Los partidos presionando para que el anuncio presidencial de que “tendrán que reinscribir a todos sus militantes para sincerar sus registros” quede en nada. Los diputados de la Nueva Mayoría votando en masa para que las empresas puedan financiar a los partidos. El Senado removiendo a su vicepresidente por insinuar que podría haber más senadores que fueron financiados por Corpesca. No sorprende, entonces, que la crisis de confianza se sigue profundizando, impactando crecientemente la economía, ad portas de una crisis política potencialmente mayor.
En cada caso mencionado hay atenuantes que se describen a continuación, pero la ciudadanía no está para detalles. El prestigio de los dirigentes políticos está por el suelo y se requieren hechos claros, sin ambigüedades ni letra chica, para comenzar a recorrer el camino de recuperación de las confianzas. Hechos reales y simbólicos al mismo tiempo que, al menos hasta ahora, han brillado por su ausencia.
Lapsus legislativo
“El aporte máximo anual en dinero que cada persona natural o jurídica podrá efectuar a partidos políticos, estén o no afiliados a ellos, no podrá exceder de 500 unidades de fomento al año”, se escuchó leer al secretario de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados en la tarde del 3 de junio. “Colegas, esa es la redacción, ¿quieren escucharla de nuevo?”, pregunta a continuación el presidente de la comisión y el secretario la vuelve a leer. Acto seguido se votó la indicación, aprobándose con nueve votos a favor (ocho diputados de la Nueva Mayoría y un diputado RN) y cuatro abstenciones (todos diputados UDI).
No es sorprendente que el único diputado RN en la comisión haya votado a favor, los think tanks de derecha han defendido el financiamiento de la política por parte de las empresas por largo tiempo. ¿Pero todos los diputados de la Nueva Mayoría? ¿Y los diputados UDI absteniéndose?
Nadie puede alegar que no entendió lo que el secretario de la comisión leyó dos veces. No era un párrafo particularmente complejo y no contenía ambigüedad alguna, como más de un diputado afirmó esta semana. Habían pasado un buen rato discutiendo cómo se hacía para que los partidos pudieran acceder a recursos de sociedades con fines de lucro que son de su propiedad si se prohíbe el financiamiento de partidos por parte de personas jurídicas. Tuvieron 25 años para regularizar esta situación y no lo hicieron, la solución obvia era dar un plazo prudente para que finalmente lo hicieran. En cambio, optaron por aprobar una indicación que no hacía referencia al puñado de empresas que tenían en mente, una indicación que evidentemente aplicaba a todas las empresas, y nadie dijo nada.
Transcurrieron varias semanas sin que nadie se diera cuenta de lo sucedido. Fue gracias a la Fundación Ciudadano Inteligente que eventualmente nos enteramos de la aprobación de la indicación anterior. Y esto fue posible gracias a que la Cámara de Diputados publica las actas de las reuniones de sus comisiones. Si esto hubiese sucedido en el Senado, donde las actas de las comisiones no se publican oportunamente, no habría sido posible detectar y corregir este “lapsus legislativo”.
¿Nuevos partidos?
Fue una de las 217 propuestas aprobadas unánimemente por el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción. “Proponemos que dentro de un plazo razonable se realice una reinscripción de todos los militantes de los partidos políticos existentes, a fin de asegurar padrones confiables. Esta será una condición básica para acceder al nuevo financiamiento público y el Servel deberá colaborar para que este proceso se lleve a cabo”. Fue una de muchas propuestas que recogió la Presidenta en su discurso del 28 de abril de donde viene la cita al inicio de esta columna.
Según trascendidos de prensa, los partidos presionaron fuertemente para diluir la exigencia de reinscripción. En lugar de reinscribir todo el padrón de afiliados, presionaron al Ejecutivo para que sea suficiente reinscribir menos de un tercio de los militantes.
