¿Una primavera en otoño?

«Los hechos son subversivos.» Es el título de uno de los últimos libros de Garton Ash, uno de los más reconocidos «historiadores del presente». «Los hechos son subversivos… porque subvierten los argumentos tanto de los líderes elegidos democráticamente como de los dictadores… Debido a que subvierten las mentiras, las medias verdades y los mitos de aquellos de palabra fácil». A la luz de esta reflexión es que trato de entender lo que está pasando en Brasil: a partir de la irrupción de un movimiento de masas no partidista, de escala nacional, que cualquier científico social pudo haber previsto y de cuyo alcance también se sorprendieron los jóvenes que lo comenzaron. Por no mencionar, por supuesto, la perplejidad de las autoridades públicas – los gobiernos municipales, estatales y el federal, así como el Congreso – a quienes está dirigido. Y, sin embargo, uno de los retos para el analista es, precisamente, explicar por qué es percibida por la población urbana medianamente informada, como «la crónica de un levantamiento anunciado».

Por lo tanto, cabe explicitar las cuestiones en torno a las cuales se articula esta reflexión. En primer lugar, ¿de qué forma se puede caracterizar este movimiento social y cuáles son las razones de la perplejidad generalizada? En segundo lugar, ¿qué tiene de específico para el contexto brasileño y qué es común con otros movimientos similares? Dejo para otra ocasión dos cuestiones también relevantes: ¿hasta qué punto esta explosión de descontento inaugura un proceso de transformación? ¿Cuáles son los mitos y verdades a medias que socava el proceso y, eventualmente, terminó de revelar?

Una de las características más sorprendentes es la fuerza gravitacional de un movimiento iniciado por jóvenes de clase media, a partir de una reivindicación tópica y geográficamente localizada. Desde esta perspectiva, es necesario explicar el contraste entre, la creciente densificación de la lista de demandas y la escala nacional adquirida, por un lado, y por el otro el movimiento social originario. Como es sabido, este último detonó el 6 de junio en San Pablo a través del Movimiento Passe Livre (MPL), impulsado por el aumento de las tarifas de los autobuses, de un orden de 0,20 reales (0,9 centavos de dólar), menor a la inflación. Se trata de un movimiento originado por el Foro Social Mundial de 2005, el cual reivindica el transporte público gratuito, y que en su origen congregó a los partidos disidentes del PT de Lula, por la izquierda. En cuestión de días, adquirió escala nacional, atrayendo habitantes urbanos no organizados, con un total de más de 90 ciudades participantes. Con esto, la lista de demandas adquirió una mayor dimensión, más allá de la reducción de las tarifas de transporte, y se registró una adhesion de más de un millón de manifestantes. Un factor crítico del éxito fue la transformación previa de MPL en un movimiento urbano no partidista, respaldada por el uso intensivo de esta imagen como su principal activo político. Una imagen que dejó de ser virtual. Se puso a prueba a los que se unieron al movimiento a lo largo de estos días: se les prohibieron los intentos de apropiación de su causa a los partidos específicos, tanto a los disidentes del PT de izquierda, como al propio PT.

Basta con citar Hash Tags en Twitter – el principal instrumento de un convocatoria-, el contenido de los carteles y el boca a boca para detectar el alcance de las reivindicaciones, la densificación de la crítica y también saborear un poco del sentido del humor brasileño. Las Hash Tags más populares indican: #SaliALaCalle, #SeDespertoElGigante, #CambioBrazil. Entre los carteles y consignas se lee: «No es Carnaval, Brasil está cayendo en la realidad!», «La ciudad muda, no se muda», «Estadio ya tenemos… ¿vamos a construir un país en torno a ellos?», «Queremos hospitales y escuelas standard FIFA»,» Un maestro es mejor que Neymar», «Si vamos a importar médicos cubanos para mejorar la salud, queremos políticos suecos para poner fin a la corrupción», «Abajo con la impunidad», «Abajo el PEC 37», «En un país rico, los pobres no tienen auto y los ricos usan el transporte público» y «Tantas cosas malas, que no entran en el cartel».

