Por una pedagogía del conflicto en el proceso de paz en Colombia

@anamarjona

Uno de los muchos retos que conlleva el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC es lograr informar y educar a la opinión pública. Aunque se ha hablado mucho sobre la importancia de tener una mejor pedagogía de la paz, poco se ha dicho sobre la necesidad de una pedagogía del conflicto. Sin embargo, informar a los ciudadanos sobre el proceso de paz es tan importante como informarlos sobre aspectos centrales del conflicto que muchos desconocen.

Si bien la mayoría de los ciudadanos ha sabido durante décadas de las masacres, los asesinatos, las tomas, las minas antipersonales y los falsos positivos, hay muchos aspectos de la manera en que se vive la guerra que la mayoría del país no conoce. Educar a los ciudadanos sobre esa realidad es fundamental para que las actitudes sobre el proceso de paz, la justicia transicional y el post-conflicto se basen en miradas más realistas y menos simplistas y maximalistas. Es también necesario para que los ciudadanos logremos pasar de ser simples espectadores y veamos, por fin, que el país necesita que todos estemos dispuestos a aportar en una eventual etapa de post-conflicto.

En esta entrada discuto brevemente dos ámbitos sobre los que hay una gran desinformación y que valdría la pena llevar a la opinión pública: el perfil de los miembros de las FARC antes de alistarse y la tremenda variación que existe en la manera en que la guerra impacta la vida de la población civil a nivel local.

Respecto al reclutamiento, existe una gran desinformación sobre quiénes se incorporan a las FARC y por qué. El guerrillero suele ser visto como una persona codiciosa que ingresó a las FARC para obtener una buena remuneración, dados los millonarios ingresos que la organización obtiene del narcotráfico. Para algunos quienes ingresan a la guerrilla son unos comunistas radicales convencidos de que sus ideales justifican secuestrar y matar.

Aunque algunos jóvenes han ingresado a las FARC buscando un bienestar económico y otros lo han hecho persiguiendo un ideal político, la realidad de las personas que han terminado en las filas de las FARC es mucho más compleja.

La información obtenida en una encuesta que hice en 2005 con Stathis Kalyvas a aproximadamente 800 desmovilizados de diferentes grupos guerrilleros y paramilitares permite identificar algunos patrones.[1]

Para empezar, los guerrilleros no reciben un salario u otro tipo de beneficio material por ser miembros del grupo. Este es un hecho que muchos investigadores han constatado en otras investigaciones. Por lo tanto, para la mayoría de los reclutas ingresar a las FARC sólo supone, en términos materiales, recibir comida y ropa. Si algunos ingresan para obtener estos beneficios materiales es porque viven en la pobreza extrema. Pero ingresar a las FARC no suele ser una alternativa para mejorar la situación económica y mucho menos para enriquecerse.

Tampoco es muy común que los reclutas ingresen convencidos de los ideales de las FARC. En esta encuesta, sólo el 12% de los desmovilizados de este grupo señalaron que se alistaron por su ideología.

Para tener una idea más realista del perfil de los reclutas es importante tener en cuenta su edad: en esta muestra, algo más del 40% tenía menos de 18 años al ingresar a las FARC y cerca del 80% tenía menos de 25 años. Se trata, por lo tanto, de personas muy jóvenes.

Algunas de las razones que dan los encuestados para ingresar a las FARC son las mismas que motivan a cualquier adolescente: 19% lo hizo para obtener reconocimiento, estatus o poder. Como lo sugiero en otra entrada, es esencial entender que en el contexto en que viven muchos de estos jóvenes las FARC juega un rol central en la vida de la comunidad, lo cual facilita que algunos consideren ingresar a las FARC como una alternativa viable para obtener estatus social y reconocimiento.

