Publicado por La Nación, 16 de septiembre de 2012
Acorralada por un Estado cada vez más autoritario, intervencionista, ineficiente y gravoso, ha reaccionado la clase media, ese segmento extenso y vital, abigarrado e ideológicamente muy diverso de nuestra sociedad civil.
Estamos frente a un acontecimiento cuya magnitud sólo podrá ser comprobada con el paso del tiempo, pero que pone de manifiesto que, sobre todo en los grandes centros urbanos, el oficialismo ha vuelto a encontrar serias dificultades para comprender y responder a las demandas de ese sector tan complejo y cambiante. Se trata de un hiato que, de profundizarse, puede promover un fuerte realineamiento dentro y fuera de la coalición gobernante y constituir un obstáculo terminal a su obsesión reeleccionista.
Hasta las elecciones de 2011, el kirchnerismo siempre había tenido enormes dificultades para seducir política y electoralmente a una franja relevante de los sectores medios, a pesar de los esfuerzos realizados entre 2003 y 2007. Pero esos amagues de aparente pluralismo y relativa moderación fueron sepultados por la realidad, sobre todo por Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires y Elisa Carrió y Roberto Lavagna a nivel nacional. Por eso, desde enero de 2008, Néstor Kirchner se vio obligado a «repejotizar» su esquema de poder, reforzando sus vínculos con los jefes territoriales del peronismo y, sobre todo, con el sindicalismo más tradicional encabezado por Hugo Moyano.
Sin embargo, el clima de optimismo derivado del boom de consumo, la empatía solidaria que despertó la viudez de la Presidenta y el escaso atractivo que provocaron las distintas expresiones de la oposición conformaron un entorno muy particular y tal vez irrepetible. El famoso 54% de los votos obtenidos por el oficialismo son un claro reflejo de esa peculiar contingencia y constituye una legitimidad de origen que acompañará a Cristina Kirchner durante todo mandato. Pero su legitimidad de ejercicio se ha visto negativamente afectada durante los últimos nueve meses.
Así, la desaceleración de la economía, la tragedia de Once, el escándalo Boudou-Ciccone, la creciente ola de inseguridad, la inflación, la asfixiante carga tributaria, el cepo al dólar, la arbitraria restricción a las importaciones, los intentos de amoldar las reglas del juego político para perpetuar a la Presidenta en el poder, su sobreexposición mediática, la radicalización del relato y la confrontación permanente con múltiples actores económicos, políticos y sociales fueron las principales causas que explican un súbito cambio en el clima social, incluso el predominio del pesimismo y la caída de la confianza en el Gobierno. Casi ninguna de las medidas que adoptó este gobierno a partir de octubre pasado fueron debatidas durante la campaña electoral.
¿Es acaso transitorio este enojo de los sectores medios o estamos frente a un quiebre de naturaleza más profunda? ¿Podrá el oficialismo repetir la epopeya de reconquistar el voto burgués como ocurrió, por lo menos parcialmente, tras la revuelta del campo y la derrota de 2009? Estos interrogantes son decisivos para elaborar conjeturas acerca del desarrollo político de corto y mediano plazo. Si en las próximas semanas la protesta tendiera a diluirse, el Gobierno habría superado sin grandes derivaciones un reto puntual, de escasa trascendencia. Por el contrario, si las manifestaciones ciudadanas se multiplicaran, e incluso se expandieran por otras ciudades, estaríamos frente a un desafío de imprevisibles consecuencias.
Los errores no forzados son una característica del kirchnerismo. Las primeras reacciones de importantes funcionarios, abrumados por alabar a la titular del Poder Ejecutivo, parecen orientadas a ahondar el mal humor existente en vez de atenuarlo. Tampoco hubo nada de autocrítica: si alguno de los manifestantes del jueves pasado ha viajado últimamente al exterior fue por el subsidio explícito otorgado por el Gobierno al mantener atrasado el tipo de cambio.
Lo contrario ha ocurrido con los gobernadores más relevantes, que reconocieron la legitimidad de los reclamos y los interpretaron como un trascendente llamado de atención: a pesar del hipercentralismo impuesto desde la Casa Rosada, tienen un liderazgo más autónomo y, en algunos casos, siguen mirando 2015 como una oportunidad personal.
En eso consiste el drama político del oficialismo: por ansiedad o por mera desmesura, se apuró demasiado en instalar la puja por la sucesión, planteando una eventual reforma de la Constitución. Pero carece del apoyo necesario en el Congreso y en la opinión pública. Tampoco parece hacer mucho para lograrlo: sin los sectores medios que tanto desprecia, es virtualmente imposible alcanzar la mayoría especial que exige la Constitución para declarar la necesidad de la reforma y lograr el número de convencionales en una elección.
