La caída de la educación pública

Las rudas cifras

En la última década hay una tasa bastante constante de caída de matrícula pública, promedio 64 mil alumnos por año. En el mismo período el sector particular subvencionado ha ganado cerca de 30 mil alumnos anualmente. La diferencia se explica por caída demográfica.

En valor monetario de hoy, esto equivale a una pérdida acumulada de ingresos del 2004 a la fecha de US$ 1.100 millones… cada año. Esta caída de ingresos, asociada a una estructura de costos muy fija, explica el déficit monumental del sistema, frente al cual el bienvenido anuncio reciente del pago de algunos cientos de millones de dólares para deudas previsionales es, en la práctica, una gota de agua en el mar. Si esta caída de matrícula llegara a continuar 3 años más, se acumularía un déficit adicional de cerca de US$ 300 millones anuales.

Si se quiere detener y ojalá revertir esta caída, no por decreto, sino que mejorando las condiciones de las aulas públicas, es importante entender en detalle las causas del colapso. Aquí se presentan las diez acciones u omisiones que condujeron al mayor experimento mundial en la privatización deliberada de un sistema escolar. También proponemos once intervenciones urgentes para la solución… si da el tiempo antes del colapso definitivo.

Las causas del colapso económico e institucional

1. Municipalización irresponsable en los años 80, sin darle a los alcaldes las herramientas ni las obligaciones de gestión necesarias. Aunque hay casos ejemplares de buena gestión, si un alcalde descuida los asuntos escolares, no hace campañas de matrícula, tiene conflictos de interés, hace designaciones clientelares, o malgasta recursos, el MINEDUC ha carecido hasta la fecha de potestad jurídica para intervenir la situación.

2. La municipalización vino acompañada de un cambio de estatuto laboral para los profesores en los 80, que generó severas pérdidas previsionales y salariales, con la consecuente conflictividad gremial que perdura hasta hoy a pesar de sucesivos pero insuficientes aumentos salariales y bonos de retiro. Las frecuentes huelgas y paros contribuyeron adicionalmente a deteriorar la imagen.

3. Las rigideces laborales excesivas introducidas vía Estatuto Docente en los 90 se diseñaron para compensar el menoscabo recibido por los profesores públicos, pero en la práctica, dificultaron severamente la gestión del sistema municipal y mantuvieron los costos fijos y al alza.

4. El Estado no invirtió en nuevas escuelas públicas en zonas de rápida expansión urbana, dejando así el terreno libre para que esta demanda fuera cubierta por la educación particular subvencionada, p. ej. en La Florida o Alto Hospicio, con un financiamiento que en su mayoría provino de la Jornada Escolar Completa. El Estado le dejó el terreno libre a los privados, y financió esta expansión con mínimos requisitos de calidad o tamaño.

5. Gran permisividad, desde el 80 hasta hoy, para permitir que muchas escuelas particulares subvencionadas “descremaran” al alumnado, vía prácticas (legales o ilegales) de admisión o expulsión, de modo que los estudiantes menos aventajados o más conflictivos se hacinarán en las escuelas públicas, con el consecuente deterioro de clima, motivación y resultados. Esto incentivó a muchos apoderados para sacar a sus hijos de las escuelas públicas.

6. En los 90 se aplicó la política de copago o financiamiento compartido. Sin duda la más contradictoria reforma posible de un gobierno de centro izquierda. El “descreme de alumnos” ya no fue sólo de carácter académico o conductual, sino que además socioeconómico. Es sabido internacionalmente que los alumnos con mayor capital cultural rinden más. Se consagró así el sistema educativo más segregado del mundo, con muchas escuelas públicas convertidas en “guetos de desesperanza aprendida”.

7. En su última semana de gobierno, Pinochet decretó que los directores de escuelas públicas fueran vitalicios. La Alianza, por razones clientelares, vetó en el Congreso la concursabilidad de los mismos desde 1990 a 2005 en 3 ocasiones. Imagine los resultados de la gestión de una red de 5000 escuelas en que sus directores en realidad no le responden a nadie durante quince años.

8. Cada vez que el Estado legisló un incentivo para profesores, como bonos SAE, o bonos de retiro, lo hizo sin proveer los recursos correspondientes, o dándolos como préstamos contra la subvención, agravando las precarias condiciones financieras municipales.
9. Los aportes anuales dedicados específicamente a la educación municipal, que tanto critican los defensores de los colegios particulares por constituir una suerte de “favoritismo” hacia las escuelas públicas – y para reclamar por su “ineficiencia” – representan sólo un 20% del déficit anual generado por las políticas ya mencionadas.

