En medio de la vorágine electoral, se aprobó recientemente la modificación 100 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS 100), que amplió en 10.200 hectáreas el radio urbano de la capital.
Pese a destinar un 24% de esta superficie para parques y un 8% para viviendas sociales, y elevar las exigencias de urbanización, la noticia generó fuertes reparos por parte de académicos, parlamentarios y alcaldes.
Esta discusión es necesaria y puede ser un aporte en la medida que separemos las críticas sin fundamento, de aquellas que sirven para mejorar nuestro alicaído sistema de planificación urbana.
Partamos por las primeras, que a estas alturas son verdaderos mitos urbanos. El más común asume que Santiago acelerará su crecimiento con esta ampliación del radio urbano, reforzando el centralismo que tanto preocupa a nuestros políticos en época de elecciones.
La verdad es que solamente por crecimiento vegetativo, Santiago sumará un millón y medio de habitantes en los próximos 20 años, y ello ocurrirá exista o no PRMS 100. La única forma de evitarlo es mejorando el atractivo de las regiones para atraer migraciones y, en este desafío, el tamaño del radio urbano no tiene ninguna relevancia.
La segunda crítica asume que Santiago crecerá de forma inorgánica, ya que el PRMS 100 extenderá la ciudad como una “mancha de aceite”. Este temor proviene de la década de los 90 cuando la capital avanzaba sobre suelos agrícolas anexando miles de casas.
La realidad actual es muy distinta. Como lo anticipamos hace años, el 65% de los hogares prefieren vivir en departamentos o viviendas usadas, así que la “mancha de aceite” queda reservada para el 35% que busca casas nuevas y que no pueden pagar por vivir en el barrio alto.
Para ellos, la oferta de suelos del PRMS es mejor y más cercana que las 17 mil hectáreas disponibles en Colina, Lampa, Til Til, Buin o Peñaflor,donde se están construyendo las nuevas “ciudades dormitorio” a dos horas de viaje, sin transporte público ni parques, y sin ninguna polémica ni cartas a los directores de diarios.
Podríamos seguir enumerando los males que se asocian al PRMS 100, pero es mejor concentrarse en las críticas fundadas que se han realizado a esta modificación. La más relevante dice relación con las escasas atribuciones que tiene un plan regulador para permitir un desarrollo urbano de calidad. En primer lugar, no puede garantizar la ejecución de avenidas, consultorios, escuelas o recorridos de transporte público para las áreas de crecimiento que propone,ya que estas iniciativas dependen de varios ministerios que no operan coordinadamente.
Sin potestad para definir inversiones, los planes reguladores chilenos se limitan a definir normas y exigencias para los desarrollos inmobiliarios privados y, por ello, el PRMS 100 les transfiere a éstos la responsabilidad de levantar servicios, viviendas sociales o nuevas áreas verdes.
Un plan regulador intercomunal tampoco puede fomentar la recuperación de zonas centrales subutilizadas o promover un crecimiento de calidad hacia el interior de la ciudad, ya que no tiene facultades para asignar subsidios, modificar alturas o diseños de edificios, o ejecutar proyectos que mejoren el entorno.
Increíblemente estas atribuciones se han reducido en los últimos 10 años. Un cambio legal limitó el ámbito de acción de los planes reguladores sólo a las zonas urbanas, dejando gran parte del país sin ningún tipo de ordenamiento territorial.
Otra modificación le fijó un plazo a las reservas de suelo para futuras avenidas o parques, obligando a los municipios a asignarles usos inmobiliarios si no se concretan, lo que ocurrió en la mayoría del país.
Estas falencias se conocen hace años y nadie ha hecho algo por cambiarlas. Esperemos que la preocupación generada por el PRMS 100 se transforme en un incentivo para que autoridades y académicos pasen del lamento a la acción, y podamos contar con un instrumento de planificación que se haga cargo de los desafíos que enfrentarán nuestras ciudades para crecer de forma sustentable.