Para peor, el cambio en el clima de opinión que parece estar afirmándose representa una oportunidad para todos los potenciales candidatos a suceder a la señora de Kirchner. Hasta las opacadas fuerzas de la oposición podrían capitalizar el desgaste del oficialismo. Pero esto beneficia, principalmente, a las múltiples figuras del peronismo que no habrán de resignarse al papel marginal al que los quiere condenar el cristinismo y que tienen una efectiva capacidad de daño, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Más que nunca, éste es el distrito de mayor importancia, sobre todo, por el complejo panorama que enfrenta el Gobierno en la Capital, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.
Así, disuelto el sistema de partidos, reducida la política argentina a una mera puja por la acumulación de poder personal, la territorialidad se ha vuelto la principal fuente de influencia y, por eso, el peronismo ha devenido en fuerza dominante y casi excluyente. Esto incluye a muchos de los que todavía son, por lo menos formalmente, parte de la coalición oficialista, que intentan adivinar cuál es el momento ideal para diferenciarse o incluso romper. Se trataría de un nuevo caso de profecía autocumplida: la traición, esa amenaza latente que desde siempre anida en los pasillos del poder, efectivamente acecha.
Sergio,
En un segundo comentario me centraré en el problema de fondo que usted plantea en su columna –la relación entre la débil institucionalidad y la fragmentada política desde diciembre 1983. Primero tengo que sacarme una profunda inquietud sobre cómo se perciben los problemas políticos en Argentina (y en todas las democracias constitucionales).
Esa inquietud tiene que ver con los medios masivos de comunicación. Ni usted ni yo ni el investigador con más recursos puede generar evidencia relevante y confiable. Nuestra principal fuente de información son esos medios masivos controlados por gente que busca poder (= capacidad para imponer costos a otros) y empleadores de ejércitos de periodistas, esto es, expertos en nada y en general incapaces de describir lo que observan si es que tienen la voluntad y la capacidad para observar. Esos medios definen la “agenda“ y no solo los temas que se discuten pero especialmente los términos en los que se discuten. Muchos creen que internet ha roto el “monopolio“ de esos medios, pero ni siquiera en EEUU se ha avanzado lo suficiente como para decir que se ha terminado con él. Ojalá que sea pronto, pero me temo que va para largo.
Nos auto-engañamos creyendo que la lectura de documentos que reflejan una gran variedad de ideas sobre determinados asuntos nos permiten formar nuestro propio juicio sobre la evidencia. Hay dos formas de descubrir evidencia relevante y confiable –una es la “científica“, esto es, a través de un proceso interactivo entre “científicos“ que permitiría llegar a una conclusión tentativa pero consensuada entre los participantes, y la otra es la “judicial“, esto es, a través de un proceso para resolver un conflicto sobre hechos (no sobre valores o intereses) en que sólo una de las partes puede tener razón. Soñamos vivir con la forma “científica“, pero vivimos en el mundo de la “judicial“ y mucho peor todavía porque –con muchísima suerte– sólo en los tribunales el proceso de adjudicación o resolución del conflicto está bien “institucionalizado“. El proceso “judicial“ más común es lo que vulgarmente se llama la “opinión pública“, esa cosa amorfa donde el control de medios masivos es esencial (la experiencia argentina de los últimos 200 años es clarísima pero lo mismo sucede en todas las democracias constitucionales y el argentino que tiene dudas que vea lo que observe lo que informan los medios de España). Hablar de proceso “judicial“ de la “opinión pública“ es una manera elegante de referirse a lo que no pasa de ser un linchamiento, proceso tan grotesco que se equivoca incluso en el origen de la palabra que lo define (ver Lynching en wiki). En economía y en todas las ciencias sociales, el desafío es cómo ser “científicos“ en un mundo dominado por procesos “judiciales“ grotescos.
Su columna de La Nación necesariamente debe suponer alguna evidencia relevante y confiable porque de lo contrario no podría opinar. Si usted pudiera investigar en detalle lo que ha estado sucediendo, probablemente concluiría que esa evidencia no es relevante ni confiable para analizar el problema de fondo. Me refiero en particular al párrafo que comienza con “Así, la desaceleración de la economía, ….“ y donde se listan “hechos“ (con muchos calificativos) como evidencia de que habría habido un cambio en el clima social. No digo que no lo haya habido, sólo cuestiono la relevancia y la confiabilidad de la evidencia. Nuestra urgencia por opinar sobre lo urgente nos lleva a suponer certezas que no existen. Por suerte, son opiniones y no acciones.