Otras motivaciones apuntan directamente a contextos familiares muy difíciles: el 4% huía de la violencia doméstica y el 9% de la pobreza extrema. Del mismo modo, las familias de un alto porcentaje de reclutas fueron victimizadas antes de que ellos decidieran ingresar a las FARC. Cerca del 15% perdió a un hermano porque fue asesinado por un grupo armado; aproximadamente el 30% había sido desplazado o tenía familiares que habían sido desplazados; y más del 50% tenía familiares o amigos que fueron amenazados o victimizados por un actor armado. Claramente se trata de personas que han sufrido niveles de victimización muy superiores al promedio nacional.

Si indagamos por las características de los municipios donde vivían los reclutas antes de alistarse en las FARC, encontramos que en su gran mayoría vienen de contextos muy violentos: en estos municipios la tasa promedio de homicidios llega en algunos años a ser el doble de la media nacional; aún más, mientras que entre 1997 y 2000 el 18% de los municipios del país tuvo por lo menos una masacre, la cifra es del 78% en los municipios donde vivían estos reclutas.

Estos datos no implican, desde luego, que quienes deciden ingresar a un grupo armado y, como combatientes, cometen delitos, no sean responsables por sus actos. Mi argumento no es que quienes empuñaron las armas no tuvieran otra opción. De hecho, por cada persona que ingresó a las FARC, muchas otras no lo hicieron a pesar de vivir en las mismas condiciones. El país tiene que debatir la manera en que juzgará a quienes decidieron hacerse guerrilleros y cometieron crímenes.[2]

Sin embargo, lo que la evidencia sí indica es que muchas de las personas que terminaron ingresando a las FARC vivían en condiciones sumamente difíciles. La evidencia también sugiere que muchos habían sido víctimas antes de ser victimarios. Aún más, indican que el estado, y la sociedad, fallaron. Cuando un niño no ve otra manera de huir de la violencia doméstica que ingresando a un grupo armado, algo anda muy mal en la sociedad en la que vive. Cuando hay niños creciendo en comunidades que sufren asesinatos, masacres y torturas sin que la sociedad reaccione y los apoye, creando oportunidades para superar los traumas y para tener oportunidades, estamos fallando todos.

Ser conscientes de la realidad en que vivían quienes ingresaron a las FARC puede contribuir a mejorar nuestra disposición a aportar al proceso de reintegración y reconciliación, independientemente del tipo de justicia transicional que el país adopte.

El segundo punto sobre el que hay una gran desinformación es sobre lo mucho que varían las dinámicas de la guerra a nivel local y la manera en que dicha variación puede condicionar los retos y oportunidades del post-conflicto.

Para empezar, las dinámicas de la violencia no son las mismas en todas las zonas donde han operado las FARC. El grupo ha hecho alianzas con diferentes actores a lo ancho y largo del país y también ha perseguido a unos u otros según el lugar y las circunstancias.

De otro lado, los colombianos tendríamos que ser conscientes no sólo de la victimización que deja la guerra, sino también de sus otros legados. Aún más, es importante que entendamos que las secuelas de la guerra no son uniformes; al contrario, varían tremendamente.

Los datos que presento en un artículo publicado recientemente en el Journal of Conflict Resolution muestran que tanto los grupos guerrilleros como los paramilitares suelen crear nuevas instituciones—entendidas como reglas de conducta formales o informales—en los lugares donde operan. En algunos casos estos grupos sólo buscan controlar el orden público, mientras que en otros buscan también regular conductas en los ámbitos económico, político y social. Estos distintos tipos de intervención transforman muchas dinámicas de la vida local y, cabe esperar, influencian la relación entre la población civil y los actores armados.

Mientras en algunos lugares los habitantes reconocen y valoran las instituciones creadas por guerrillas y paramilitares, aún sabiendo que fueron acompañadas de violencia, en otros lugares esta intervención sólo genera rechazo. En otros casos, las comunidades valoran ciertas intervenciones y rechazan otras. Estas distintas respuestas al “gobierno” de los actores armados pueden llevar a diferentes reacciones a nivel local a una misma política pública, por ejemplo sobre participación política de las FARC o sobre la manera de lograr la reintegración de los excombatientes.

