Chile esta viviendo una revolución. No aludo a los estudiantes, sino a una muchomás silenciosa y quién sabe si más profunda. Me refiero a los cambios en transparencia en la administración del Estado, los que han significado una transformación en la relación de los ciudadanos con sus instituciones. El Consejo para la Transparencia ha realizado una notable labor y sus consejeros han logrado crear el espacio necesario para la nueva institución, como la jurisprudencia necesaria para que la Ley de Acceso a la Información sea una realidad en nuestro país. Un aspecto crucial en el óptimo desempeño del Consejo para la Transparencia han sido la independencia y autonomía con que los consejeros han adoptado sus decisiones y gestionado la institución que conducen. Entendemos que su labor ha generado molestias en la administración pública, lo que debe interpretarse como una señal más de su buen e independiente desempeño.
Si en años anteriores la incertidumbre giró en torno al cumplimiento de los objetivos del consejo y a las partidas presupuestarias que se le asignaron, hoy la inquietud se centra en la renovación de sus consejeros. El Ejecutivo ha anunciado que no propondrá al Senado la renovación de los dos consejeros que ejercieron como sus presidentes, los que según la ley pueden ser reemplazados o ratificados, lo cual ha generado críticas desde distintos sectores políticos y de diferentes organizaciones vinculadas al tema.
El Ejecutivo ha explicado que su política es la de constante renovación de los órganos colegiados. Sin duda una política razonable, a fin de que éstas se renueven y no se personalicen. Pero cabe dudar si ella debiera aplicarse a una institución nueva, que aún no se consolida y donde la experiencia acumulada se liga aún a las personas de sus directivos.
El Consejo para la Transparencia tiene múltiples desafíos por delante: la instalación de la plataforma única de solicitudes, la fiscalización de la ley en los municipios y lograr un uso de la ley por parte de grupos más masivos. Corresponde entonces al Ejecutivo justificar bien su decisión ante el Senado y la opinión pública y, de persistir en su afán de renovar, presentar razones y nombres que aseguren que el consejo profundizará la línea de independencia y eficiencia.
Desde su origen hasta hoy, esta entidad ha acogido más de dos mil reclamos de información pública, de los cuales un 90% ha tenido pronunciamiento y respuesta por parte del consejo; el resto sigue en análisis. De dichos casos, alrededor de 100 han sido declarados inadmisibles. El tiempo de toma de decisión del Consejo para la Transparencia, en promedio, ha sido de 70 días corridos, mostrando una gran tasa de respuesta y efectividad. Asimismo, ha promocionado y producido una serie de estudios de distinta naturaleza y tópicos, entre los cuales destacan temáticas relacionadas con la jurisprudencia que ha establecido, caracterizaciones del solicitante de información pública y evaluación de nuevas formas de fiscalización de la ley sobre transparencia.
Es importante que el consejo siga profundizando su institucionalidad y aspiremos a incorporar en el futuro a los otros poderes del Estado que, inexplicablemente, quedaron fuera de su ámbito de acción.
