La política económica mexicana esta orientada a evitar la inflación. En consecuencia, ésta ha descansado principalmente en la política monetaria del Banco de México y ha desatendido la gama de instrumentos con que cuentan las políticas fiscal, industrial,  educativa, de infraestructura, de energía, de investigación, distributiva y otras.

El control de la inflación fue probablemente la principal recomendación del Consenso de Washington. El argumento descansa en tres premisas: a) la inflación es costosa y debe abatirse, b) la inflación al alza tiende a acelerarse y salirse de control, c) es muy difícil revertir las alzas en la tasa de inflación.

Estas premisas han sido contrastadas empíricamente y la evidencia muestra que las altas tasas de inflación son costosas cuando rebasan niveles del 40% anual; los países caen en una trampa de alta inflación y bajo crecimiento (Bruno & Easterly 1998). Pero por debajo de esos niveles existe poca evidencia de que la inflación sea costosa (Barro 1997, Fischer 1993).  Otros estudios (Akerlof, Dickens y Perry 1996) sugieren que el desempeño económico a bajas tasas de inflación es mejor que a tasa cero.

La evidencia empírica sobre la teoría aceleracionista indica que los aumentos en la tasa de inflación no guardan relación con  los aumentos anteriores de la misma. Así, si bien la evidencia indica que evitar que la inflación se eleve a altas tasas debe ser un objetivo fundamental de la política, abatir las tasas de inflación a niveles muy bajos no suele mejorar el funcionamiento de los mercados. Tales políticas pueden llevar a arreglos institucionales que reduzcan la flexibilidad económica y no conducentes a alcanzar  mayores tasas de crecimiento en el mediano plazo; en ocasiones llevando a descuidar  fuentes de inestabilidad tal como la debilidad del sector financiero.

Alan Greenspan comento hace tiempo que la tasa de inflación es tolerable cuando las expectativas inflacionarias no afectan las decisiones de gastar, ahorrar o invertir de la mayoría de la gente. En otras palabras la tasa de inflación es tolerable cuando pasa desapercibida. Dicho comentario poco ortodoxo, implica que la mayoría no presta atención a un poco de impuesto inflacionario ni a un poco de ahorro forzoso. Una baja tasa de inflación aumenta la potencia de la política monetaria ya que permite que en ciertas circunstancias el banco central instrumente tasas de interés negativas en términos reales, es decir, menores a la tasa de inflación.

La preocupación por la estabilidad de precios nos ha llevado a un estancamiento que se perpetúa. En esencia, la política fiscal simplemente se ha subordinado a la monetaria en la búsqueda de los equilibrios presupuestales para asegurar la estabilidad de precios y la sustentabilidad de la deuda publica.

Este año, el Banco de México ha anunciado que la tasa de crecimiento económico se reducirá a la vez que la tasa de inflación cae. También se ha señalado que el gasto público disminuye y el desempleo va en aumento. Podría seguirse una política fiscal más expansiva, pero se piensa que ello pondría en riesgo la estabilidad de precios y la confianza en la economía, ya que se elevaría la deuda publica.

La sustentabilidad de la deuda pública depende de su nivel y de su tasa de crecimiento. ¿Puede seguirse una política fiscal expansiva sin provocar una crisis financiera? La respuesta la da el llamado “espacio fiscal”.  Es decir, la capacidad de aumentar la deuda publica sin incurrir en grandes desequilibrios que provoquen una crisis de confianza. Esta depende de la recaudación fiscal, del tamaño de los mercados financieros nacionales y el prestigio o credibilidad del gobierno como deudor.

¿Cuál es el déficit fiscal sostenible? Este es difícil de precisar. Algunos economistas conservadores como K.Rogoff y C.Reinhart, son partidarios de no tener déficit importantes; y desde luego hay casos de elevado servicio de la deuda pública en que esto parecería ser lo más prudente.

Pero esa condición no se cumple en un país con amplia capacidad ociosa, tasas de crecimiento a la baja, elevados niveles de pobreza y altas tasas de desempleo. Estos son factores a tomar en cuenta. En dichas circunstancias sería difícil sostener que todo aumento en el déficit fiscal provocaría presiones inflacionarias. Tampoco puede sostenerse que elevaría las tasas de interés de manera significativa, que por cierto están a varios puntos por encima de las de 0.25% y de 0.5% que prevalecen en los EEUU y en Europa. Aducir eso seria como sostener que no podríamos enfrentar una recuperación económica sin altos riesgos inflacionarios.

¿Tiene México “espacio fiscal” para elevar su déficit y deuda publica en digamos 3% del PIB? ¿Podríamos sostener un déficit del 5%  del PIB? La respuesta la da el aumento en el servicio de la deuda resultado de elevar el déficit fiscal. ¿Cuál es el nivel actual de la deuda publica total y cual es el nivel de servicio de la deuda sostenible?

El Banco de México estima que el nivel actual de la deuda es de 39% del PIB. Si el déficit se elevara en 3% del PIB –y si a pesar del mayor gasto en inversión y en consumo, ni el PIB ni la recaudación fiscal aumentara, lo que parece muy poco probable– la deuda pública como proporción del PIB se elevaría en 3%. ¿Sería este un aumento sostenible? ¿Seria este un nivel de endeudamiento que provocaría un alza en las tasas de interés? o ¿una crisis de confianza y de balanza de pagos?

Con una tasa de inflación del orden del 3.6% anual y una tasa de interés de los Cetes del 3.8-3.9%, la tasa real de interés de la deuda publica es muy cercana a cero. El servicio de la deuda pública en términos reales se elevaría en menos del 1% del PIB y permanecería a niveles bajos aun sin tomar en cuenta el efecto multiplicador del gasto público sobre el crecimiento del PIB y  la recaudación fiscal.

Desde luego, los mayores  recursos fiscales permitirían financiar mayor gasto en inversión pública, en mejorar la infraestructura, crecimiento, empleo, educación, y otras necesidades. El mayor crecimiento y empleo tendería a elevar la confianza en la economía, y por lo tanto la inversión privada.

Para dar resultados adecuados el gasto público debe estar orientado a actividades socialmente rentables que no se estén actualmente llevando a cabo por el mercado. Esto es un reto en sí mismo. Pero esta discusión debe darse y no dar por hecho de que una baja inflación debe ser la prioridad de una economía en estancamiento.