Corrupción y Consumo Suntuoso

En las últimas semanas, la sociedad Argentina se vio una vez más afectada por un posible caso de corrupción, que involucra de alguna manera, nada menos que a la Fundación Madres de Plaza de Mayo. La primera vez que leí sobre esta cuestión pensé varias cosas que quería compartir con los lectores de este blog, quizás en una forma no del todo ordenada.

Lo primero que pensé es qué tenía que hacer la Fundación Madres de Plaza de Mayo construyendo viviendas. Claramente, ese no es su rol en la sociedad, ni su ventaja comparativa. ¿No sería acaso mejor que la Fundación Madres de Plaza de Mayo se dedique exclusivamente a defender los derechos humanos, siempre en riesgo? Por ejemplo, hace algunas semanas, también hemos leído como la referente de la otra rama de las Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, anduvo golpeando las puertas de despachos oficiales para acompañar al cacique Qom Félix Díaz en la defensa de sus reclamos.

Segundo, para poder dedicarse a su función, lo último que debe hacer una organización defensora de los derechos humanos es perder su independencia del Estado. Las organizaciones de derechos humanos tienen que ser independientes del Estado. Si no lo son, no pueden cumplir con su cometido. Adolfo Pérez Esquivel señaló, recientemente, algo parecido: «Lo peor que le puede pasar a un organismo de Derechos Humanos es acercarse al poder y tomar partido por un gobierno».

En tercer lugar, recordé un artículo muy interesante de dos amigos y coautores, Rafael Di Tella y Federico Weinschelbaum. Ellos estudian, en el marco de un modelo de principal y agente, cómo elegir a éste último dado que el mismo puede cometer actos de corrupción. Lo primero que notan estos autores es que los cambios significativos y ostentosos en el consumo de los agentes es uno de los instrumentos más importantes (si no el más importante) que poseen los principales para detectar a los agentes corruptos. Rafael y Federico ilustran este punto recordándonos las acciones de los líderes del levantamiento popular contra el presidente Marcos en Filipinas en 1986. Después de encontrar una serie de artículos de lujo en el palacio presidencial, incluyendo 2300 pares de zapatos en el armario de la Primera Dama, decidieron protegerlos y exponerlos como evidencia de la corrupción a gran escala por parte del Presidente Marcos. Ellos razonaron que, ya que Marcos no era un hombre rico antes de entrar en política, estos bienes habían sido adquiridos, muy probablemente, con ingresos deshonestos. Por el contrario, encontrar 2300 pares de zapatos en el armario de la esposa de Berlusconi, no permitiría hacer inferencia alguna sobre la honestidad del mismo como funcionario público.

Otros ejemplos citados en el trabajo son estos: como parte de una campaña contra la corrupción a comienzos de los años 80s, el gobierno mexicano acusó al ex jefe de policía de la Ciudad de México por fraude. Una de las principales razones para hacerle ese cargo fue su alto nivel de vida, imposible de justificar con su salario. Más interesante aún resulta el siguiente caso: el mayor escándalo de espionaje en la historia de la CIA se produjo cuando se preguntaron cómo uno de sus agentes más importantes, Aldrich Ames, fue capaz de comprarse una Ferrari con su sueldo de espía. Al final, el estilo de vida lujoso de Ames dio lugar a una investigación que descubrió la mayor venta de secretos a la Unión Soviética en la historia de la CIA.

Según el juez Colombo de Milán, un ex fiscal en el proceso de «mani pulite«, la importancia de monitorear los activos y estilos de vida de los funcionarios públicos es una de las principales lecciones de la experiencia italiana. Sin embargo, como bien señalan Rafael y Federico en su trabajo, uno de los requisitos para poder explotar este mecanismo de control es que el principal tenga una idea de cuál es el nivel inicial de riqueza del agente, y para ello debe poseer buena información proveniente de pagos pasados al impuesto a las ganancias o al impuesto a la riqueza.

Rafael y Federico, en su artículo, reflejan estos argumentos en términos del modelo tradicional de principal-agente. Y  muestran que la aplicación de este modelo para estudiar la corrupción requiere más que un mero re-etiquetado de las variables del modelo estándar, pues si bien el esfuerzo en ese modelo no es observable, el consumo de los agentes puede serlo.

Si bien un argumento tradicional en la teoría sobre corrupción es que los agentes ricos tendrían menos incentivos a cometer actos de corrupción, y por eso los principales deberían elegir agentes relativamente ricos; Rafael y Federico proveen un argumento que va en sentido contrario, pues en ese caso, los actos corruptos serian más difíciles de detectar. Entonces, bien podría darse el caso contrario. Más generalmente, muestran que en ciertas relaciones de principal-agente es posible que haya beneficios de utilizar características observables de los agentes para reducir los costos informativos existentes.

Volviendo al caso de  Sergio Schoklender, el escándalo estalló porque sus aviones, barcos y autos de lujo son injustificables. Sobresale el rol de la prensa independiente del gobierno en la detección y divulgación de los hechos que están siendo investigados (tomando denuncias hechas por la Coalición Cívica). Debemos notar la importancia de una prensa independiente en el engranaje social. No en vano muchos gobiernos usan abundantes recursos para tratar de limitar la independencia de la misma.

Ciertamente, hechos de corrupción como los que se están discutiendo actualmente pueden ser castigados electoralmente por la población. Sin embargo, también deben ser castigados por la justicia. Para ello, es imprescindible que el sistema judicial sea independiente. En mi opinión, la división de poderes real y efectiva es la única forma en que percibo que una sociedad puede vivir dentro del marco de la ley. Sin ir muy lejos, el matrimonio Kirchner fue investigado por enriquecimiento ilícito pues su patrimonio declarado aumentó en más de 500% desde su arribo al gobierno nacional. Sin embargo, un juez sospechado de falta de independencia los sobreseyó rápidamente, dejando muchas dudas en la sociedad (esto también se aplica a otros dirigentes políticos).

En mi opinión, el escándalo por el manejo de fondos públicos girados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas además dejó en evidencia la grave incapacidad del Estado para controlar el destino de recursos que transfiere con fines sociales.

En conclusión, una vez más, vemos la importancia de recrear una sociedad donde la división de poderes sea efectiva, y donde funcionen los pesos y contra pesos sociales. Sólo entonces podremos esperar que los actos de corrupción sean condenados penalmente.