La Presidenta de la República constituyó la “Comisión contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción”. Presidido por el economista Eduardo Engel, el grupo se compone además de otras 15 personas provenientes de variadas disciplinas profesionales y orientación política. Y aunque eran predecibles varios de sus integrantes, no faltaron las críticas de la más diversa índole. Mientras algunos cuestionaron su representatividad, u otros hicieron hincapié en la ausencia de políticos, hay quienes sospechan de la utilidad de esta instancia y su real contribución para superar la crisis por la cual atravesamos.
Vamos por partes.
En primer lugar, si el propósito de este grupo es asesorar al gobierno para una futura propuesta de política pública en los temas ya señalados, la que por definición no será vinculante y cuyos proyectos de ley que la materialicen deberán ser presentados por el Ejecutivo primero, y discutidos en el Congreso después, no advierto la necesidad de que tal elenco tuviera que ser un fiel reflejo de nuestra sociedad. De lo contrario, y particularmente referido a esta fase en el diseño de políticas públicas, igual reproche habría que hacer a la composición de los gabinetes, la manera de designar a los funcionarios públicos de confianza o a la elección de asesores. Esta no es una instancia que pretenda arrogarse la soberanía popular, desplazar a la instituciones políticas o transformarse en una mini Asamblea Constituyente, como exageradamente han afirmado algunos.
A continuación, la notoria ausencia de políticos y empresarios en esta fase de discusión también resulta razonable. La experiencia en Chile y otros países aconseja que las primeras aproximaciones a la elaboración de una propuesta semejante no estén mediatizadas o teñidas por los intereses de los directamente involucrados en las prácticas que se pretende regular. Por lo mismo, se escogió a ciudadanos que no provienen preferentemente de esos mundos, para que pongan en común su mirada, conocimientos y experiencia al servicio de un específico encargo que les hace Bachelet; para después obviamente someterlo al escrutinio y deliberación pública, donde la clase política tendrá una participación preferencial.
Por último, es completamente absurdo suponer que lo que pueda inicialmente proponer esta comisión, impulsar el gobierno después, y finalmente aprobar el Congreso, pudiera ser un remedio a las enfermedades que aquejan a nuestra democracia. La gravedad de los problemas que enfrentamos requerirá de muy distintos y múltiples esfuerzos; algunos de los cuales ya se iniciaron, otros que están en desarrollo y muchos que deberán venir por delante.
Hay quienes nos hubiera gustado que se actuara antes y de forma más decidida, de la misma manera que pensamos que futuras iniciativas deberán ser de magnitud equivalente a los desafíos que enfrentamos. Pero nada de eso resulta incompatible con celebrar la conformación de esta instancia, reconocer la solvencia de la mayoría de sus integrantes y esperar con atención lo que tengan que proponer.
