¿Mano Dura, Mano Blanda o Política Racional para Combatir el Crimen?

¿Cuál es la estrategia más eficaz para combatir el crimen? El problema del crimen es a menudo enmarcado como un debate entre quienes están a favor de un enfoque de “mano dura”, el cual prioriza las acciones punitivas para combatir el crimen, versus aquellos a favor de un enfoque de «mano blanda», el cual se centra en programas de prevención o recuperación para mejorar las oportunidades laborales de las personas en riesgo. Pero el modelo canónico de economía del crimen sugiere que una política racional para combatir el crimen quizás deba combinar en forma óptima ambos enfoques. Es en última instancia una cuestión empírica dónde se puede gastar un peso marginal más eficientemente. El objetivo es entonces encontrar una cartera óptima de políticas que sea sensible a la naturaleza multifacética del crimen.

En una entrada previa hicimos una introducción del modelo económico del crimen de Becker (1968), el cual se basa en el supuesto fundamental que los criminales son individuos racionales que al maximizar su bienestar podrían encontrar óptimo realizar actividades ilegales. En esta entrada primero vamos a desarrollar en más detalle este modelo, que ha sido la base teórica del análisis económico del crimen en los últimos cincuenta años, y luego vamos a analizar su aplicación en la formulación de políticas óptimas para combatir el crimen.

Una Revisión del Modelo Económico del Crimen de Becker

El modelo racional del crimen puede ser planteado en función de un análisis costo-beneficio. Pensemos que en la economía hay dos sectores: el sector legal y el ilegal. Los beneficios de cometer un delito (participar en el sector ilegal) se pueden ubicar en dos categorías: beneficios pecuniarios y beneficios psicológicos. Un individuo que comete un crimen también enfrenta los costos esperados de la aplicación de la ley. Si los individuos son neutrales al riesgo, estos costos son iguales a la probabilidad de castigo multiplicada por el costo de la pena, el cual se refiere a la sanción que enfrenta el potencial delincuente. Por lo tanto, el rendimiento esperado neto del crimen, calculado como la diferencia entre el beneficio y el costo de cometer un crimen, debe ser comparado con el rendimiento neto que se obtiene al desarrollar una actividad en el sector legal, que en forma simplificada está representado por el salario que cada individuo obtendría en dicho sector. Entonces, un individuo cometerá un delito solo si el rendimiento neto esperado de esa actividad excede al rendimiento neto que obtendría si empleara su tiempo y recursos en una actividad legal.

Este modelo implica que incrementos en la probabilidad y la severidad del castigo pueden reducir el rendimiento neto del crimen (al aumentar el costo esperado de delinquir) y de este modo, modificar los patrones de ocurrencia del crimen. El modelo también predice que aumentos del salario en el sector legal pueden reducir el número de criminales.

En este marco teórico, como mencionamos, el individuo tiene en cuenta el costo esperado de delinquir (probabilidad de arresto multiplicada por el costo de la pena). Si el individuo es neutral al riesgo, el efecto de un incremento en la probabilidad de arresto o en la severidad de la pena, condicionada al arresto, es el mismo. Esta implicancia conduce al famoso resultado de Becker de que mientras el gobierno tenga acceso a medios de castigos sociales sin costos, tales como las multas, encontrará óptimo incrementar la severidad de la pena y simultáneamente bajar los costos de castigar a los individuos que infringen la ley.

Sin embargo, es importante notar que en este modelo el rol de la detención y de la severidad de la pena se da exclusivamente a través de la disuasión. Si estos factores operan a través de la incapacitación (o sea, si en la práctica, principalmente operan imposibilitado a los delincuentes de cometer delitos fuera del entorno penitenciario), entonces la probabilidad de arresto y la severidad de la pena pueden tener distintos efectos sobre los patrones de ocurrencia del crimen.

Un modelo es una simplificación de la realidad; el supuesto de racionalidad sobre el cual se basa el modelo económico del crimen no significa que un criminal elabora una hoja de cálculo detallada sobre los costos y beneficios antes de decidir si comete o no un crimen. Del mismo modo, un ladrón armado no lleva a cabo un análisis preciso de si disparar su arma afecta la probabilidad de ser atrapado, o si reducirá dicha probabilidad en un 10 o un por 20 por ciento. Pero está claro que si esa acción es capaz de reducir el riesgo de ser atrapado sin aumentar el castigo, es más probable que apriete el gatillo, ceteris paribus.

Este modelo también puede resultar útil para analizar las penas óptimas con el fin de reducir el crimen. Al igual que con las multas, la amenaza de la pena de prisión puede disminuir el número de crímenes al disuadir a los posibles delincuentes de cometer los mismos. Pero, a diferencia de las multas, los delincuentes encarcelados también reducirán el número de crímenes debido al efecto de incapacitación, como comentamos anteriormente.

En forma resumida, un criminal encarcelado no puede cometer delitos fuera del entorno penitenciario. Si la incapacidad es la principal fuerza detrás de la reducción del crimen, las autoridades podrían estar interesadas en analizar quién debe permanecer incapacitado. Por ejemplo, si es muy poco probable que presos de mayor edad, presos enfermos, o aquellos posiblemente rehabilitados (en caso que esto pueda determinarse) cometan nuevos delitos una vez puestos en libertad, desde el punto de vista de la eficiencia económica, hay pocas razones para mantenerlos en prisión. Si en cambio la disuasión es la fuerza principal detrás de la reducción del crimen, acortar la pena de prisión después del encarcelamiento conduce a un debilitamiento de la amenaza de castigo antes de cometer un delito. En consecuencia, un criminal racional es probable que se preocupe más por la sentencia real en prisión que enfrentará, en oposición a la sentencia anunciada. Entonces entender qué factores afectan más en la reducción del crimen (disuasión o incapacitación), y cuál es el costo de las diferentes políticas en una y otra dirección, es clave para poder asignar los recursos escasos de una forma más eficiente.

Enfoques Complementarios

Volviendo al tema inicial de esta entrada, en lugar de pensar en términos de “mano dura” versus “blanda”, es más útil clasificar las estrategias de control del crimen en cuanto a si intentan cambiar el entorno que determina los costos de incurrir en actividades criminales, o si intentan cambiar las propensiones individuales hacia el comportamiento criminal del potencial victimario a través de políticas de prevención, como por ejemplo aumentar el capital humano de los criminales potenciales (ver esta entrada previa al respecto), el tratamiento farmacológico, y  muchas otras intervenciones que persiguen disminuir la incidencia del número de crímenes.

Esta distinción entre la oportunidad de cometer el crimen y la propensión al comportamiento criminal nos ayuda a avanzar hacia un debate más pragmático que ideológico sobre la forma más eficiente de controlar el crimen, y también deja en claro que los enfoques llamados “duros” y “blandos”, que en esencia se refieren a acciones punitivas y de prevención del crimen, pueden ser complementarios.