La fuerza de gravitacional del movimiento, iniciado por jóvenes de clases medias emergentes y tradicionalistas, por supuesto, no se reduce a la eficacia de la movilización de las redes sociales. Ciertamente, hay una combinación de factores: socioeconómicos, políticos e institucionales. Ya había síntomas anteriores del descontento: el abucheo en el estadio Mane Garrincha, con el que los fans paralizaron el discurso de la presidenta Dilma, seguido del abucheo al Presidente de la FIFA, Sepp Blatter, en la inauguración de la Copa Confederaciones. Y las dos bajas sucesivas en el índice de aceptación del gobierno, entre aquellos que lo consideraban bien o excelente, de un 65% a un 30% (Data Folha).
Es innegable que la ineptitud de la policía militar de Sao Paulo y Río de Janeiro, en el segundo día de manifestaciones, utilizando gases lacrimógenos, aerosoles de pimienta y balas de goma, fue un factor importante para hacer estallar un movimiento de solidaridad activa entre la población (Ver video de la represión policíaca). Pero también deseo resaltar lo que considero como el efecto políticamente persuasivo de los problemas económicos, porque contribuyen tanto al origen del movimiento como a su grado de adhesión. Durante 2012-13 la inflación tendió a superar el techo máximo establecido por el régimen de objetivos, fijado en un 6,5%, el cual hoy se ha convertido en un mínimo para los fijadores de precios, sin una política fiscal expansiva del gobierno que indique un cambio de dirección. Hasta el momento, se centró en la elección de un modelo de crecimiento en base al consumo y una estrategia relativamente opaca por el cual los bancos públicos aplican una «selección de ganadores». Más que eso, ya que los jóvenes no tienen memoria de la inflación (que los padres y abuelos sí tienen), existen abundantes razones para creer que lo que estaba en cuestión era y es la calidad del gasto público. A juzgar por los reclamos, pesaron mucho los gastos de la Copa 2014, que involucra inversiones cuyo cálculo supera los 27 mil millones de dólares, según datos oficiales. Esta cifra es tres veces superior a lo gastado en Copa de Sudáfrica y dos veces a la realizada en Alemania, resultando en un lucro de 4 billones de dólares para la FIFA. Por lo tanto, la indignación expresada en las marchas se debe a una creciente toma de conciencia del contraste entre la carga impositiva del 36,6% del PIB – la más alta en América Latina y entre los BRICS – y el nivel de los servicios públicos, el transporte público, la educación y la salud. La cuestión, por tanto, radica en la protesta de los ciudadanos que los utilizan, pero no es sólo eso. También hay una nueva situación que afecta a las clases medias emergentes de una manera específica: pagan impuestos, pero se han visto obligados a recurrir a los sistemas privados de salud y de educación superior, que están lejos de ofrecer los beneficios que las empresas relevantes venden. En resumen, mi hipótesis sostiene que llegó a las calles el modelo de crecimiento inaugurado en 2006 por Lula y exacerbado tras la crisis de 2008, basado en incentivos fiscales y crediticios orientados al consumo de la clase media emergente, concentrado especialmente en la compra de automóviles. Lo que finalmente se agotó, se entiende, es la eficacia de dicha agenda económica en términos políticos y electorales. Esto se debe a los siguientes factores: el nivel de endeudamiento de los usuarios de crédito fácil, concedidos por los bancos públicos subvencionados por el Tesoro, la evidencia de que este modelo es más sensible a los lobbies de la industria del automóvil en Brasilia, la presencia de un excesivo tráfico en ciudades como Río de Janeiro, Sao Paulo y en ciudades de tamaño medio, como Recife y Salvador, donde las redes de metro son mínimas y la dependencia de las redes de autobuses es casi total. ¿Son estos los primeros signos de que las clases medias, tradicionales y emergentes, están en proceso de desarrollar una agenda post-Lula (según lo sugerido por Elio Gaspari, uno de los periodistas más influyentes de los medios de comunicación brasileños)? Es una pregunta abierta, para ser investigada.

