Esta es una buena ocasión para darle otra mirada a las perspectivas de crecimiento de la economía mundial y de Chile. Las últimas dos semanas hemos tenido actualizaciones de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la economía mundial y América Latina y en días más recientes del Banco Mundial para los precios de productos primarios. Para Chile, tenemos tanto la actualización del FMI como los primeros lineamientos de las políticas internas del nuevo equipo económico y político del gobierno de la Presidenta Bachelet.
Las recientes actualizaciones del FMI corresponden tanto a su informe Perspectivas de la Economía Mundial (WEO) como a su informe Perspectivas de América Latina y el Caribe (REO), que se habían publicado en abril pasado. En cuanto a la revisión del WEO, el FMI redujo su proyección de crecimiento mundial para 2015 de 3,5% a 3,3%, y para 2016 mantuvo su proyección en 3,8%. Al separar entre economías avanzadas y economías emergentes y en desarrollo, la proyección de crecimiento de los países avanzados se redujo en tres décimas para este año, explicado principalmente por la reducción de seis décimas en la proyección de EE.UU., por el mal primer trimestre que tuvo. Para los países emergentes y en desarrollo, la proyección de crecimiento de este año se redujo en solo una décima, compensándose la fuerte corrección a la baja en el crecimiento de América Latina y el Caribe (de 0,9% a 0,5%) con una contracción más moderada de Rusia. En cuanto a las proyecciones para el 2016, aunque no hubo cambio a nivel agregado, destacan una corrección a la baja en el crecimiento de América Latina y el Caribe.
La actualización del WEO destaca que los factores que apoyan una aceleración de la actividad económica en las economías avanzadas siguen presentes: condiciones financieras favorables, una política fiscal más neutral en la zona euro, menores precios de los combustibles, y condiciones laborales y expectativas que siguen mejorando. En contraste, en los países emergentes la continuidad de la desaceleración está asociada a precios de productos primarios más bajos y condiciones financieras menos favorables, cuellos de botellas estructurales, el rebalanceo del crecimiento de China, y la preocupación por los riesgos geopolíticos.
La actualización del informe Perspectivas de la América Latina y el Caribe (REO) revisa con más detalle las proyecciones para los principales países de la región, destacando el ajuste a la baja en la proyección de Brasil, tanto para este año como para el próximo. Para los países en América del Sur, el informe redujo de modo generalizado las proyecciones de crecimiento para este año y el próximo, debido a un declive más pronunciado que el inicialmente proyectado en los precios de productos primarios, al cual se le agregan factores internos que deprimen las expectativas de empresarios y consumidores con efectos negativos en el consumo y la inversión privada. Hacia el futuro, el REO proyecta que la inversión se mantendrá débil, afectada tanto por el alto endeudamiento de las empresas como por los bajos precios de productos primarios, en un entorno en que las condiciones financieras internacionales se tornarán menos favorables a medida que la FED avance en la normalización de su política monetaria y en que el dólar se fortalece internacionalmente. De hecho, en su presentación al Congreso de la semana pasada, la presidenta de la FED dio señales claras de que el escenario más probable para la política monetaria estadounidense es un alza de tasas en los próximos meses.
En cuanto a las revisiones para este año y el próximo, el REO reduce las proyecciones para todos los países de América del Sur destacando una mayor contracción en Brasil este año (estimando ahora una caída del PIB del 1,5% este año) y la reducción del crecimiento estimado de Chile a un 2,5% este año y a un 3,3% el próximo. Para América Latina estima ahora un crecimiento del 0,5% este año y del 1,7% el próximo. Vale la pena señalar que estas proyecciones de crecimiento para los años 2015 y 2016, tanto para la Economía Mundial como para América Latina, son algo más optimistas que las del Consensus Forecasts del mes de julio, el que estima una contracción del PIB de Brasil de un 1,6% este año y crecimiento en Chile de 2,4% este año y 3% el próximo.
En cuanto a precios del cobre, el informe más reciente del Banco Mundial estima que el precio medio caería un 15% este año, alcanzando un valor promedio anual de US$ 2,65 por libra, como resultado de fuerzas contrapuestas: la desaceleración de China y el cambio en la composición de su crecimiento, la maduración de proyectos iniciados en los años de boom en Chile y Perú, la apreciación del dólar y los altos inventarios. Para los próximos cinco años estima que los precios, en términos reales, se mantendrían a un nivel parecido al valor promedio de este año.
