Dinero y política: ¿una gran oportunidad?

Publicado el 18 de mayo de 2013 en el suplemento Reportajes de La Tercera.

El escándalo por los pagos que recibieron algunos parlamentarios a cambio de su apoyo al grupo Angelini, en la reciente votación de la reforma a la Ley de Pesca, recién comienza. Sólo conocemos la punta del iceberg; la opinión pública tiene derecho a conocer todo lo sucedido. Se trata de una gran oportunidad para que emerja un liderazgo político transversal, que avance de manera decidida en transparentar la relación entre dinero y política.

Antecedentes

Según un reportaje publicado recientemente por Ciper, la diputada Marta Isasi recibió 25 millones de pesos de Corpesca, poco antes de apoyar a la empresa pesquera con su voto en cada uno de los artículos de la Ley de Pesca aprobada el 2012. La diputada confirmó que hubo un “aporte”, aunque afirma que el monto fue menor.

Francisco Mujica, en cambio, quien renunció esta semana a la gerencia de Corpesca, reconoció haber hecho pagos por el monto indicado a quien fuera el principal asesor de la diputada. “Fue una de las tantas asesorías que nosotros pagamos por investigaciones pesqueras”, explicó Mujica a Ciper, agregando que había realizado estos aportes a la diputada Isasi “y a muchos más”.

Investigación urgente

Es importante que el Ministerio Público inicie, a la brevedad, una investigación por el presunto delito de cohecho, designando un fiscal especial que investigue eventuales pagos de la industria pesquera a parlamentarios que participaron en el debate y la votación de la reforma de la Ley de Pesca.

Dicho fiscal debe comenzar por solicitar información de todas las consultorías contratadas por el Instituto de Investigación Pesquera del Norte, Inpesnor, dependiente de Corpesca, ya que según el informe de Ciper, esta habría sido la vía para triangular recursos hacia los parlamentarios.

¿Quiénes son los parlamentarios, familiares de parlamentarios o asesores de parlamentarios que recibieron pagos de Inpesnor durante la última década? ¿Cómo votaron los parlamentarios favorecidos, directa o indirectamente, por los pagos de Inpesnor en la reciente reforma a la Ley de Pesca? ¿Los informes que prepararon, justifican los pagos que recibieron o se trata de pantallas para ocultar pagos ilícitos? La ciudadanía tiene derecho a conocer esta información.

Transparentando el financiamiento

El caso Corpesca-Isasi ha dejado de manifiesto las principales falencias de la legislación que regula el financiamiento de la política (leyes 19.884 y 19.885).

El financiamiento privado se canaliza, principalmente, mediante las donaciones reservadas, las cuales supuestamente aseguran que los candidatos no conozcan la identidad de los donantes. La diputada Isasi ha reconocido que recibió donaciones de Corpesca para su campaña, dejando en claro que, en la práctica, las donaciones reservadas no son tales.

Es hora de abandonar la quimera de las donaciones reservadas y optar por transparentar el financiamiento de los candidatos y los partidos. También, debiera prohibirse que las empresas financien la política, quienes votan son los ciudadanos y son ellos quienes debieran tener el derecho de contribuir a las campañas y partidos, no las empresas. ¿Qué beneficio social puede tener que una empresa como Corpesca financie las campañas de los parlamentarios o directamente a algún partido?

Financiamiento público

Un tema clave para mejorar la calidad de la política en Chile es que el Estado financie a los partidos. Dicho financiamiento debe ir condicionado a una transparencia total en el funcionamiento interno de los partidos y a una regulación exigente sobre cómo pueden gastar dichos recursos.

Justificar ante la ciudadanía la entrega de recursos públicos a los partidos será difícil, sobre todo, dada la seguidilla de conductas impresentables que ha tenido la mayoría de los partidos en tiempos recientes. No obstante lo anterior, se trata de un tema donde vale la pena que los líderes visionarios se jueguen su capital político. Porque los pagos que recibió la diputada Isasi y, eventualmente, otros parlamentarios, probablemente, son una pequeña fracción de las rentas de todos los chilenos que terminaron en manos de unas pocas empresas, gracias a las votaciones de estos parlamentarios.

La importancia de que los partidos tengan financiamiento estatal es un tema que lleva años en la agenda. Uno de los primeros en plantearlo fue Edgardo Boeninger, en una de las últimas iniciativas en que participó poco antes de su muerte. La propuesta también fue recogida por el CEP y Cieplan en su reciente libro sobre financiamiento electoral. El gobierno actual, en cambio, informó que su proyecto para reformar la ley que rige los partidos políticos desde 1987 no contendrá el financiamiento público.

Un nuevo Servel

Mientras el Servicio Electoral (Servel) no estime en terreno los gastos efectivos que realizan las candidaturas y los partidos, será imposible avanzar en erradicar las platas negras de la política. El siguiente ejemplo explica por qué.

Si un candidato gastó 500 millones de pesos en su campaña, 300 millones obtenidos de manera legal y 200 millones bajo la mesa, y luego rinde cuenta por gastos que suman 300 millones de pesos, no tendrá problemas con el Servel. Sólo si el Servel realizara una estimación en terreno del gasto efectivo en la campaña, concluyendo que dicho gasto excedió con creces los 300 millones declarados, podría detectarse que hubo platas negras. Pero en la actualidad, el Servel no realiza esta labor, porque no es parte de su misión, porque no tiene los recursos para hacerlo, o por el motivo que sea.

Una ley de lobby

Transparentar el financiamiento de la política debe ir acompañado de transparentar y regular el lobby que ejercen los grupos de interés sobre las autoridades. En una columna publicada el 16 de junio de 2012 argumenté, junto a Daniel Kaufmann, que la iniciativa legal impulsada por el actual gobierno para regular el lobby contribuirá poco o nada a dicho objetivo. La propuesta del gobierno anterior en esta materia era más ambiciosa y estaba a la altura de las recomendaciones de la Ocde sobre el tema. Tal vez los eventos recientes permitan reponer esta iniciativa.

Capacidad de asombro

Las reformas fáciles quedaron atrás; para la etapa de desarrollo que viene, Chile necesita hacer reformas que, en su mayoría, afectan a grupos de interés bien organizados. Mientras no transparentemos la relación entre dinero y política, terminaremos con malas legislaciones, como sucedió con la Ley de Pesca, o sin legislación alguna, como sucede con una serie de reformas que no avanzan o ni siquiera llegan al Congreso.

Es por eso que la información revelada esta semana sobre el financiamiento de parlamentarios que apoyaron la Ley de Pesca provee una oportunidad única para avanzar en un tema donde los avances suelen ser difíciles y a propósito de escándalos.

Este tipo de escándalos sucede en todas las latitudes, la diferencia está en la capacidad de reaccionar, donde existen dos tipos de países. Aquellos donde impera un cinismo total y simplemente no hay avances, como Argentina, y aquellos que aprovechan estas oportunidades para avanzar decididamente. En el pasado hemos demostrado, como país, una sana capacidad de asombro, que se tradujo, gracias a un liderazgo político transversal, en avances importantes.

¿Estaremos nuevamente a la altura?