El problema de fondo es la relación entre una institucionalidad débil y una política fragmentada. Hasta diciembre 1983, el problema era principalmente una institucionalidad débil. Desde entonces, además de esa institucionalidad débil, se tiene política fragmentada. Podría parecer que la institucionalidad débil es la causa de la segunda, pero también se podría decir que esa misma institucionalidad no había generado fragmentación antes de diciembre 1983. Podríamos decir muchas cosas sobre como se relacionan pero hay que empezar por el principio.
Más de 50 años tomó al país darse una institucionalidad que parecía fuerte y eficaz. Su fuerza y su eficacia fueron consecuencia de cómo se gestó –a través de un proceso violento donde finalmente el grupo “civilizador“ se impuso a los “bárbaros“. Por un tiempo, el grupo “civilizador“ no tuvo mayores problemas para aceptar su propia institucionalidad porque pudo mantener el control de la política. El cambio empezó a producirse hacia el primer centenario, luego que la paz de la civilización permitiera la formación de una nueva y gloriosa nación (agregar todos los calificativos buenos que a cada lector se le ocurra), pero una que pronto exigió una nueva institucionalidad y una nueva política. Restos de la barbarie y fuerzas nuevas llegadas de Europa exigían cambios pero el grupo civilizador aceptó al Ejército como su agente protector y consiguió postergar los cambios. Pero el mundo había entrado en crisis, primero económica y después política, y eso puso en duda profunda el futuro de la nueva nación. La política cambió pero los intentos de una nueva institucionalidad fracasaron. El cambio en política tomó la forma de grandes bárbaros, como en Europa. Se buscaron “líderes“ fuertes, autoritarios, tan fuertes que no importaba si la vieja institucionalidad temblaba y se debilitaba. En 1973, el país se quedó sin su líder fuerte, el primero y el único con marcha propia (moriría poco tiempo después) y también se quedó sin el otro, el que había perdido cuatro veces por KO (mucho tiempo atrás, Balbín había intuido que nunca podría competir con Perón). Pero el Ejército todavía estaba dispuesto a rescatar lo que quedaba de la civilización perdida, y a asumir el costo de la represión para lograrlo porque nuevas fuerzas querían tomar el poder. La Junta fue una nueva farsa de la caquistocracia, esa alternativa al autoritarismo de Perón que dio presidencias que encumbraron a Tato Bores y hundieron al país. La serie de tragedias precipitadas por la Junta y las Fuerzas Armadas cavaron su tumba, hasta desaparecer totalmente primero de la política y luego de la institucionalidad. Y así llegamos a diciembre de 1983, con una institucionalidad cada día más débil y una política donde ya no había posibilidad de autoritarismo, ni civil ni militar.
En los últimos 30 años, no ha habido indicios de una mayoría amplia para una nueva institucionalidad. Las pocas mejoras (entierro final de las FA, autonomía BA) se han debido a urgencias para evitar colapsos. Las muchas caídas (en cumplir y hacer cumplir principios y normas constitucionales y legales) no han sido graves, pero lo poco que ya quedaba en 1983 se sigue debilitando. El cambio más importante se ha dado en la política por la proliferación de grupos que abiertamente negocian acuerdos entre ellos para ganar poder. Si bien el nuevo proceso electoral en dos etapas favorece esa división y acuerdos, la ausencia casi total de ideología como límite a lo que un grupo está dispuesto a transar (recuerdo el viejo Movimiento Intransigente que se resistía a toda transacción!) y la ausencia casi total del uso de la violencia para terminar con la competencia, todo agravado por el gran botín que el poder promete, han facilitado esa proliferación. Las negociaciones se dan en todos los “mercados“ comenzando por la Casa Rosada y el Congreso –antes, durante y después de cada votación, sea para elegir a alguien en cualquier cargo, sea para aprobar o rechazar cualquier propuesta, sea para cumplir o no una orden. No se trata de mandos medios o bajos negociando a escondidas de sus jefes. Se trata de sus jefes negociando abiertamente, con esa seguridad que la impunidad de una institucionalidad débil permite. Los ganadores de las partidas grandes de trucos tienen el premio de la Rosada, pero como los dos radicales mostraron, una vez en el poder se necesita dedos para el piano o se pierde fácilmente. No es mala suerte que Alfonsín y De la Rúa tuvieran el triste destino de Illia –el radicalismo (ese radicalismo donde yo me crié) es como mi equipo favorito (Gimnasia) que nunca ganó algo importante (no expando este punto porque tantas derrotas todavía duelen). Los tres peronistas han administrado lo que les tocó (la salida de la hiperinflación, la salida de la crisis, el boom de los commodities) pero su tiempo ha estado dedicado a gozar el poder como si el vencimiento de sus mandatos fuera “flexible“. Ni la institucionalidad ni la política hacen suponer un crecimiento económico sostenido pero mientras Dios sea Maradona, el país que fuera cuna de campeones –¡la copa se mira y no se toca!– seguirá sobreviviendo bajo un nuevo grito de júbilo: Aguante Diego! O mejor una estrofa (casi) completa
Es por eso que hoy elevo
una plegaria, un ruego,
y te pido: AGUANTE DIEGO
no te me caigas campeón,
te faltará corazón
pero a vos te sobran …….
