En todos los ámbitos de la política pública, el objetivo fundamental es asignar los recursos escasos de la manera más eficiente para mejorar el bienestar de los ciudadanos. El crimen produce grandes reducciones en el bienestar: distorsiona los gastos públicos y privados, genera daños y pérdidas irreparables, y hasta altera nuestras rutinas diarias.
En esta entrada les voy a contar cuánto cuesta el crimen en América Latina y el Caribe (ALC) en base a la nueva publicación “Los costos del crimen y la violencia. Nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe”. ALC es la región más violenta del mundo, con una tasa de homicidios regional de 25 homicidios por 100,000 habitantes (4 veces la tasa global, 6 veces la de los Estados Unidos).
Es importante cuantificar el costo del crimen, para dar un orden de magnitud al problema en términos monetarios y tener una idea de la potencial ganancia de bienestar que podrían tener nuestros países si los gobiernos lograran reducir la incidencia del delito. Además es útil para identificar áreas de mejoras en la asignación de recursos públicos y privados en los países.
¿Qué son los costos del crimen en el bienestar?
Los costos del crimen son muchos y diversos. Estos costos van desde los gastos en policía, justicia, prisiones, lo que gastamos los hogares y firmas en protegernos, la pérdida de calidad de vida de las víctimas, y en el extremo el ingreso no generado por los que mueren como consecuencia de un crimen. También el crimen implica costos más indirectos y hasta intangibles como las pérdidas de bienestar por el sufrimiento y estrés post-traumático para los familiares de las víctimas, las consecuencias para el entorno de los victimarios, el lucro cesante de los privados de libertad, y hasta las secuelas en el desarrollo humano de los niños que viven en contextos de violencia doméstica, entre muchos otros costos que distorsionan la toma de decisiones público y privadas.
Un marco teórico para estimar los costos del crimen. Siguiendo la teoría económica del crimen de Becker (1968), Stigler (1970) y Ehrlich (1973) que introdujimos en esta entrada, las consecuencias del crimen en el bienestar de las víctimas potenciales pueden interpretarse en función de la probabilidad de victimización, la cantidad de bienes perdidos en la economía y los gastos en seguridad pública y privada en anticipación al delito. Las pérdidas de bienestar para los potenciales criminales, en cambio, son una función del esfuerzo que le requieren sus actos delictivos, la certeza y severidad del castigo potencial, los costos de pérdida de oportunidad incurridos debidos a la captura, y los gastos en la policía y el sistema de justicia en respuesta al crimen. Luego, estos autores calculan las pérdidas agregadas de bienestar social asociadas con el crimen, como la diferencia en el bienestar total esperado de las potenciales víctimas y delincuentes en los escenarios de una economía «sin crimen» vis- à -vis una economía «con crimen» (más información en Soares, 2015 y Jaitman, 2015).
De la teoría a la práctica. El método de estimación más utilizado en la literatura es el método contable que consiste en valuar los daños y pérdidas en términos monetarios y sumarlos. Se suelen computar en su mayoría los costos directos. Aunque es un método usual, es imposible comparar estimaciones de costos ya que cada autor escoge otras categorías y hace otros supuestos. Este es el método que utilizamos en esta publicación y por primera vez lo aplicamos a 17 países de la región y a 6 países desarrollados de forma sistemática con criterios objetivos de los componentes de costos a incluir para asegurar la comparabilidad entre países (y en el caso de Brasil entre estados). En este caso incluimos los siguientes costos: i) costos sociales del crimen (los costos de la victimización en términos de pérdida de la calidad de vida por homicidios y otros delitos violentos y el lucro cesante de la población penitenciaria); ii) gasto privado (incluyen el gasto de las empresas y los hogares en servicios de seguridad); y iii) gasto público (gasto en policía, en administración de prisiones y en el sistema judicial -considerando solo una fracción atribuible a la justicia penal-).
