones o nueva información, apareció la “sorpresa”: muchos estudiantes no terminan a tiempo. Argumentando crueldad, rectores, políticos y algunas federaciones de estudiantes reclaman un cambio en la ley, para hacerse cargo del drama. Drama del que estaban plenamente conscientes.
Aquí no hay crueldad ni inoperancia. Aquí hay inconsistencia temporal. Hoy me comprometo a algo, pero nada amarra mi compromiso. Ergo, mañana puedo cambiar si lo considero óptimo, aunque las condiciones sean las mismas.
Este problema ha sido ampliamente estudiado en la literatura económica desde la década de 1970, y en su origen estuvo enfocado a estudiar la persistencia de la inflación. Los bancos centrales prometían baja inflación, y las personas les creían. Pero una vez que les creían, el incentivo era expandir la cantidad de dinero para lograr un impulso económico y ayudar al gobierno de turno. Pero la gracia duró un par de décadas: las personas aprendieron, y dejaron de creer en las promesas de baja inflación. Así, la economía mundial terminó con alta inflación y menos actividad.
El incentivo a cambiar las reglas no es exclusivo de la política monetaria o de la gratuidad. Lo vemos también, por ejemplo, en las políticas tributarias, en que el incentivo inicial es a cobrar bajos impuestos, y una vez que la inversión está hecha, aparece el incentivo a subir los impuestos para extraer la renta del capital instalado.
La ruptura en las reglas no es inocua. En el caso de la gratuidad, la falta de credibilidad en el origen hace que los estudiantes no internalicen los costos de atrasarse, y las universidades tampoco. ¿Cómo termina todo? Con carreras más largas, estudiantes atrasados y más gasto fiscal. En impuestos, la falta de credibilidad disminuye los incentivos a invertir desde el comienzo.
Nuestra próxima parada es la reforma de pensiones y la introducción de un “pequeño reparto”. La idea que flota es financiar pensiones actuales con una parte de las cotizaciones. ¿Qué pasará a medida que el aporte de los trabajadores activos no alcance para mantener los beneficios a los jubilados? ¿Se ajustarán los beneficios, o el pequeño reparto crecerá? Una buena ley no solo debe estipular claramente sus promesas, sino que también proveer los incentivos para su cumplimiento.