10. Las políticas de “semaforización”, agravadas del 2010 en adelante, estuvieron claramente diseñadas para mostrar a las escuelas públicas como las de “peor SIMCE”, sin tomar en consideración la estructura del alumnado o las prácticas “descremadoras”. La prensa destaca anualmente a “las mejores escuelas del SIMCE” (o la PSU), regocijándose al señalar que prácticamente no hay escuelas municipales entre ellas, en una comparación técnicamente injusta. El SIMCE se transformó así en un instrumento de marketing, se deterioró aún más la imagen de las escuelas públicas y se agudizó el círculo vicioso.
La paradoja

Si se miran los resultados SIMCE o PISA en establecimientos de cada segmento socioeconómico, los resultados son en promedio muy similares entre ambos tipos de escuela. Esto rara vez se divulga. Si se lograra medir el impacto de las admisiones y expulsiones “descremadoras” (cuestión casi imposible) los resultados claramente favorecerían a las escuelas públicas. Dados todos los elementos negativos arriba mencionados, esto es casi incomprensible, y sólo explicable porque, junto con escuelas privadas excelentes, el libertinaje facilitó la creación de más de mil escuelas particulares pésimas y de tamaño sub-óptimo.

Decir entonces, como muchos lo hacen, que la educación privada es “de mejor calidad” o “más eficiente” que la pública, constituye un descaro de proporciones descomunales, alimentado por ideologías carentes de cualquier evidencia, así como por obvios intereses creados. Es como desangrar deliberadamente a un enfermo y después criticarlo por ser lento para correr la maratón.

Las once vías de solución

En el gobierno anterior hubo tres iniciativas legislativas, felizmente fracasadas, que agravaban aún más – y deliberadamente – la situación de la educación pública. Es novedoso que ahora todo el espectro político exija rescatarla… después de décadas de agresión por las cuales no se ha visto ninguna expresión de arrepentimiento o al menos reconocimiento del error. Enhorabuena, de todas maneras.

Hay una carrera contra el tiempo para prevenir el colapso definitivo. Las medidas anunciadas recientemente por el gobierno, y otras que restan por diseñar y aplicar, tomarán tiempo en rendir frutos. En el intertanto, paradojalmente, el fin del copago facilitará la transición de más alumnos del sector público al privado, especialmente con la extensión de la subvención preferencial hasta el 80% de estudiantes de menores recursos.
Si en los próximos dos o tres años llegaran a salir del sistema público los mismos 65 mil alumnos anuales, esto significará la pérdida adicional de 15% del financiamiento de las escuelas públicas, con cierres masivos de escuelas, lo cual agudizaría la conflictividad y el círculo vicioso.

Enumeremos once claves para abordar la emergencia, varias de las cuales están en diseño o trámite legislativo, pero insistamos, en una carrera contra el tiempo:

1) Darle a la brevedad (vía ley corta) mayores atribuciones legales al MINEDUC respecto al sistema municipal, a través de una nueva Agencia de la Educación Pública, incluso en forma previa a que la “desmunicipalización” se legisle e implemente.

2) Concentrar los esfuerzos en la formación, renovación y remuneración de directivos de excelencia tanto en las escuelas como en los sostenedores públicos, cualquiera sea su figura legal.

3) Tramitar a la brevedad la ley de desmunicipalización. Cada uno de los nuevos entes locales deberá tener un directorio y secretario ejecutivo, debe contemplar la responsabilidad administrativa y técnica pedagógica, y debe funcionar con un presupuesto propio, independiente de un eventual y voluntario aporte financiero de los municipios. Estas agencias deberán nacer además sin deudas de ningún tipo, y sin perjudicar el status laboral de los profesores. Su implementación deberá necesariamente ser gradual, aunque ojalá se legisle rápidamente.

4) Resolver los problemas financieros y las deudas de arrastre más acuciantes, para compensar el daño causado por esta agresión insólita y prolongada.

5) Impedir los “descremes” derivados de selección y expulsión, contemplados en el actual proyecto de ley en lo referente a Selección.

6) Otorgar (y financiar) generosos bonos de retiro a profesores auténticamente cansados, implantando simultáneamente rigurosos procedimientos de selección e inducción de nuevos docentes.

7) Aumentar comparativamente más las remuneraciones de profesores y directores que trabajen en escuelas vulnerables.

8) Impedir la creación de escuelas particulares sin requisitos mínimos de calidad y tamaño, tal como lo propuso la “Comisión Beyer” el 2010.

9) Coordinar los esfuerzos de diversas instancias municipales,regionales y ministeriales para el fortalecimiento de la educación pública.

10) Modificar la fórmula de cálculo de la subvención, incluyendo componentes por matrícula, asistencia (en rangos), número de aulas (de tamaños razonables), y complejidad del sostenedor, tanto para escuelas municipales como particulares subvencionadas, reflejando de mejor manera el verdadero costo de educar, morigerando la competencia desquiciada por alumnos, e induciendo mayor colaboración inter-escuelas.

11) Sobre todo, generar una nueva épica de la educación pública como símbolo de unidad nacional y de integración cultural del país.

Sabemos que es mucho pedir, y que es urgente. Pero la educación pública es la herramienta más poderosa para alcanzar la inclusión. No habrá solución a la dramática segregación social chilena sin una educación pública, gratuita y de calidad, capaz de atraer a estudiantes social, académica y culturalmente diferentes, en todos los barrios de Chile, de cualquier estrato socioeconómico.