Publicado por La Tercera, 25 de noviembre de 2012
Hace más de un año escribí una columna titulada “La pesca milagrosa”. En ella abogaba por la necesidad de establecer un sistema de administración pesquera que velara por la sustentabilidad de los recursos y la equidad en la distribución de las rentas. No fui el único, ni tampoco el primero. Son muchos los que alertaron cómo las siete familias que controlan la extracción marítima, en un negocio que genera 1.500 millones de dólares en ventas anuales, pretendían impedir la entrada a nuevos actores para la explotación de un recurso que pertenece a todos los chilenos y por el cual no recibimos prácticamente nada.
La historia es conocida. El ministro Pablo Longueira optó por conformar una mesa de trabajo que incluía la representación de las grandes corporaciones y una parte de los dirigentes de la pesca artesanal. De esa forma, se procuraba que los incumbentes “se pusieran de acuerdo” en cómo distribuir las cuotas y explotación de este recurso natural, reconociendo los “derechos históricos” de las empresas y, de paso, dejando fuera a otros posibles competidores.
De no mediar un escándalo político, se habría consolidado una estrategia semejante a la que probablemente utilizan los directores de un club privado, donde graciosamente asignan membresías de acuerdo a sus intereses y posiciones. Pero tratándose de un recurso natural perteneciente a todos los chilenos, y no siendo el Congreso un espacio que debería facilitar la privatización de lo público, se solicitó incluir varias modificaciones al proyecto enviado por el gobierno.
Por razones de espacio y pedagogía, me quiero referir a tres cuestiones específicas, las que me consta fueron expresamente planteadas en el Senado. La primera consistía en asegurar que los recursos pesqueros y los derechos de explotación quedaran soberanamente en manos del Estado de Chile, por la vía de hacer facultativa y no obligatoria la concesión a privados. Sin embargo, y pese a recomendarse que se utilizara la expresión “podrán”, terminó aprobándose un texto que dice “se asignarán los recursos”, transformando la propiedad fiscal en una quimera. Segundo, se solicitó eliminar la palabra “renovables”, con el propósito de que las licencias de pesca no se prorrogaran de forma automática. Se hizo caso omiso a lo anterior, consagrando en los hechos una renovación perpetua. Tercero, y por último, se trabajó en la redacción de una indicación que precisaba que las licencias de pesca, fueran legales o administrativas, tenían el carácter de temporales y bajo ninguna circunstancia constituían derecho de propiedad alguno en asignaciones que se efectuarán en el futuro. En este caso, adivine, tampoco prosperó.
En resumen: una parte del acuerdo que promovió la derecha y una mayoría de los senadores DC reconoce 20 años renovables para las licencias pesqueras, las cuales pasan a formar parte de los activos de cuatro empresas que controlan mas del 92% de este mercado. Dicho de otra manera, y pese a que no pagaron nada por la asignación inicial, si venden las cuotas, toda la renta irá para dichas corporaciones.
El acuerdo también permite que exista un 15% de licitaciones, dejando el otro 85% en manos de estas mismas empresas de manera gratuita. ¡Francamente impresentable!
