Una gestión deficiente de los ingresos provenientes de los recursos naturales y la corrupción pueden dilapidar lo que muchas veces constituye la principal fuente de riqueza para un país; administrar estos recursos en beneficio de todos los ciudadanos probablemente sea uno de los desafíos más formidables para el desarrollo.
Por eso es tan importante la publicación, esta semana, del Indice de Gobernanza de los Recursos Naturales (IGRN), índice que mide la calidad de las instituciones, las reglas y las prácticas que determinan cómo los ejecutivos y los funcionarios gubernamentales del sector toman decisiones que afectan a los ciudadanos, las comunidades y el medioambiente. El índice evalúa 81 países que, en su conjunto, producen alrededor del 80% del petróleo, gas y cobre del mundo, y se construye a partir de las respuestas de 150 investigadores a 149 preguntas, respuestas que se sustentan en casi 10.000 documentos de apoyo.
¿Qué lugar ocupa Chile entre los 81 países considerados por el IGRN? Tómese su tiempo, aunque su respuesta no sea más que una adivinanza, juéguese por un número entre 1 y 81.
La respuesta correcta es el segundo lugar. El primer lugar lo ocupa Noruega; el tercero, el Reino Unido, y el cuarto, los Estados Unidos. Sorprendente, ¿verdad? En una muestra de colegas y amigos, las adivinanzas anduvieron entre los lugares 10 y 40.
Sigamos con las adivinanzas. La publicación del IGRN también incluye un ranking de las 74 empresas estatales de recursos naturales más importantes del mundo. Adivine ahora qué tal lo hace Codelco en el concierto mundial. Esta vez elija un número entre 1 y 74. Vamos, atrévase, solo usted sabrá cuán cerca (o lejos) anduvo. La respuesta correcta es que Codelco ocupa el primer lugar.
Algo no calza, ¿verdad? El contralor ha hecho una serie de acusaciones graves contra la empresa estatal por falta de transparencia y deficiente gobierno corporativo. Entre ellas, el pago de indemnizaciones millonarias a ex ejecutivos y la existencia de contratos cuantiosos con empresas donde trabajan parientes de funcionarios de la estatal. Varios parlamentarios y más de un líder de opinión se han hecho eco de las acusaciones del contralor, ¿qué está pasando?
Codelco tiene una historia de más de 40 años, donde efectivamente hubo episodios poco transparentes, reñidos con la ley y las buenas prácticas corporativas. Pero el año 2009, con la promulgación de la Ley de Gobierno Corporativo (LGC), la cuprera inició un camino hacia el buen gobierno corporativo, con una batería impresionante de reformas, que la ha llevado este año al sitial de la empresa pública del sector de recursos naturales mejor evaluada del mundo. El 2013, con un índice menos sofisticado que el actual, ocupaba el décimo lugar.
A partir de la LGC, Codelco se parece mucho más a una sociedad anónima que a una repartición pública. Ese era, precisamente, el objetivo de esta ley y esa es la vara con que debe evaluarse. La Superintendencia de Valores y Seguros supervisa a Codelco al igual que a una sociedad anónima, los directores de Codelco responden con su patrimonio al igual que los directores de sociedades anónimas, de hecho, en temas penales sus responsabilidades son aun mayores que aquellas de sus contrapartes en sociedades anónimas.
Partiendo el 2009, Codelco ha puesto en marcha una serie de reformas que han llevado a mejoras importantes en su gestión y su gobierno corporativo. Se estableció una línea de denuncias anónimas que procesa alrededor de 300 denuncias anuales; se creó un sistema de fiscalización de empresas contratistas; se reguló la asignación y uso de recursos destinados al funcionamiento del directorio; se transparentaron y regularon las solicitudes de trabajo; se implementó una política que limita a un mínimo compatible con consideraciones de eficiencia las asignaciones directas y licitaciones privadas, y se definieron normas estrictas para restringir y transparentar el lobby sobre la empresa.
Mención especial merecen las regulaciones que exigen que la contratación de toda persona políticamente expuesta, lo cual incluye parientes de parlamentarios y dirigentes políticos, sea aprobada expresamente por el directorio, al igual que las contrataciones con ex funcionarios de la empresa. La presión de parlamentarios para que Codelco contrate a sus operadores y familiares ha sido un riesgo histórico de la corporación que requería de regulaciones estrictas y controles severos como los que ahora existen.
Volvamos a las objeciones del contralor. Las transacciones con personas relacionadas que presentó como un hallazgo ante el Parlamento, en realidad eran información pública que la propia Contraloría había aceptado en el pasado reciente sujeto a las obligaciones de las sociedades anónimas y que, por lo mismo, se encontraban disponible en las memorias anuales de la empresa. De hecho, la política de prevención de Codelco en esta materia es tanto o más exigente que aquella de mineras privadas de tamaño similar y ese es el patrón relevante.
Respecto de los planes de retiro que Codelco ha ofrecido a grupos de funcionarios, lo que hacen las empresas privadas y lo que uno quisiera que haga Codelco al ofrecer estos planes es sopesar costos y beneficios. ¿Cuál es el beneficio de que se retiren anticipadamente grupos de trabajadores cuyos servicios se han vuelto poco atractivos para la empresa? ¿Cómo se compara este beneficio con el costo de un paquete de retiro atractivo para los trabajadores en cuestión? Es evidente que responder las preguntas anteriores es particularmente difícil, también que la Contraloría no tiene los elementos para hacer esta evaluación. Es Codelco, con un gobierno corporativo como el que la rige desde 2009 y que se debe seguir perfeccionando, quien mejor puede tomar decisiones en esta materia.
Las reparticiones públicas que fiscaliza la Contraloría no operan con gobiernos corporativos cercanos a las sociedades anónimas como Codelco. Por eso, en ellas se justifica el control de legalidad que realiza la Contraloría, aun cuando aquel debe ejercerse siempre manteniendo un oportuno y delicado equilibrio que no dificulte la toma de decisiones, ni rigidice los procesos más de lo necesario. Pero el caso de Codelco es distinto al de un servicio público común. Codelco puede generar recursos cuantiosos para todos los chilenos, participando en mercados sofisticados y competitivos, donde se deben tomar decisiones complejas propias de sociedades anónimas de nivel mundial, que la Contraloría no puede evaluar correctamente, porque no cuenta con la capacidad técnica para hacerlo.
Existe mucho que se puede hacer para seguir mejorando la gobernanza de Codelco, complementando nuevas reformas que lidere la estatal con iniciativas que no dependan exclusivamente de ella. Una alternativa interesante entre estas últimas es que Chile suscriba la Iniciativa de Transparencia en Industrias Extractivas, conocida como EITI por su sigla en inglés, que ya ha sido suscrita por más de 50 países, entre ellos Noruega, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania. Al suscribir esta iniciativa, Chile podría hacer valer su liderazgo mundial en la materia y seguir fortaleciendo la gobernanza del sector de recursos naturales. Concretamente, la suscripción del EITI obliga a que representantes del gobierno, las empresas privadas y la sociedad civil definan una agenda de trabajo, la cual debiera incluir medidas para seguir fortaleciendo la gobernanza de la minería, no sólo las grandes empresas como Codelco y las privadas agrupadas en el Consejo Minero, sino también las medianas y pequeñas, además de promover relaciones más transparentes y constructivas entre empresas y comunidades. Toda iniciativa que contribuya a que Codelco genere mayor valor para todos los chilenos es bienvenida, el tipo de control que quiere ejercer Contraloría no parece ser una de ellas.
