La precisión en el envío de las sondas que buscaban a los 33 mineros fue clave para su exitoso rescate. Una desviación al comienzo, por pequeña que fuese, podía llevar a la sonda muy lejos del objetivo.
Con la política fiscal pasa algo parecido. Las desviaciones del principio de sustentabilidad fiscal, para las que siempre existirá una justificación cortoplacista, pueden llevar a consecuencias futuras muy negativas. Al que lo dude, una mirada a Europa hoy le debería bastar para convencerse.
El Presupuesto 2012 recién presentado confirma que el gobierno del Presidente Piñera tiene una visión en materia de conducción fiscal que excluye cualquier consideración de mediano y largo plazo. El mensaje es claro: los recursos para financiar los compromisos fiscales durante la actual administración están asegurados.
¿Qué pasará en el futuro? Ese será problema de otros. Así lo dijo el ministro Bulnes cuando se le preguntó por el financiamiento de la educación más allá de 2014.
El problema tiene sus orígenes en la discusión fiscal en los inicios del gobierno. Recién asumido, el gobierno argumentó que la situación fiscal que había heredado de la administración anterior era compleja. Los hechos decían otra cosa: los activos netos del Fisco eran de los más altos en la historia moderna de Chile y el país iba encaminado a tener un superávit fiscal el año 2010 producto de los mejores precios del cobre.
Al mismo tiempo, el gobierno formó una comisión para perfeccionar la regla fiscal chilena. El informe de la comisión argumentó que las rebajas y las alzas transitorias en los impuestos debían ser tratadas como permanentes. Este criterio, algo peculiar a primera vista, tenía una justificación atendible: los expertos de la comisión temían que no sería factible determinar por anticipado si un cambio anunciado como transitorio eventualmente terminaría siendo permanente.
Lamentablemente, una sugerencia efectuada por razones técnicas fue aprovechada por el gobierno de Sebastián Piñera con fines políticos. Como durante la crisis el gobierno de Bachelet había recortado transitoriamente los impuestos, este cambio puramente metodológico incrementó la medición del déficit fiscal estructural 2009, lo que dio pie para que el gobierno insistiera en sus críticas a la situación fiscal heredada.
Tales críticas no tenían sustento, porque los recortes tributarios aplicados durante la crisis se revirtieron, es decir, fueron efectivamente transitorios y no redujeron la recaudación permanente.
Y como después del terremoto el gobierno de Piñera incrementó transitoriamente los impuestos, bajo el nuevo criterio pudo tratar como si fuesen a durar para siempre ciertos ingresos que, según lo legislado, desaparecerán en un par de años más. Ello ha creado una impresión de holguras futuras que es más ficticia que real.
Así las cosas, el gobierno se convenció a sí mismo de que podía enfrentar los mayores gastos asociados de la reconstrucción posterremoto, los costos de su plan de gobierno, y ahora los mayores compromisos en educación, sin incrementar los ingresos permanentes del Fisco. Como los recursos fiscales eran amplios, pero no ilimitados, la situación fiscal se ha deteriorado paulatinamente.
De este modo, llegamos al Presupuesto 2012, que fue presentado como el presupuesto de la educación. Para ello, el gobierno propone crear un fondo de educación de US$ 4.000 mil millones de dólares, de los cuales US$423 millones serán gastados el 2012. El fondo ha sido tildado de mera «figura contable» por un respetado economista de centroderecha. Y dados los gastos comprometidos en materia educacional, dicho fondo alcanzaría para este gobierno y nada más.
Según las proyecciones del actual gobierno, llegado 2014 el Fisco aún tendrá un déficit fiscal estructural de 1% del PIB. Estas proyecciones consideran supuestos en materia de precio del cobre y de crecimiento de la economía que no se justifican a la luz de los actuales antecedentes. Y consideran un gasto en materia educacional probablemente menor al que efectivamente el país consensuará. A esas alturas, las rebajas ya legisladas de impuestos se habrán completado.
Todo ello implicará menores ingresos y mayores déficits -efectivos y estructurales- para el Fisco chileno.
¿Qué pasará entonces? Quién sabe, nos dice el actual gobierno. Pero, sostiene, no hay que preocuparse, porque ese será problema de otra administración.
Bueno pues los resultados de la política fiscal, mas concretamente del capítulo presupuestario dedicado a la educación, están en la calle. Chile, ni cualquier otro país del mundo puede subir unos costos en educación de manera tan bestial.
Antes de la posesión maquavélica de nuestras economias por el neoliberalismo las universidades, la educación era gratís, o a costes simbólicos, eso sí también estaba a disposición de los estudientas que se lo pudieran permitir la educación de pago. Es un tema de selección, obligada, pero al fin y al cabo selección.
La máxima de derecho, antes que privilegio debe presidir los presupuestos en el capitulo de la educación.