Otros dos grupos de factores, políticos y político-institucionales, explican la magnitud de las manifestaciones, y en especial la negativa de los participantes a dejarse guiar por la agenda de los partidos considerados como populares. A juzgar por la diversificación de la lista de demandas, la adhesión de los «no-organizados» y las respuestas iniciales de las autoridades competentes y el Congreso, en los últimos días, es todo lo contrario. Es un movimiento que está buscando respuestas inmediatas de los gobiernos municipales, estatales, federal, y por parte del Congreso. ¿Por qué es eso? Mi hipótesis es que la voz de la calle ha sido y es un «basta», lo que refleja la combinación de dos crisis: un déficit de legitimidad y una crisis de representación. Ambos fueron ignorados por las autoridades, que se manejaron por cuenta de su propia agenda en función de sus prioridades electorales. Bastan unos pocos ejemplos para indicar el déficit de legitimidad que da al movimiento el carácter de «crónica de un levantamiento anunciado». Al mismo tiempo que el castigo efectivo a los «mensajeros», establecido por el Tribunal Supremo restableció la confianza en las instituciones, otras dos iniciativas atestiguan el «esprit de corps» de las legislativas y los errores de cálculo del partido mayoritario en el gobierno, el PT. Por un lado, los diputados ya condenados del PT y la base aliada, insistirán en asumir sus cargos en el Congreso al inicio de la legislatura, mientras esperan el juicio de los recursos legales impuestos por sus abogados. Por otro, fue un diputado del PT quien presentó el PEC 37 – una propuesta de enmienda constitucional que reduce el poder de la investigación de la fiscalía-. Justamente la institución más activa en el proceso de rendición de cuentas legal de delitos en contra del interés público. Del mismo modo, el acuerdo entre los dos grandes partidos – el PT y el PMDB – permitió el nombramiento del actual presidente del Senado, Renan Calheiros (PMDB), objeto de reclamos y otras manifestaciones de la opinión pública motivada por la evidencia de tráfico de influencia y por su renuncia al mandato anterior con el fin de eludir un procesamiento legal de fraude y corrupción. Ambos ejemplos, a su vez, reflejan también a la complejidad de la cuestión, ya que sus protagonistas fueron elegidos o reelegidos y por lo tanto responden a “segmentos del electorado”. La cuestión, por tanto, recae sobre el sistema electoral y el sistema de representación.

Ante esta situación, me referiré a la respuesta correspondiente a la pregunta número dos, a saber, lo que es común con otros movimientos sociales y qué es especifico para este caso. Todos ellos tienen un carácter difuso y horizontal, los participantes más activos no se identifican bajo un liderazgo o dirección permanente, sino que ven a sí mismos como representantes ocasionales en pos de la defensa de una o varias causas, articulados por tecnología de movilización y el desplazamiento vía redes sociales. Lo que se aplica en concreto al levantamiento brasileño son cuatro características distintivas. En primer lugar, su fuerza gravitacional inesperada, es decir, su «poder de arrastre». En segundo lugar, se desarrolla en un marco democrático: el contenido de sus reivindicaciones está destinado a mejorar la calidad del gasto público y de la democracia brasileña, incluyendo las prácticas de la élite política. La tercera característica – la razón principal de perplejidad – es que se desarrolla bajo el dominio de un partido cuya legitimidad deriva de su identificación original con los movimientos populares. Por último, a juzgar por las recientes respuestas de las autoridades competentes y del Congreso, a pesar de los episodios de violencia policial (agresión y vandalismo), cabe mencionar la buena dosis de “responsiveness” o capacidad de respuesta por parte de las elites gubernamentales, una característica ausente ya sea en Turquía o inclusive en otros países democráticos. La suspensión de los aumentos de tarifas y la retirada de la PEC 37 de la orden del día del Congreso, por acuerdo de los líderes (en contraste con apoyo previo, estimado en el 70% de los diputados), son sólo dos ejemplos de esto.

¿Cómo explicar estas características? Obviamente no se explican por sí mismas, sino por las condiciones políticas e institucionales que las hacen posibles (o que exponen sus déficits). Una de ellas es la multiplicidad de instituciones que limitan los poderes de las élites gubernamentales. Los pesos y contrapesos no se circunscriben a la autonomía relativa del sistema de judicial, incluido el Poder Judicial y el Ministerio Público. Otras instituciones producen indicadores y encuestas con suficiente autonomía y experiencia, divulgada por los medios razonablemente competitivos. Son estos el Banco Central, el IBGE, los diversos consultores económicos y políticos cuyos análisis son accesibles por Internet, las organizaciones no gubernamentales centradas en el control de las actividades del gobierno y de la literatura periodística especializada. Medios competitivos, filtran y hacen accesibles los datos y la información pertinente casi al instante. Esta es la forma en que los hechos y fechorías de las élites políticas llegan a las calles.

Si bien es cierto, sin embargo, que uno de los motores de la democracia – la competencia política – está presente en buena parte en Brasil, el otro motor – la participación política – se tornó característicamente deficiente en los últimos 12 años. La autonomía de los movimientos sociales establecidos – básicamente el movimiento sindical y la Unión de Estudiantes – fue absorbida y parcialmente integrada en el aparato estatal y el sistema construido por los intereses de los gobiernos actuales. A través de fondos canalizados, sin el requisito de rendición de cuentas, incluso han sido acallados. Dada la cooptación de estos sistemas de interés, no es de extrañar, pues, el «basta» al cinismo, al blindaje de la corrupción política, a las formas de lavado, ni la aversión de los manifestantes frente a los partidos políticos – ciertamente preocupante.