«Es el negociazo, yo tengo los pacientes, no sabes la cantidad de plata que vamos a ganar», se escucha decir a un importante asesor (y médico personal) del presidente del Perú en un audio que se conoció a comienzos de octubre. El negocio en cuestión es una clínica privada destinada a beneficiarse de la tercerización de servicios públicos de salud, donde el asesor compromete aranceles altos y demorar indefinidamente la reparación de equipos médicos de hospitales públicos cercanos. La retribución que espera incluye que su hija, de 23 años, encabece la unidad de odontología. «Una idea muy particular de cómo ayudar a la salud de los pobres», concluye la periodista luego de presentar la grabación en horario estelar de la televisión peruana.
Es un mal momento para América Latina en materia de corrupción. En la última medición del Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial, seis de 20 países de la región (un 30%) alcanzan el peor valor que jamás hayan tenido, comparado con solo un 9% de los países del resto del mundo que obtienen su peor evaluación.
Los casos Petrobras en Brasil; Casa Blanca en México; La Línea en Guatemala; Instituto de Seguridad Social en Honduras; Caval, Penta y SQM en Chile y el Negociazo en Perú, entre otros, han puesto el tema de las políticas anticorrupción en el centro de la agenda de la región.
Varios factores explican por qué la tolerancia a la corrupción es menor que nunca antes: una clase media más numerosa y empoderada, redes sociales que facilitan organizar protestas masivas, celulares que transforman a cada manifestante en un potencial denunciante de abusos policiales y detalles de los escándalos (videos, correos electrónicos y audios como el descrito al comienzo de esta columna) que provocan mucho más indignación que los casos de antaño.
El primer desafío que plantean los escándalos de corrupción es que los casos se investiguen y los involucrados asuman sus responsabilidades, tanto legales como políticas. El desafío es mayor ya que históricamente ha sucedido poco y nada en esta materia.
El grado de autonomía del poder judicial es un factor importante para entender diferencias en el grado de accountability de los involucrados en escándalos de corrupción en distintos países. Nuevas generaciones de fiscales, mejor preparados y más efectivos gracias a reformas recientes de los sistemas procesales penales, explican por qué en Brasil y Chile la justicia ha jugado un rol importante y nunca antes visto investigando y llevando a la justicia a los responsables. Esto contrasta con países como Argentina, México y Venezuela, donde la falta de autonomía del poder judicial explica una percepción generalizada de impunidad.
En el caso de Guatemala, en cambio, las debilidades del sistema judicial fueron subsanadas «importando» institucionalidad a través de una comisión internacional de juristas bajo el auspicio de Naciones Unidas. Esta comisión colaboró con la Fiscalía Nacional y la policía para procesar a los inculpados en el fraude aduanero conocido como La Línea. Como resultado de este trabajo conjunto y de una impresionante movilización social, el presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta se vieron obligados a renunciar el año pasado y están siendo procesado junto a decenas de miembros de la red de corrupción que encabezaban.
Luego de la reciente revelación de una red de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y respondiendo a masivas protestas, el Gobierno se vio obligado a crear una comisión similar a la de Guatemala, esta vez al alero de la OEA.
El segundo desafío que plantean los escándalos de corrupción es promover reformas que aborden los síntomas y causas profundas de este flagelo, aprovechando que actores políticos claves pierden su capacidad de vetar estas reformas producto del escándalo. Varias estrategias para aprovechar esta ventana de oportunidad se están ensayando en distintos países de la región.
Un caso interesante es el movimiento ciudadano 3de3 en México, que promovió leyes secundarias para dar efectividad al Sistema Nacional Anticorrupción aprobado el año pasado. Asesoría técnica de los mejores expertos en el diseño de sus propuestas y una contribución decidida de una nueva generación de empresarios, más jóvenes y más competitivos, que incluyó avisos gratuitos proyectados en la principal cadena de cine de ese país llamando a suscribir la petición ciudadana que obligó a legislar, son algunos elementos novedosos de este movimiento.
Otra estrategia para aprovechar la ventana de oportunidad que ofrecen los escándalos de corrupción son las comisiones presidenciales. Estas comisiones pueden hacer propuestas con mayor legitimidad que el Ejecutivo y el Congreso, ya que estos últimos típicamente tienen bajos niveles de credibilidad precisamente producto del escándalo. Estas comisiones también pueden contribuir a informar y movilizar a la sociedad civil para que presione para que la agenda anticorrupción avance luego de entregar sus propuestas.
La Comisión Anticorrupción, que sesionó en Chile durante marzo y abril de 2015, entregó un informe proponiendo una ambiciosa agenda de reformas. Aun cuando se debe esperar la implementación de las iniciativas aprobadas y hay temas pendientes importantes, la experiencia chilena es alentadora. En 18 meses van 10 proyectos de ley y varias medidas administrativas aprobadas, incluyendo una nueva ley de partidos políticos, mayor transparencia y fiscalización del financiamiento de la política, el regreso de la educación cívica y ética a las escuelas luego de una ausencia de varias décadas, el fortalecimiento del sistema de servicio civil y declaraciones de patrimonio e intereses con exigencias y fiscalización exigentes. No es sorprendente, entonces, que luego de conocerse el audio del Negociazo, el Gobierno de Perú estableciera una Comisión Anticorrupción a la cual dio el mismo plazo perentorio de 45 días que tuvo la comisión chilena y que entregó sus propuestas al presidente Pedro Pablo Kuczyncski esta semana.
Hoy se celebra el Día Internacional contra la Corrupción, por lo cual es oportuno hacer un balance de los avances y desafíos que enfrenta América Latina en esta materia. Las experiencias recién descritas de Brasil, Chile, Guatemala y México contienen, cada una a su manera, elementos que permiten ser optimistas y que están siendo recogidas por otros países. Sin embargo, aun en estos casos existen indicios altamente preocupantes. Por ejemplo, la semana pasada, aprovechando que los brasileños lloraban la tragedia del accidente aéreo del Chapecoense, la Cámara Baja de ese país aprobó un proyecto de ley que analistas interpretan como un intento de protegerse de investigaciones de corrupción que se avecinan luego de los acuerdos de colaboración eficaz alcanzados por la fiscalía con empresarios envueltos en el caso Petrobras. Los fiscales han amenazado con renunciar en masa, las protestas masivas han regresado y Brasil arriesga una crisis constitucional.
En Uruguay, los organismos de contralor son independientes, pero carecen de recursos y potestades. Ni siquiera pueden detener una compra pública, las observaciones no tienen efecto alguno.
No me sorprende. En todas partes, la independencia de la gran mayoría de los órganos estatales es mentira, y no me refiero sólo a órganos controladores sino también a órganos reguladores y supervisores y también a empresas y organizaciones que producen bienes y servicios. Es una de las tantas mentiras que muchos economistas aceptan para ignorar lo que está ocurriendo con la política y el gobierno en temas importantes (uno debe suponer esa independencia para asesorar «técnicamente» a los órganos estatales). Por ejemplo, en Chile, hablar de independencia de órganos estatales es una burla a la población porque su grados de politización y de control por el poder ejecutivo son grotescos y no extraña entonces que la asesoría «técnica» es bien pagada pero bien ignorada.