De otro lado, aunque solemos pensar que los grupos armados sólo han cumplido este papel de gobernantes de hecho en zonas apartadas donde el estado está ausente, la realidad es que tanto guerrillas como paramilitares han logrado ser “los que mandan” aún en cabeceras municipales donde el estado está y, en teoría, gobierna. Ambos grupos lograron dominar administraciones locales a punta de coerción, alianzas con políticos e incluso poniendo a sus fichas en concejos, alcaldías y personerías.

Si bien los ciudadanos han oído hablar de la parapolítica y de la farcpolítica, muy poco se ha dicho sobre la manera en que estos fenómenos han podido afectar la relación de los ciudadanos con el estado. La pérdida de legitimidad de diferentes entidades estatales y de la misma democracia en estas zonas puede ser enorme. Sin embargo, las dinámicas no son las mismas en las distintas zonas en conflicto y, por ende, los retos varían mucho de un lugar a otro.

La gran variación que existe a lo largo y ancho en el país en estos fenómenos implica que en Colombia no se ha librado una sola guerra, sino muchas guerras. Las dinámicas cambian no sólo en las diferentes regiones del país sino incluso al interior de ellas, en diversos ámbitos: hay variación en las relaciones entre las FARC y las poblaciones locales; en la manera en que se ve a las víctimas; en la reacción frente a los desplazados que se han asentado en nuevas comunidades; y en la recepción de quienes han regresado tras haber sido desplazados.

La justicia transicional y las políticas que se adopten en el post-conflicto tienen que responder de alguna manera a esta gran variación en las dinámicas de la guerra y sus legados. El gobierno no sólo tiene la difícil tarea de tener en cuenta estas variaciones para diseñar políticas públicas acorde a las realidades regionales y locales; también tiene el gran reto de explicarle a la opinión pública por qué esas políticas tienen sentido y por qué es difícil encontrar fórmulas mágicas que puedan funcionar bien en todo el país.

Los puntos que he discutido en esta entrada, el perfil de los integrantes de las FARC y la variación en las dinámicas de la guerra a nivel local, son sólo dos de los temas en que hay una gran desinformación en el país. Una pedagogía del conflicto es esencial no sólo para que los ciudadanos podamos juzgar diferentes alternativas de políticas públicas con base en supuestos más realistas, sino también para que dejemos de pensar en la guerra y sus soluciones como un problema de otros—del gobierno, del estado, de los legisladores. Quizás nuestra perspectiva cambie si nos acercamos a las historias de las comunidades que han vivido la guerra de cerca y a quienes, en medio de ella, decidieron huir, alistarse en un grupo armado, organizarse y resistir, o sobrevivir bajo el yugo de diferentes actores armados. Quizás, entonces, seamos más capaces de ver que, como sociedad, fallamos. Que somos parte del problema y que ahora tenemos que ser parte de la solución.

[1] Esta encuesta fue hecha sólo con desmovilizados individuales de la guerrilla, lo cual hace posible que haya un sesgo pues estas personas se autoseleccionaron para desmovilizarse. Sin embargo, no hay grandes diferencias entre quienes se desmovilizaron tras estar unos pocos años en las FARC y quienes combatieron muchos años. Si pensamos en el tiempo de combate como una proxy del deseo de desmovilizarse, estos resultados sugieren que los desmovilizados que encuestamos no son muy diferentes de los demás. Para más información sobre la muestra y la encuesta ver el reporte aquí.

[2] La responsabilidad de quienes se incorporaron a un grupo armado siendo niños es, sin embargo, un tema complejo. Tal y como lo sugiere el gran debate que se ha dado dentro del derecho y la criminología sobre niños delincuentes, no es evidente cómo debe abordarse la responsabilidad de quienes ingresaron a las FARC siendo niños.