Del acuerdo agrario de La Habana al pacto agrario de Bogotá

Lo planteado la semana pasada en el acto de lanzamiento del Pacto Agrario por el Gobierno Nacional en respuesta al paro agrario campesino y lo acordado entre los negociadores del Gobierno y las FARC en la Habana tienen similitudes en su contenido. Querría decir que el Gobierno está ¨matando dos pájaros de un tiro¨.

En particular, ambos plantean la necesidad de corregir la brecha rural-urbana en ingresos y calidad de vida, teniendo para ello que ponerse en marcha un ambicioso programa de desarrollo agrícola y rural con enfoque territorial, queriendo decir esto último que siendo Colombia un país tan diverso en su geografía y en la cultura de sus pobladores,  ese programa deberá construirse con las especificidades de cada región.

Sin embargo, en el lanzamiento del Pacto Agrario brillaron por su ausencia los dirigentes del movimiento campesino. Enviaron un par de voceros para advertirle al Gobierno que mientras no se cumpla lo pactado en las mesas de negociación no se sumarán a este Pacto y por el contrario pueden volver en los próximos días al Paro Agrario.

Lo primero entonces es que el Gobierno les cumpla. Lo segundo es que se empiece a construir ese programa de desarrollo agrícola y rural. Esto quiere decir que una parte de lo acordado en la Habana se pondría en marcha violando el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado.

Pero para ser sinceros poner en marcha ese programa es bastante complejo. Cuáles son los principales cuellos de botella  que hay que resolver para desatar el potencial de crecimiento de la agricultura campesina?

Estamos hablando de alrededor de 2.5 millones de campesinos, la mayoría con  limitación de tierra, las más de las veces informal, una alta proporción sin acceso a crédito ni asistencia técnica, con bajo nivel educativo, ausencia de riego, precario manejo fitosanitario y de  post cosecha, bajo nivel de asociatividad necesario para ganar en economías de escala en la comercialización  y poder de negociación sobre los precios de los insumos y la producción final, deficientes vías de comunicación, carencia de sistemas de información.

Resolver los problemas anteriores requiere de liderazgo, voluntad política, recursos, y una institucionalidad nacional y territorial adecuada. Al presente gobierno le quedan 11 meses de su mandato para actuar. Algunos temas de la agenda no parten de cero. El recién nombrado Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural tiene sobre sus hombros la responsabilidad de poner a andar este acuerdo, y los gobiernos que sean elegidos en los próximos  períodos deberán continuarlo. De lo contrario Colombia seguirá con el lastre de tener una sociedad segregada entre lo urbano y lo rural.