Sobre la independencia del poder judicial, el rol de la política and all that

La independencia del poder judicial es una pieza clave del Estado de Derecho. Hay múltiples explicaciones de por qué algunos órganos judiciales pueden operar con mayor o menor independencia. Una razón muy importante, tanto a nivel teórico como empírico, y que quiero resaltar hoy en esta entrada, es el equilibrio de fuerzas políticas en la legislatura (ver Ferejohn et al. 2007).

Independencia del Poder Judicial y Estado de Derecho

El presupuesto filosófico del Estado liberal, entendido como Estado limitado en contraposición al Estado absoluto, es la doctrina de los derechos del hombre según la cual, por naturaleza, todos los hombres tienen algunos derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la felicidad, que aquellos que detentan el poder de ejercer la fuerza en nombre del Estado deben no solo respetar sino también garantizar. Esta doctrina es la base de las Declaraciones de derechos de los Estados Unidos de América (1776) y de la Francia revolucionaria (1789). Nótese, sin embargo, que el Estado liberal se refiere a los límites de los poderes (Estado de Derecho), y no a las funciones del Estado.

Más allá de si estos derechos fundamentales son naturales, en mi opinión, hay tres conceptos claros: primero, la idea de derechos fundamentales constituye una revolución analítica en tanto el problema del Estado ya no se analiza desde la perspectiva del poder soberano sino desde la de los súbditos. Segundo, aun sin mencionar el carácter natural de estos derechos, detrás del “velo de ignorancia”, durante un periodo reservado para el diseño constitucional, cualquier grupo que no posea la seguridad de tener una mayoría en el futuro, puede tener interés en la protección constitucional de esos derechos fundamentales. El argumento es que probablemente todo el mundo estaría mejor, detrás del “velo de ignorancia”, si la sociedad se rigiese por principios constitucionales bien definidos que estipulen derechos y deberes, los cuales podrían estar mejor protegidos, en particular para las minorías, por un poder judicial independiente que por  actores políticos que cuenten con el apoyo de mayorías transitorias. Tercero, una vez en control de una mayoría legislativa, este último grupo podría querer reducir el poder de las cortes. De esta forma, aislar el poder judicial de la manipulación política es necesario para preservar aquellos derechos individuales fundamentales. Esta cuestión es muy importante en el diseño institucional de un país, y forma parte de la arquitectura a través de la cual se sostiene el Estado de Derecho.

Nombrar jueces por una mayoría legislativa calificada, por ejemplo, tiene el efecto normativamente deseable de crear un poder judicial relativamente no-partidista, o al menos ideológicamente pluralista. Pero incluso en este caso, el espacio para la acción judicial autónoma está determinado por las normas que rigen la recomposición del mismo. Por ello, la reforma del Consejo de la Magistratura atenta directamente contra el mismo Estado de Derecho, tal cual lo señalamos acá.

Siguiendo a Ferejohn et al. (2007), definiremos la independencia judicial como la autonomía de los jueces frente a otros actores. En la medida en que un tribunal es capaz de tomar decisiones libres de la influencia de otros actores políticos, y de perseguir sus objetivos sin tener que preocuparse por las consecuencias que puedan generar otras instituciones, es independiente.

Independencia Política

Los políticos electos cuentan con una variedad de herramientas que pueden utilizar para influir en las acciones de los tribunales, como nombrar jueces de su agrado, aprobar leyes que anulen sentencias judiciales, o incluso modificar la Constitución. Pero los políticos solo son capaces de llevar a cabo estas acciones en la medida en que puedan acumular los votos legislativos necesarios en cada caso. Nuevamente, vemos la importancia de balancear la distribución del poder político en una sociedad. En una democracia, no es bueno que un partido político concentre demasiado poder.

Chávez et al. (2004) encuentran, de hecho, que el patrón de activismo judicial en los EE.UU. es una consecuencia previsible del grado de cohesión de las otras ramas del gobierno. En Argentina, Iaryczower, Spiller y Tommasi (2002) encuentran evidencia similar. Por ejemplo, señalan que, durante el gobierno de Alfonsín, la UCR fue legislativamente débil a causa de su condición de minoría en el Senado, y que el poder judicial declaró inconstitucional una serie de políticas importantes impulsadas por el gobierno de Alfonsín. Menem, en cambio, logró reunir mayorías en ambas cámaras del Congreso y, como era de esperar, los tribunales se volvieron dóciles. Menem incluso logró designar una Corte Suprema de Justicia adicta.

Dada esta línea argumental, creo que la situación actual en Argentina era previsible, y en parte, también responsabilidad del arco opositor. En 2011, la oposición se presentó demasiado fragmentada, permitiendo la gran cohesión política que ha venido mostrando el oficialismo a pesar del deterioro económico y social que se viene dando desde las últimas elecciones. Peor aún, en 2009 la oposición había logrado hacer una buena oferta electoral, con una alianza de centro-derecha y otra de centro-izquierda, pero estas alianzas duraron lo que un suspiro, defraudando a aquellos votantes que deseábamos un mayor control legislativo de la gestión kirchnerista.

Partidos Políticos

Lamentablemente, toda sociedad puede caer en una situación de gran concentración de poder político. No creo que existan arreglos institucionales que puedan librarnos de esa posibilidad. Sin embargo, creo que en la medida en que las sociedades se estructuren, institucional y organizacionalmente, de forma tal que se internalicen, en una medida razonable, los costos futuros de las decisiones presentes, es menos probable que las mayorías políticas transitorias puedan ignorar los mismos.

En otras palabras, dado que hay buenas razones para limitar la continuidad de un gobierno, este, más temprano que tarde, se enfrentará a un juego que no es repetido. Por ello, creo que la política, para ser fructífera, debe ser ejercida a través de partidos políticos relativamente estables que posean una mirada que supere la de un mandato de gobierno. Los partidos políticos pueden internalizar los incentivos de un juego repetido de una forma fundamentalmente distinta a la de un gobierno, inevitablemente efímero. Por supuesto, el marco institucional en el que operan estos partidos tiene un rol muy importante en la determinación de este juego repetido. Hay allí cierto espacio para la ingeniería institucional.

Para concluir, entonces, diré que sería deseable que los ciudadanos, a la hora de votar, pensemos no sólo en quién queremos que gobierne, sino también en quién queremos que controle a ese gobierno y cómo queremos que lo haga. Siempre es una buena idea dividir el poder. Es mejor que el Ejecutivo no pueda sancionar algunas reformas a que pueda terminar desvirtuando el Estado de Derecho. Y para lograr este objetivo, sería deseable contar con unos pocos partidos políticos relativamente estables, que tuviesen competencia interna, generándose grupos interesados en controlar al poder ejecutivo, tanto cuando este es ejercido por otro partido político como cuando es ejercido por el partido propio.

Referencias:

Ferejohn, F. Rosenbluth and C. Shipan (2007): Comparative Judicial Politics in The Oxford Handbook of Comparative Politics, C. Boix and S. Stokes (editors), Oxford University Press.

Chavez, J. Ferejohn and B. Weingast (2004): A Theory of Political Independent Judiciary, Mimeo.

Iaryczower, Pablo Spiller and M. Tommasi (2002): Judicial Decision Making in Unstable Environments, Argentina 1935-1998, American Journal of Political Science.