Siempre pensé que la agenda de probidad y transparencia que debía impulsar el gobierno, era una gran oportunidad para sortear la crisis política originada por los casos de corrupción que vinculaban la actividad pública y privada; al mismo tiempo que también podía constituirse en el más relevante legado de esta administración.
Pese al compromiso personal que suscribió la Presidenta de la República en orden a promover y liderar estos cambios, lo cierto es que La Moneda nunca sopesó la importancia de esta cuestión. Lejos de tener un rol protagónico en la agenda de gobierno, se hizo caso omiso a muchas recomendaciones de la comisión Engel y otras fueron despachadas cual lista de supermercado, en ausencia de un relato coherente y consistente con la magnitud del desafío que teníamos por delante. Hoy, poco y nada sabemos de lo que se está discutiendo, pues la propia desidia del Ejecutivo ha relegado este esfuerzo a la total irrelevancia.
En ese espacio de opacidad, no resulta extraño que fuera más fácil vulnerar el espíritu que animaba a muchos de estos cambios, los que ya son abiertamente resistidos por la clase política en general y los parlamentarios en particular. Incluso desde el gobierno, contraviniendo un explícito anuncio de la Presidenta de la República, se decide modificar lo públicamente comprometido, en lo que podríamos suponer es una segunda versión, aunque algo más rasca, de la ya mentada “cocina” legislativa.
Para muestra un botón. En una de las partes más sensibles del informe, la comisión propuso que “dentro de un plazo razonable se realice una reinscripción de todos los militantes de los partidos políticos existentes, a fin de asegurar padrones confiables. Esta será una condición básica para acceder al nuevo financiamiento público y el Servel deberá colaborar para que este proceso se lleve a cabo. Días después, en una cadena nacional por televisión que presenciamos muchos ciudadanos, Michelle Bachelet se comprometía a que los partidos políticos “tendrán que reinscribir a todos sus militantes para sincerar los registros”. Sin embargo, cuando se lee el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, específicamente en su artículo 20, dice una cuestión completamente distinta, en la medida que solamente impone la obligación de “llevar un registro general actualizado de todos sus afiliados”, es decir, eliminando a los fallecidos, los que militan en otros partidos o que hayan renunciado.
¿Qué ocurrió entonces? Muy simple. Ya que esta medida de mayor transparencia y sanidad de nuestro sistema político estaba asociada a la contraprestación del financiamiento público que deben recibir estas instituciones por parte del Estado, se prefirió “atenuar” esta exigencia y mantener los desembolsos que deberán hacerse desde el fisco, pero sin ningún real control sobre la democracia interna o la capacidad de representación de los partidos. ¿Cuándo y quién modificó esta específica propuesta, la que además fue públicamente refrendada por la Presidenta de la República? No tengo la menor idea y sería bueno una explicación.