La idea era que los partidos se reformaran, transparentando sus procedimientos y cuentas, con grados de democracia interna que no tienen en la actualidad, y entonces salieran a buscar nuevos militantes y a reencantar los que aparecen en su padrón actual. Nuevos registros, confiables y supervisados por el Servel, para una nueva política y una mejor democracia. No más de lo mismo con un poco de cosmética.
¿Qué hacemos con el pasado?
Respecto del futuro, al menos hay una propuesta concreta sobre qué hacer, que cuenta con apoyo ciudadano bastante amplio. Consiste en aprobar una agenda de probidad ambiciosa que mejore la calidad de nuestra democracia. No será fácil, los parlamentarios parecieran no entender la importancia de esta agenda y el rol ciudadano, como lo ilustra el lapsus legislativo de la semana y la alerta que dio Ciudadano Inteligente será clave. Pero al menos hay una agenda que, de llevarse a cabo, permite ser optimista respecto del futuro.
El problema está en qué hacer con el pasado, con las situaciones de financiamiento irregular e ilegal que se siguen destapando semana a semana (esta semana les tocó a Marco Enríquez-Ominami y al senador Navarro).
Este goteo mediático tiene paralizada a buena parte de los políticos que debieran estar liderando la agenda pública y explica por qué nos encontramos transitando desde una crisis de confianza a una crisis institucional. Se trata de situaciones que en su mayoría no tendrán sanciones legales, pero donde la ciudadanía demanda una reparación real por parte de quienes traicionaron su confianza.
Es en esta perspectiva que debe analizarse la propuesta del senador Navarro para que los parlamentarios sinceren si fueron financiados por las empresas pesqueras. Haberse centrado en que transparenten los fondos reservados pero legales que recibieron denotó impericia al momento de aterrizar la idea. En teoría, los donantes no son conocidos por los parlamentarios y es difícil probar que hubo comunicación entre ambos. Sólo el Servel conoce esta información con certeza y sería inconstitucional transparentarla si quienes donaron lo hicieron bajo un régimen legal que aseguraba reserva.
Más efectivo hubiese sido exigir que los parlamentarios transparenten todas las fuentes irregulares e ilegales de financiamiento que tuvieron durante los últimos años. Como se requiere un incentivo para que entreguen toda la información, luego de un plazo razonable, el Servicio de Impuestos Internos sería facultado para revisar boletas y facturas a nombre de asesores y parientes cercanos de todos los parlamentarios y dirigentes partidarios, haciendo públicas las irregularidades que detecte, aun si estas hubieran prescrito.
Luego de conocer las fuentes irregulares de financiamiento, los parlamentarios no podrán votar en temas que involucran a sus financistas. Quienes oculten información serán sancionados, por ejemplo, con la imposibilidad de ir a reelección y, en los casos más graves, con la remoción del cargo parlamentario. La propuesta no es perfecta, pero cumple con el objetivo de terminar con la filtración constante de políticos financiados con boletas ideológicamente falsas y así comenzar a recuperar una cierta normalidad.
Desafíos inmediatos
Son varios los parlamentarios que tienen un diagnóstico correcto de la crisis en que nos encontramos, pero siguen siendo una minoría. La mayoría quiere aprobar una que otra medida efectista para que luego, cual milagro, todo vuelva a ser como antes. Digno de análisis sicológico más que político, esa parece ser la fantasía dominante en nuestros líderes políticos (y empresariales).
Dentro del Ejecutivo también hay líderes que ven más allá de la coyuntura, partiendo por la Presidenta. Más de 20 iniciativas legales para materializar la agenda de probidad han ingresado al Congreso, varias de ellas importantes. Un desafío pendiente es comunicar mejor esta agenda, es humanamente imposible seguir el trámite legislativo de un gran número de iniciativas y la falta de transparencia en cómo funciona el Senado dificulta aun más esta labor. En las semanas que viene será clave el rol que cumpla el nuevo gabinete, finalmente con un ministro de la Segpres. Los desafíos son grandes y el rol ciudadano será clave. El tiempo dirá si nuestros líderes estuvieron a la altura.