Da pena leer que un docente supuestamente de excelencia como vos diga que el Estado es cada vez más autoritario. Es triste. Hablar con esa liviandad lleva tu nivel intelectual a la mas profunda obsecuencia.
Encima no sos honesto. La imagen de la presidenta se mantiene intacta. Le gana a cualquier candidato en 1ra vuelta. Y vos lo sabes muy bien, por algo no publicaste las encuestas que les pago LA NACION en 2012 donde daban a Cristina ganadora por amplia mayoria. Las guardaron. O desmentilo
Gracias Alejandro por tu comentario.
Nunca respondo criticas personales, respeto a rajatabla tu libertad de pensar y expresarte sin ningun tipo de restricciones.
Me parece importante aclarar dos cuestiones.
Autoritarismo a menudo remite a regimenes militares o a expresiones abiertamente contrarias a la democracia liberal como los regimenes fascistas, comunistas o las teocracias contemporaneas (tipo Iran). En ellos, efectivamente hay una supresion contundente de derechos individuales y uso sistematico de la violencia por parte del Estado con cuerpos especificamente especializados en la represion. Si bien suele haber coyunturas mas agudas y momentos de relativa apertura, estos regimenes suelen establecer mecanismos de censura tanto sobre la prensa como sobre otras expresiones culturales.
Pero hay otros uso del termino autoritarismo para describir actitudes o acciones que contradicen la letra y el espiritu de la Constitucion o de las reglas basicas de la democracia liberal, incluyendo en sistemas republicanos y federales los mecanismos de frenos y contrapesos y la division de poderes, asi como la autonomia politica y fiscal de los Estados provinciales. Esto incluye el debilitamiento o la mera inexistencias de sistemas que promuevan la transparencia y el control de la corrupcion, el uso discrecional de los recursos publicos, la manipulacion de las reglas presupuestarias, etc. Asimismo, muchas veces se generan esquemas que sin implicar una censura expresa, desincentivan la libertad de expresion y prensa con dispositivos que implican sanciones abiertas o encubiertas por ejemplo mediante el uso de la pauta publicitaria publica o el control o influencia directo o indirecto en los medios de comunicacion por parte del Estado y/o sus funcionarios.
Uso el termino autoritario en «El discreto…» en esta segunda acepcion, no en la primera.
Por otro lado, la imagen de la presidenta experimento un descenso de aproximadamente 30% en terminos absolutos durante los ultimos 12 meses. En efecto, en enero pasado registraba 70% de imagen positiva, y en diciembre pasado era de 40%. Ademas, es metodologicamente cuestionable medir intencion de voto en contextos no electorales, pues la mayoria de la sociedad no esta pensando ni informandose sobre los potenciales candidatos, sus programas, etc.
De todas formas, si uno pregunta hoy a quien votaria a presidente en las proximas elecciones, las respuestas son: 1ro Ninguno con 18%; 2da CFK con 15%; 3ro MM con 10%. En terminos de techos electorales (surge de sumar «seguramente lo votaria + podria llegar a votarlo), el politico con mayor potencial es Daniel Scioli y luego hay un triple empate entre CFK, MM y HB.
Vale la pena recordar que para poder ser nuevamente candidata a presidente, CFK tiene que lograr modificar la Constitucion. Al respecto, al margen de la mayoria calificada que se requiere para declarar la necesidad de la reforma (2/3 de los miembros de ambas camaras por separado), las encuestas sugieren que casi el 70% de la opinion publica se opone a dicha modificacion.
Uy, uy, uy… gana Capriles.