En los últimos 30 años, Chile hizo grandes avances en crecimiento, convirtiéndose en el país de América Latina que más acortó su brecha de ingreso per cápita con los países avanzados, y en compartir los beneficios derivados de este entre todos los grupos de la sociedad, especialmente los más pobres. Esto último pudo lograrse gracias al impacto positivo del crecimiento económico en el empleo, los salarios y los ingresos fiscales, y a los programas públicos focalizados en los grupos más necesitados.
“Los indicadores de distribución de ingreso han mejorado”
El progreso en inclusión se refleja en la mejora de una serie de indicadores sociales: la importante reducción de la mortalidad de los infantes (niños hasta un año de edad), de la mortalidad infantil (niños menores de 5 años) y de la pobreza y, al mismo tiempo, el aumento de la esperanza de vida al nacer que hoy supera no solo a la de todos los países de la región, sino que también al promedio de los países miembros de la OCDE. La mejora de estos indicadores agregados ha sido más pronunciada entre los hogares que pertenecen al 50% más pobre de la población, aunque aún persisten diferencias por estratos socioeconómicos.
En paralelo, y contrario a lo que piensan muchos, todos los indicadores de distribución de ingreso han mejorado. De hecho, entre los años 1990 y 2015, el coeficiente de Gini se redujo de 52,1 a 47,6, y la relación entre el ingreso medio del quinto y primer quintil se redujo de 14,8 a 10,8, de acuerdo con las cifras del libro Desiguales editado por el PNUD este año. Sin embargo, dado que el país era originalmente muy desigual, la desigualdad de ingresos sigue siendo alta.
Chilenos perciben desigualdad de acceso a educación, vivienda, salud y justicia de calidad
A la luz del progreso de los indicadores sociales y de la distribución del ingreso, no parece sorprendente que la encuesta CEP muestre que la población esté relativamente satisfecha con lo que ha logrado, que reconozcan vivir mejor que sus padres y piensen que sus hijos van a vivir mejor que ellos. Con todo, las cifras de diversas encuestas muestran que la mayoría de los chilenos percibe que el acceso a empleos, salarios, educación, salud y servicios públicos de calidad es desigual. De acuerdo con las cifras del Informe de la Encuesta CEP 2016, ¿Malestar en Chile?, dos tercios de los chilenos perciben mucha desigualdad de acceso a educación de calidad y vivienda digna, y tres cuartos de la población piensan que el acceso a salud de calidad y a una justicia eficaz es muy desigual. Todo ello, de acuerdo con este informe, se podría interpretar como una demanda por una mayor igualdad de oportunidades. Las presiones por reducir la desigualdad de oportunidades han surgido en Chile de la mano de una numerosa y vibrante clase media que emergió como resultado del acelerado progreso económico y social de las últimas tres décadas. Así, según la encuesta CEP de septiembre-octubre 2017, los chilenos consideran que las principales prioridades del país deberían ser: delincuencia, desarrollo económico, empleo, salud, y pensiones. Estos problemas afectan especialmente a las clases medias y medias bajas.
Desigualdad de oportunidades existe también en otras dimensiones de bienestar, como calidad del transporte público, acceso a espacios públicos, calidad del medio ambiente y otros.
A este problema de desigualdad de oportunidades se agrega ahora el problema del bajo crecimiento de los últimos cuatro años, el cual reduce las posibilidades de obtener un empleo formal y un buen salario en el sector privado y, al mismo tiempo, restringe el crecimiento de los ingresos fiscales, limitando la capacidad de financiar bienes públicos orientados a reducir la desigualdad de oportunidades. Por esa razón, una tasa de crecimiento alta y sostenida es una condición necesaria para poder seguir avanzando en mejorar el bienestar de los chilenos y la inclusión.
Las políticas procrecimiento las hemos discutido anteriormente y hay bastantes propuestas en la mesa, con un alto nivel de consenso. A pesar de ello, hemos fallado como país en implementarlas. En el resto de esta columna me enfocaré en políticas que permitan acompañar una tasa de crecimiento alta con mayor inclusión.