Existen otras metodologías que calculan la diferencia de bienestar de una economía «sin crimen» vis-à-vis una economía «con crimen» como un todo, sin sumar componentes, y por lo tanto incluyen costos directos e indirectos. Sin embargo, estas metodologías no permiten comparar países en un momento determinado de forma sistemática, que es el principal propósito de este libro. Las más usuales estiman la “disposición a pagar” (willingness to pay) mediante la valoración contingente o los precios hedónicos (ver aplicaciones en Jaitman, 2015).
Los costos del crimen en América Latina y el Caribe
Las estimaciones de los costos totales con el método contable revelan que el delito les cuesta a los países de la región, por lo menos un 3,55% en promedio en 2014. Esto representa, para toda la región, un costo de aproximadamente US$261.000 millones (según la paridad del poder adquisitivo, PPA) o US$171.000 millones (a tasas de cambio de 2014), considerando los 17 países analizados, cifras que equivalen a unos US$300 per cápita, como un promedio de los costos per cápita de cada país.
El tamaño de los costos relacionados con el crimen en la región es similar a la suma que gastan esos países anualmente en infraestructura, y es aproximadamente equivalente a la porción de los ingresos del 30% más pobre de la población de la región (ver esta entrada para más comparaciones). Estas estimaciones aunque son conservadoras de costos proporcionen una imagen clara del impacto del crimen y la violencia y las posibles ganancias de bienestar al reducirlo. El costo del crimen en ALC es en promedio el doble que en los países desarrollados analizados.
Gráfico 1. Costos del crimen en América Latina y el Caribe por subregión y componentes (% del PIB, 2014)
Fuente: Jaitman (2017)
Como se observa en el gráfico 1, en ALC estos costos se descomponen de la siguiente forma: un 42% de los costos (1,51% del PIB) corresponde al gasto público (sobre todo en servicios policiales), un 37% (1,37% del PIB) a gastos privados, y un 21% (0,64% del PIB) a los costos sociales de la delincuencia, principalmente debido a la victimización.
El costo social del crimen comprende los costos de victimización debidos a delitos violentos (esencialmente ingreso no generado por las víctimas de homicidios) y el lucro cesante de la población penitenciaria. Los costos de victimización en promedio, representan el 0,48% del PIB en la muestra de 17 países, pero hay una gran heterogeneidad: Honduras, por ejemplo, tiene costos de victimización que superan el 2% del PIB, mientras que Chile tiene cifras por debajo del 0,10 % del PIB. En términos del lucro cesante de los encarcelados, la cifra promedio para ALC es de alrededor del 0,19% del PIB.
El segundo componente estudiado es el gasto privado en seguridad. Las empresas y los hogares de ALC gastan en promedio entre un 0,82% y un 1,42% del PIB en prevención del delito. Los costos privados son un 0,69% y un 0,70% del PIB en Reino Unido y Estados Unidos. La magnitud del gasto en prevención del crimen sugiere que los gastos privados pueden imponer costos, también, a hogares y empresas que no recurren a la seguridad privada.
Tercero, se estima que el gasto público en seguridad ciudadana es en promedio 1,51% del PIB de los países estudiados, de los cuales la mayoría corresponde a los servicios policiales (1,1% del PBI), mientras que los costos de justicia penal y administración carcelaria representan alrededor del 0,20% del PIB en promedio. La correlación entre los costos de victimización y los gastos privados es de 0,85, mientras que la correlación entre los costos de victimización y los gastos gubernamentales es de 0,01. En este sentido, el sector privado parece seguir más de cerca los patrones de victimización que el gasto público.
El gráfico 2 presenta los resultados para cada país expresados como proporción del PIB. Se puede observar una gran heterogeneidad en la región, con costos del crimen que varían desde el 2% del PIB especialmente en el sur, hasta 6,5% del PIB en Centroamérica. A veces dado el tamaño de las economías, es importante complementar las estimaciones expresadas en % del PIB con datos en dólares, en las que Brasil ocupa el primer lugar y México el segundo en cuanto al monto total de los costos del crimen.
