Por Eduardo Bitran y Guillermo Paraje. Publicado por El Mostrador, 18 de de enero de 2013
El rechazo de la Cámara de Diputados a los componentes principales de la reforma a la Ley de Isapres, propuesta por el gobierno, se justifica dado que la reforma no aborda los principales problemas que aquejan el sistema privado de seguros de salud. El fallo de la Corte Suprema abre la posibilidad de lograr una reforma sustantiva del sistema de Isapres que corrija los abusos y la interacción perversa con el Fonasa. No obstante, el Presidente de la República, contrariando incluso la opinión expresada por su ministro de Salud, en el sentido de que esta reforma debería quedar para el próximo Gobierno, insiste en un proyecto de ley que saque a las Isapres del atolladero sin modificar los factores estructurales que generan tales abusos y la discriminación del Fonasa.
Si se va a legislar debieran corregirse las principales imperfecciones que afectan a este mercado. En este mismo diario hemos argumentado que el IPC de la salud privada, con aseguradores integrados verticalmente, pasa a ser controlado por las mismas aseguradoras, trasladando el mayor precio a los asegurados, en un contexto de altas barreras de entrada. Por tanto, el IPC de la salud no resuelve uno de los problemas centrales que es el escalamiento de costos. Esto afecta a la clase media y podría hasta condicionar el crecimiento futuro del país, ya que Chile ha aumentado de 6 % el 2005 a 9 % del PIB los gastos en salud. De implementarse esta reforma este espiral continuará indefinidamente. Los precandidatos presidenciales y los parlamentarios deberían expresar con mucha claridad su posición sobre este tema y las propuestas de corrección del sistema.
Una legislación sobre esto tendría que contemplar al menos los siguientes puntos.
Primero, se debiera limitar la integración vertical de las Isapres con los prestadores de Salud. Ningún prestador debería tener más de un 20 % de participación directa o indirecta de personas relacionadas a Isapres o sus empresas controladoras. Esto es lo que se encuentra en el espíritu de la legislación vigente y ha sido eludido mediante picardías legales. Una nueva legislación debiera impedir que el mismo grupo controle Isapres y prestadores. La legislación debiera impulsar que la Isapres tenga incentivos para controlar efectivamente el incentivo a que los prestadores aumenten precios, así como también que los usuarios utilicen innecesariamente el sistema (sin afectar cobertura efectiva). Las Isapres no debieran cargar a sus afiliados con su incapacidad para lograr ambos objetivos básicos de todo sistema de seguros de salud.
En términos de aseguramiento, persiste la segmentación entre el seguro público y las Isapres. Entonces, en segundo lugar, una reforma que apunte a disminuir dicha segmentación debiera establecer al menos dos fondos de compensación por riesgos, uno ex ante y otro ex post, por los cuales si un afiliado con enfermedades crónicas se cambia a Fonasa debe ser compensado de la misma forma que si se cambia entre Isapres y viceversa. Esto permitiría eliminar de manera eficiente las preexistencias y aumentar efectivamente el nivel de competencia en el mercado.
En tercer lugar, se debe aumentar la capacidad de que las personas comparen efectivamente planes de salud. La existencia de más de doce mil planes que se comercializan activamente impide esto, reduce la disciplina de la competencia y genera barreras de entrada y rentas de desinformación. Tal como existe en algunos países desarrollados debiera limitarse el número de planes de salud que cada Isapre puede ofrecer (no más de diez) con un subgrupo de ellos que todas las Isapresobligatoriamente deben ofrecer. Tal subconjunto, definido por una comisión de expertos, debiera incluir el Plan Garantizado Mínimo. Los pagos y la cobertura de los planes ofrecidos debieran estar expresados en pesos o en moneda fácilmente comparable (no como ahora que frecuentemente se encuentran en unidades de medidas definidas por las Isapres) y ser taxativos en lo que cubren y lo que no cubren.
En cuarto lugar, los planes ofrecidos por las Isapres puedan diferenciar entre menores de 25 años, no solo para el Plan Garantizado Mínimo sino que para cada uno de los planes que ofrezcan. Esto evitaría establecer una transferencia de familias numerosas de clase media a familias más pequeñas.
Finalmente, la norma debiera considerar el creciente mercado de los seguros complementarios (que de no ser regulados podrían utilizarse como herramientas para seleccionar riesgos, escalar costos y disminuir la competencia).
Esperamos que no se desaproveche la primera oportunidad política real de realizar una reforma sustantiva del sistema de Isapres que baje las barreras de entrada, aumente la competencia y evite selección de riesgos y la discriminación en contra del Fonasa.