“Falencias educacionales se acrecientan con la revolución digital”
¿Cómo seguir avanzando en inclusión?
En la sociedad del siglo XXI, el capital humano -que se adquiere con educación y capacitación de calidad- es importante para reducir la desigualdad de oportunidades, mejorar salarios y aumentar la productividad y el crecimiento. En educación, los estudios internacionales muestran que para el desarrollo del aprendizaje y las habilidades cognitivas es fundamental la calidad de la educación temprana, es decir, la que reciben los niños entre uno y cuatro años. En esta área hay pronunciadas desigualdades entre los niños de hogares que pertenecen al 50% más pobre de la población y los de mayores ingresos, tanto en la educación que reciben en el hogar como en las escuelas, lo que condiciona las oportunidades de aprendizaje y las capacidades para generar ingresos en etapas más avanzadas de la vida.
A su vez, esto crea las raíces de las desigualdades de oportunidades y de ingreso. Esta formación temprana de calidad tiene que acompañarse también por mejoras en la calidad de la educación básica y media, donde se debe reforzar la capacidad de comprensión de lectura, la escritura y las matemáticas. Esto se traslada a la educación técnica y universitaria, donde hemos avanzado en cobertura, pero mantenemos importantes diferencias en calidad y en entrega de habilidades y conocimiento, puesto que parte del esfuerzo termina en compensar deficiencias en las etapas educacionales previas. Todo esto se traduce en que los alumnos provenientes de hogares de bajos ingresos terminan con una menor capacidad de generar ingresos en el futuro, acceden a empleos más precarios y salarios más bajos, lo que tiene consecuencias negativas en el crecimiento económico y la distribución de los ingresos laborales.
Las consecuencias de las falencias educacionales se acrecentaron con la revolución digital que aumentó la brecha entre los salarios del personal altamente calificado y el de menor calificación. Más aún, los empleos rutinarios que requieren pocas habilidades serán más precarios todavía porque están más amenazados por los avances en la automatización, la inteligencia artificial y la robótica.
En el caso de los trabajadores que ya pertenecen a la población económicamente activa (población de 15 años y más) y que cuentan con importantes lagunas en sus calificaciones, lo que se requiere es mejorar sus oportunidades de generar ingresos en el corto plazo, aumentando las tasas de participación laboral -en particular de jóvenes y mujeres con bajos niveles de calificación-, estimulando la capacitación y el aprendizaje en el trabajo, y promoviendo políticas activas en el mercado laboral que faciliten el empleo, la adaptabilidad laboral y la reducción de la informalidad.
Como lo sostiene un informe reciente de la OCDE sobre inclusión: “Una clara lección de este informe es que invertir en la educación y las habilidades de las personas en la parte baja de la distribución de ingresos pagará en el largo plazo dividendos para la economía y aumentará el bienestar individual” (OCDE, 2014) y en el proceso reducirá en forma importante la desigualdad de oportunidades.
También se percibe una importante diferencia en el acceso a salud según quintiles de ingreso y también según distribución geográfica. Enfrentar este problema requiere avanzar en gestión del sistema estatal de salud, perfeccionar los sistemas de seguros de salud, e invertir en infraestructura en el sector. Avanzar en muchas de estas áreas va a requerir no solo un mayor crecimiento, sino que también mejores políticas públicas. Esto pasará obligatoriamente por una profunda reforma del Estado, que apunte a mejorar su gestión, su eficiencia y su eficacia en el diseño e implementación de políticas públicas. En esto ver el informe pronto a aparecer “Un Estado para la Ciudadanía”, de una comisión transversal de Modernización del Estado convocada por el CEP.
Seguir avanzando en reducir la desigualdad de oportunidades debiera ser una agenda prioritaria para el país, porque la desigualdad de oportunidades puede terminar por erosionar las confianzas en el sistema político y en las instituciones, reduciendo el apoyo para políticas sensatas que contribuyan a un crecimiento alto, sostenido e inclusivo, creando en el proceso polarización y un caldo de cultivo para intentos populistas que ofrecen soluciones fáciles, pero que siempre terminan afectando el crecimiento sostenido y el bienestar de los más pobres.
