Publicado por La Tercera, 13 de noviembre de 2012
Con la salida de Cecilia Pérez, ya son seis los intendentes que abandonan este cargo antes de terminar su período en los últimos siete años, y al igual que ellos, su gestión será recordada por la autorización de marchas, partidos de fútbol y decretos de restricción vehicular. Es decir por nada relevante, o algo que se parezca a la función de una autoridad metropolitana.
La realidad debiera ser distinta, ya que el Intendente es el jefe del Gobierno Regional y según la Ley 19.175 tiene funciones amplias y trascendentes que abarcan desde el ordenamiento territorial de la región, hasta su fomento productivo y su desarrollo cultural. Para ello tiene un gabinete formado por Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis) y un “parlamento” compuesto por Consejeros Regionales (CORE).
Con ellos el Intendente debe formular una Estrategia de Desarrollo Regional que además de definir políticas para cada función, oriente la asignación de una cantidad no despreciable de recursos. Además debe diseñar un plan (PROT) que ordene el desarrollo territorial de los asentamientos urbanos y rurales, bajo criterios de sustentabilidad.
Todo suena muy bien, ¿pero que ocurre en la práctica?. El gabinete no es tal ya que las Seremis tienen doble dependencia, con el intendente y el gobierno central, y están más preocupados de las instrucciones de sus ministros. Por su parte, los CORE son elegidos por los concejales y se deben a ellos y a sus partidos, especialmente cuando se trata de asignar recursos o aprobar iniciativas relevantes. Además las Estrategias de Desarrollo Regional y los PROT no son vinculantes, así que sirven para adornar estantes y organizar seminarios.
Para empeorar el panorama, el Intendente debe lidiar con 52 alcaldes y varios ministros que suelen resolver problemas locales como el diseño de recorridos de buses, inversiones viales, parques o planes barriales de seguridad ciudadana. Y como su jefe directo es el Presidente de la República, tampoco puede decir nada muy crítico o comprometedor.
En este escenario es comprensible que el Intendente sea una figura decorativa y que su cargo sea visto como un premio de consuelo, o un escalón para ser ministro o parlamentario. Sin embargo este es un pésimo camino para resolver los grandes desafíos que enfrenta nuestra región. Un ejemplo claro es la recuperación de barrios críticos de
vivienda social, donde se requiere una autoridad metropolitana con poder real para coordinar inversiones en vivienda, transporte, seguridad ciudadana y fomento productivo.
Lo mismo se necesita par resolver el déficit de áreas verdes y para levantar y mantener los parques que faltan en Santiago. Para planificar el transporte público y coordinarlo con el diseño de autopistas y ciclovías o para definir como y hacia donde debe crecer Santiago, en compatibilidad con la extensión de la red de Metro.
Nada de esto es nuevo ni muy revolucionario. Es lo que existe en Colombia, España o en las grandes ciudades de Europa o Estados Unidos. Además es lo que han prometido los últimos cuatro gobiernos con sentidos discursos sobre la necesidad de “descentralizar el país” y “fortalecer las regiones”. Al final los discursos quedan en el papel porque descentralizar implica ceder poder desde el gobierno central, que debe promover estas iniciativas, y desde las municipalidades, que son vistas como intocables santuarios de la democracia local. Esto hace que la expectativa de contar con un verdadero jefe de gobierno regional sea bastante sombría.
