Hace unos días expuse en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, señalando los objetivos que creo debe perseguir el proyecto de ley presentado por el gobierno en esta materia. Primero: la sustentabilidad de las pesquerías, un área en que Chile ha fallado miserablemente, debido, en gran medida, a que la regulación ha estado “capturada” por los empresarios pesqueros. Reconocemos que el proyecto avanza en este objetivo al proponer mayor preeminencia de las opiniones científicas, aunque todavía se puede mejorar en esas materias. La licitación de una proporción de las cuotas de pesca, por períodos de 10 y 20 años, con pagos vinculados a la cuota asignada y no a la captura efectiva, permite que los armadores tengan en todo momento una combinación de cuotas, indefinidas y otras de plazos variables. En este esquema siempre tendrán incentivos a cuidar el recurso y al pagar por cuota asignada y no por lo efectivamente capturado, desaparecen los incentivos a que presionen por sobre dimensionar la cuota anual. Por ello, insisto en que un sistema de licitación no afecta la sustentabilidad, la que dependerá fundamentalmente de que el regulador fije todos los años cuotas globales compatibles con la recuperación de los recursos.
El proyecto de ley falla en el logro de otros objetivos: eficiencia en la asignación de recursos, innovación, equidad distributiva y desarrollo social. La forma en que el gobierno determinó la posibilidad de licitar hace muy improbable que ésta ocurra efectivamente. Además, la propuesta de otorgar a los industriales derechos de pesca en forma indefinida, le generará al oligopolio pesquero vida tranquila, poco incentivo a innovar y alta concentración en los mercados de factores, lo cual redundará en precios monopsónicos, afectando especialmente a los pescadores artesanales que recibirán precios menores al de competencia. Es deber del legislador proponer medidas estructurales en la asignación de cuotas para que en los mercados de factores no se ejerza poder monopsónico. Pues bien, en el norte, un empresario representa más del 70% de la compra de pesca artesanal y en el sur, tres empresas más del 60%. Por eso, tampoco el proyecto de ley cautela la equidad social. Se debe, a través de la licitación, promover la desconcentración. Para lograr equidad distributiva, a diferencia de lo que propone el proyecto, se debe incluir la fijación de una regalía en que el valor se determina con referencia a los precios de las licitaciones periódicas de cuotas de 10 y 20 años. Cuando se recuperen las pesquerías volverá a haber rentas importantes en la zona centro sur. Ya las hay en el norte. No es aceptable que el Estado asigne un recurso natural renovable en exclusividad a un puñado de empresarios, que tiene el triste récord de haber sobreexplotado sistemáticamente las pesquerías chilenas por 30 años y haber generado rentas que produjeron riqueza privada a costa de la sustentabilidad. Me pregunto qué derechos históricos se defienden, mi visión es que los actores del sector tienen una deuda histórica con la sociedad chilena. En pesca, lamentablemente hasta ahora, la tramitación legislativa ha terminado favoreciendo intereses corporativos, sin un debate público y renunciando a modernizar un sector importante de la economía. La sociedad chilena ha cambiado, esto ya no es aceptable y hoy hay muchos que están dispuestos a denunciar cuando se quiere legislar hipotecando el bienestar de la sociedad. Al menos, hoy existen algunas buenas señales al constatar que un número importante de parlamentarios ha planteado su insatisfacción y rechazo al proyecto de ley presentado por el gobierno.