Como resultado, todo apunta a que el escenario externo de Chile se mantendrá poco favorable en los próximos años, lo que aumenta la urgencia en focalizar las políticas domésticas en el crecimiento, tanto de corto como de largo plazo. Esto es urgente porque la economía ha estado estancada los últimos seis meses, con un nivel de actividad, ajustado por días trabajados y estacionalidad, en mayo de este año que está algo por debajo del alcanzado en diciembre pasado. Esto en un contexto en que las expectativas de los consumidores siguen cayendo, y ya alcanzan niveles de pesimismo no observados desde la Gran Crisis Financiera Internacional del 2008-2009, y las de los empresarios se mantienen en terreno pesimista. En esto, el nuevo equipo económico y político tiene la importante tarea de reducir la incertidumbre, para así comenzar a revertir el pronunciado deterioro en las expectativas que están afectando al consumo y a la inversión privada. Esto último pasa por avanzar en lo inmediato en: simplificar el sistema tributario, reduciendo el alcance o eliminando el sistema de renta atribuida; priorizar los compromisos de gasto para poder mantener la sustentabilidad de las cuentas fiscales; en el proyecto de reforma laboral, incluir elementos que faciliten la adaptabilidad laboral, permitan el reemplazo con trabajadores internos en el caso de huelga y reduzcan el sesgo anti-PYMES; focalizar la reforma educacional en la educación pública temprana, básica y media y ajustarla a la disponibilidad de financiamiento sustentable; agilizar las concesiones de infraestructura; aumentar el dinamismo de la agenda energética; y clarificar el proceso de cambio de la Constitución.
Los ajustes anteriores necesitan complementarse con reformas para retomar un crecimiento alto y sostenible en un escenario de precios de productos primarios menos favorables. Para efectivamente alcanzar un crecimiento alto y sustentable, la teoría y la evidencia empírica internacional nos muestran un claro camino para avanzar: se requieren aumentos de productividad. A su vez, éstos van de la mano de reformas que faciliten la adaptabilidad laboral, que mejoren significativamente la calidad de la educación pública -temprana, básica, media y técnico profesional-, que modernicen las regulaciones pro competencia y del mercado financiero y que avancen decididamente en implementar las recomendaciones de la Comisión Engel para atacar los problemas de conflictos de intereses, tráfico de influencias, corrupción, a través de mejoras a la Ley de Partidos Políticos y al financiamiento de la política.
Así, focalizarse en crecimiento de largo plazo requiere de una serie de iniciativas, además de las necesarias para reactivar la situación actual de la muy alicaída economía nacional. Del éxito en este cambio de rumbo dependerá la capacidad del país de dar un salto en el ingreso per cápita y retomar los avances en reducir la brecha de producto per cápita con los países avanzados que habíamos logrado en los últimos 30 años.
Pero debemos partir con lo necesario para los próximos dos años, y en esto no hay dobles lecturas. Para reducir la desigualdad y aumentar la inclusión es fundamental el crecimiento -el que también aumenta los recursos fiscales- y una política pública bien diseñada que contribuya significativamente a mejorar la calidad de la educación que recibe el 50% más pobre de la población y donde exista una institucionalidad adecuada para que reformas muy necesarias para el país pasen por un riguroso sistema de evaluación y discusión en la sociedad. En este último punto, el gobierno ha dado un pequeño paso inicial con la creación de una Comisión de Productividad, liderada por el economista Joseph Ramos, y que más adelante debiera fortalecerse con un proyecto de ley que cree una comisión permanente, con términos de referencia, institucionalidad y financiamiento adecuado, al estilo de la Comisión de Productividad de Australia y que también adoptó en años recientes Nueva Zelandia, las cuales he descrito en columnas anteriores.
El nuevo equipo económico y político tiene la importante tarea de reducir la incertidumbre, para así comenzar a revertir el pronunciado deterioro en las expectativas que están afectando al consumo y a la inversión privada».