Gráfico 2. Costos del crimen por país en América Latina y el Caribe (% del PIB, 2014)
Fuente: Jaitman (2017)
En la mayoría de los países, los costos de victimización representan una pequeña cantidad de los costos totales, excepto en Honduras y El Salvador, donde dichos costos adquieren grandes proporciones. La sustitución entre los costos incurridos por el gobierno y los incurridos por el sector privado no parece seguir un patrón consistente. Algunos países, como Barbados y Jamaica, tienen altos costos gubernamentales y bajos costos privados; otros, como Guatemala y Perú, parecen tener bajos costos gubernamentales y altos costos privados.
¿Gastar más en seguridad? Gastar mejor
En la próxima entrada sobre este estudio abordaré el tema del gasto público en seguridad. Como se observa en las estimaciones anteriores, el gasto público es el principal componente del costo del crimen, y asciende a 1,51% del PIB de la región. Especialmente en el Cono Sur y en el Caribe el gasto público en seguridad es relativamente elevado con países que gastan en torno al 2% del PIB en seguridad pública, como Jamaica o Argentina. En la región los gastos del gobierno para reducir el delito no se establecen de manera óptima. Como consecuencia, los costos del crimen en el bienestar pueden ser elevados no necesariamente por el delito mismo, sino porque la respuesta del gobierno al crimen es subóptima.
Áreas de investigación futura
En el volumen también se abordan otras problemáticas que implican pérdidas de bienestar como la violencia contra la mujer, la ciber-delincuencia o el crimen organizado, desafíos para los cuales la región no parece estar preparada. Es evidente que existen otras áreas emergentes exigirán una atención analítica significativa en un futuro cercano y que estamos abordando en distintas investigaciones. Por ejemplo, el efecto del crimen sobre la productividad de las empresas que se ven afectadas de múltiples maneras (necesidades de inversión en seguridad privada, pago de extorsiones para sobrevivir, todo lo cual afecta su función de producción).
Finalmente, la teoría sobre los costos del crimen y, más en general, de la economía del crimen sigue presentando grandes vacíos. En general, las cuestiones delictivas se estudian en entornos de equilibrio parcial, pero las decisiones interconectadas de los agentes requieren enfoques de equilibrio general. Hay muchas preguntas abiertas sobre cómo medir la diferencia en términos de bienestar de un escenario de «crimen» versus un escenario «sin crimen». En este sentido, Galiani, Jaitman y Weinschelbaum (2016) muestran que el delito produce externalidades que afectan al nivel social óptimo de bienestar. Además, el grado de informalidad de la economía puede desempeñar un papel clave, más aún en ALC (Galiani, Jaitman y Weinschelbaum, 2017).
Estas son algunas dimensiones que considero importantes para desarrollar en futuras investigaciones empíricas y teóricas, para tener una mejor comprensión de los costos del crimen sobre el bienestar y del efecto de las políticas para reducirlo.
Referencias
Becker, G. 1968. “Crime and Punishment: An Economic Approach.” Journal of Political Economy 76(2): 169-217.
Galiani, S., L. Jaitman y F. Weinschelbaum. 2016. “Crime and Durable Goods.” Documento de trabajo del National Bureau of Economic Research Núm. w22788. Cambridge, MA: NBER.
Galiani, S., L. Jaitman y F. Weinschelbaum. 2017. “Informality and Crime.” Forthcoming.
Ehrlich, I. 1973. “Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation.” Journal of Political Economy 81(3): 521–65.
Jaitman, L. (ed.) 2015. The Welfare Costs of Crime in Latin America and the Caribbean. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Dessarrollo.
Jaitman, L. (ed.) 2017. Los costos del crimen y la violencia. Nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
Soares, R. 2015. Welfare Costs of Crime and Common Violence. Journal of Economics Studies 42(1): 117–37.
Stigler, G. 1970. “The Optimum Enforcement of Laws.” Journal of Political Economy 78(3): 526-36.
