Política Basada en Evidencia: tribulaciones de un creyente

@felbarrera

“Why is the quality of public debate so low, and why is it that the quality often seems to deteriorate the more important the stakes get”                                                                                                                                                                                                 P. Tetlock, Chapter 2, Thinking

Tetlock esgrime un argumento interesante: cuando no existen los datos, el debate sobre políticas públicas es liderado por ideología. Cualquiera puede dar cualquier opinión, y presentar la realidad de forma acomodada a sus creencias. La solución para aumentar la calidad del debate es proveer mejores datos e instrumentos de análisis. Confrontados contra la “evidencia”, los charlatanes van a quedar desenmascarados, y la calidad del debate debe aumentar.

Esta idea es muy similar al nuevo modelo de políticas basadas en evidencia: tener un buen modelo con implicaciones contrastables; realizar un piloto de intervención, por lo general controlada; probar el concepto y escalar. Las políticas que no funcionan se terminan o se modifican. Debido a evaluaciones rigurosas y datos de mejor calidad, los gobiernos y ciudadanos podrán saber qué sirve, y qué no, en políticas que les atañen. En esta medida, los gobiernos no tienen el lujo de hacer políticas inefectivas basadas en ideología.  Desafortunadamente, a pesar de más y mejor evidencia, el modelo de políticas basadas en evidencia tiene problemas de aplicación en educación. En educación, el debate ideológico prima sobre la evidencia.

El caso de las alianzas público privadas

Existe un relativo consenso en educación: existen fallas de mercado que hacen que la intervención del gobierno pueda mejorar el bienestar de los países. Además, la educación, como el gran ecualizador, puede disminuir la inequidad de oportunidades. No existe consenso en cómo el estado debe intervenir. Algunos gobiernos han tomado una posición pragmática: usar todos los instrumentos a su disposición para intervenir en educación. Una de las intervenciones utilizadas por varios países es formar alianzas público privadas.

La evidencia sobre los resultados de las alianzas público privadas no son tan altos como algunos personas quieren creer, pero ciertamente la participación del sector privado en educación puede beneficiar a la sociedad como un todo. Por un lado, las alianzas público privadas pueden dar resultados positivos, dependiendo del diseño del contrato: existe evidencia de intervenciones altamente positivas, así como intervenciones con ganancias más focalizadas y menores (Muralidharan: link). Por otro, aun en los casos en los cuales los colegios privados dan resultados similares a los públicos, estos son altamente costo-efectivos: para el mismo resultado, los colegios privados tienen menores costos (el argumento lo desarrolla Caroline Hoxby The Economics of School Choice).

Estos resultados positivos tienen que tomarse con cautela debido a la posibilidad de “sorting” cuando el sector privado interviene en educación pública: los mejores alumnos de los colegios públicos se pueden pasar a los privados. Sin embargo, este es un problema de diseño de política. Una discusión muy balanceada de estos problemas la hacen MacLeod y Urquiola.

Los colegios en concesión en Bogotá, Colombia, son ejemplos de una participación muy positiva de los privados en la educación pública. En 1999 el gobierno de Bogotá decidió dar en concesión 25 colegios públicos a agentes privados con reconocida experiencia en educación, mediante un contrato en el que primaba la calidad. El privado se comprometía a dar la prestación del servicio, con claras metas en pruebas estandarizadas de los niños. Estos colegios fueron hechos por el gobierno en zonas de alta pobreza.

Existen dos evaluaciones de estos colegios. Si bien es cierto que los datos de la primera evaluación tienen varios problemas insuperables (publicada por MIT press), la segunda evaluación de Bonilla –con mejores datos y una estrategia de identificación más sólida—da resultados muy similares a la primera evaluación: al cabo de 10 años, los colegios de concesión reducen significativamente la tasa de deserción; mejoran los resultados de las pruebas estandarizadas; y un mayor porcentaje de sus alumnos va a educación terciaria ( link ).

Los contratos de los colegios por concesión fueron firmados por 15 años. En el año 2011 un gobierno de izquierda ganó la alcaldía de Bogotá, y, a pesar de las evaluaciones existentes, la administración aún no toma la decisión de renovar los contratos de concesión. Es más, una de las primeras promesas del alcalde elegido en ese momento fue dejar terminar los contratos.

A pesar de la evidencia y los datos, la política se basa en ideología. Mi hipótesis es que, debido a que existen beneficios derivados de establecer ciertas políticas independientes de los resultados en la sociedad, algunas políticas no van a ser susceptibles de ser guiadas por evidencia. Grupos de extrema izquierda y derecha tienen incentivos para hacer caso omiso de la evidencia, y, lo que es más preocupante, cuando los grupos tienen poder político suficiente, utilizan una estrategia clara de desprestigio de los datos, los estudios y los investigadores, siempre que la evidencia está en contra de sus intereses.

Políticas basadas en ideología

Los detractores de políticas basadas en evidencia argumentan que la construcción de la evidencia es sesgada. En economía, como en otras ciencias sociales, el investigador tiene muchas oportunidades de acomodar los datos en favor al priori que él tenga. Decisiones como controlar por una variable o no en la regresión puede cambiar el resultado. O se pueden correr varias especificaciones, y presentar las que están de acuerdo con el sesgo ideológico del investigador. Esto es cierto. Sin embargo, una de las ventajas claras de hacer experimentos es que los investigadores tienen poco margen de maniobra al analizar los datos. Con aleatorizaciones, la especificación econométrica es muy simple y transparente. El margen de “maniobra” del investigador se restringe dramáticamente.

El segundo argumento es que la concesión es la privatización de la educación, en detrimento de los maestros (públicos). Es un argumento que se cae por su propio peso: primero, los colegios de concesión no implican menores recursos para los otros colegios públicos. Segundo, los colegios de concesión son públicos. En el argumento no se habla del objetivo final de la educación publica, el cual es garantizar a cualquier estudiante el acceso a educación básica de buena calidad.

Otro argumento utilizado ampliamente es, en vez de discutir la evidencia, acusar al investigador de “neoliberal” (si la política es de derecha y los resultados positivos). La idea es descalificar al investigador, y, de paso, sembrar un manto de duda en los resultados. Es la más baja calidad de debate: no se debaten las ideas; se descalifica el interlocutor.

Hacia el futuro

De esta lectura pesimista se desprende una hipótesis: gobiernos de centro (izquierda o derecha) son más susceptibles de hacer políticas basadas en evidencia. Son mucho más pragmáticos; pueden hacer más caso de los datos. En contraste, gobiernos más cargados a los extremos van a atacar la evidencia cuando ella está en contra de sus políticas. Es más, el debate se va a polarizar, y va a perder objetividad.

Yo aún sigo pensando que las políticas públicas se pueden mejorar con un proceso de evidencia riguroso y con mejores datos. Siempre guardo la esperanza de gobernantes sensatos. Personas con ideología “lo que funcione”.