Los controles de precios en cierta perspectiva

La historia argentina es prolífica en controles de precios. Teniendo en cuenta que la inflación promedio mensual desde 1943 hasta 2012 fue 4,35%, tal instrumento difícilmente pueda juzgarse efectivo desde una perspectiva de largo plazo. Observados uno a uno, los distintos experimentos donde se aplicaron controles de precios tienden a ser poco efectivos incluso en el corto y mediano plazos, siendo las excepciones aquéllas donde las políticas monetaria y fiscal promovieron un alivio de las tensiones inflacionarias pre-existentes.

En efecto, en la Figura 1 se puede verificar que en el período 1967 a 1989 sólo hubo plena libertad precios un 10% del tiempo,[1] con un 20% de tiempo adicional caracterizado por regímenes de precios vigilados (con intervenciones potenciales, aunque no efectivas), mientras que en el 70% del tiempo restante hubo distintas formas de intervención oficial sobre los precios de la economía (en orden de intervención creciente, acuerdos de precios, controles, pautas, valores máximos y congelamientos).

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Por otra parte, yendo un poco un poco más atrás en el tiempo, la Figura 2 permite aproximar los resultados de los distintos experimentos.[2] Sin pretender aquí ahondar sobre sus particularidades, puede observarse que en las siete experiencias destacadas en la figura los controles de precios permitieron reducir temporalmente la inflación respecto de los niveles vigentes en los meses previos, pero (salvo durante el gobierno de Alfonsín con la implementación del Plan Austral, y en menor medida también en las experiencias previas a los 1970s –en las cuales los niveles de inflación eran de todas formas relativamente bajos) no lograron contener dichos precios luego de abandonados los controles. Así, aunque la inflación promedio mensual durante las fases de control de precios promedió 6,5%, la inflación promedio post-controles no fue significativamente menor que la inflación promedio previa a los mismos (al tiempo que la inflación en los meses siguientes duplicó la inflación vigente durante los controles).

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Esta experiencia acumulada es relevante en el actual contexto económico, ya que en el mes de Febrero se ha dado inicio a una nueva fase de control de precios, en este caso por medio de un “acuerdo de precios” con los supermercados promovido por el gobierno nacional. Tal acuerdo inicialmente se previó por 60 días y limitado a los precios de venta al público, pero luego se extendió en plazos y verticalmente (incorporando varios productores de alimentos básicamente); se caracterizó además por el inédito compromiso de discontinuar la publicidad de las promociones y descuentos ofrecidos por parte de los supermercados.

A priori, la experiencia actual podría mostrar resultados positivos si se tiene en cuenta que, tal como ocurrió en las experiencias de controles de precios “relativamente exitosas” hasta fines de los 1960s, la inflación previa no es muy alta (en torno al 2% mensual según las estimaciones privadas). Además, en materia de medición de sus efectos, el compromiso de los supermercados para dejar de publicitar las promociones que ellos mismos venían implementando crecientemente en los últimos años (y que no eran correctamente captadas por las mediciones de precios previas) representa de hecho un acuerdo de reducción de descuentos efectivos (dado que serán ofrecidos y/o aprovechados con menor frecuencia), permitiendo así a los supermercados obtener mayores márgenes de rentabilidad sin que los precios nominales deban subir, y por lo tanto sin que ello se registre en las mediciones de precios en el corto plazo (incluso las privadas).

Sin embargo, teniendo en cuenta que la base monetaria ha crecido en torno al 35% anual en los dos últimos años, pese a que la demanda de dinero sólo se mantiene de manera forzosa gracias al cepo cambiario (que por otro lado no logró evitar una brecha entre el dólar blue y el dólar oficial superior al 50% en poco más de un año), resulta imposible pronosticar un resultado final auspicioso: la inflación post-acuerdo de precios, cualquiera sea la extensión del período durante el cual éste finalmente rija (seguramente hasta las próximas elecciones legislativas al menos), no tiene chances de ser menor a la inflación actual salvo que exista una rápida convergencia de las variables de política macroeconómica (fiscal y monetaria) hacia una inflación sostenible menor.

Todo esto, por otra parte, es materia conocida para cualquier analista o curioso medianamente informado sobre temas económicos. No hay siquiera debate entre (lo que históricamente se denominó como) “ortodoxos” y “heterodoxos” al respecto. Lo intrigante aquí es saber si este conocimiento es o no información compartida por los responsables de la política económica argentina. En efecto, tanto los argumentos “técnico-políticos” (sobre una inflación causada por la concentración económica, que serían graciosos si no fuesen postulados desde la presidencia del Banco Central) como los controles de precios puntuales observados crecientemente en distintos mercados durante los últimos años, no permiten asegurar que exista una cabal comprensión del problema inflacionario (o intenciones de resolverlo).

¿Cómo interpretar las acciones del gobierno? La lectura “más benévola” sería que creyera que el acuerdo de precios permitiría acuerdos paritarios “en línea” con una perspectiva inflacionaria menor: en tal caso, pese al cinismo y a los altos costos que ello igualmente impone a la economía (por la mayor inflación futura, y la demora en las inversiones privadas mientras tanto), se trataría de un gobierno que comprende que sólo está ganando tiempo, y prepara una solución sólida para el momento que considere políticamente más oportuno. Sin embargo, tal interpretación no está exenta preguntas y dudas: ¿También quiso ganar tiempo el gobierno con la adulteración del IPC del INDEC en Enero de 2007? ¿Estará en algún momento dispuesto el gobierno a sacrificar el cobro del impuesto inflacionario que le permite ejercer su poder político sobre los gobiernos locales? ¿Por qué se demora tanto en aplicar una política económica mínimamente coherente?

Difícil saber cuál sea la verdad, pero no pasará mucho tiempo hasta que una rectificación del rumbo sea impostergable (o que sigamos sorprendiéndonos con nuevas ocurrencias cada vez más dañinas para la economía y la sociedad en su conjunto).

 


[1] Ver FIEL (1990): Control de Precios e Inflación, Ediciones Manantial.

[2] Los períodos de control de precios considerados en la Figura 2 contienen, en algunos casos, fases con distinto grado de intervención y sub-períodos con cierta relajación de controles (por ejemplo durante la primera mitad del gobierno de Alfonsín), pero se consideró apropiado agrupar las situaciones en sólo siete experiencias donde no hubo suficiente libertad de precios (y por el contrario existieron importantes esfuerzos aplicados a la política de ingresos y a hacer efectivos los controles de precios). Así, dentro de los 697 meses que contiene el período 1943-2012, hay 170 meses (un 20% del total) donde se aplicaron controles de precios suficientemente generalizados y relativamente estrictos.