La gran zoncera nacional: “A la economía la disciplina la política”

Había escrito otro post que quedará para otro momento. Hoy voy a volver sobre algunas cuestiones fundamentales sobre las que he escrito en el pasado, pues creo que no pueden esperar hasta el próximo mes. El 14 de Noviembre de 2008, en un artículo publicado en el Semanario El Economista escribí: “Lamentablemente, durante el último lustro los argentinos hemos visto, demasiado pasivamente, cómo la esfera estatal ha avanzado desmesuradamente sobre la esfera privada. Ello terminará, más temprano que tarde, asfixiándonos a todos”. ¿Perseveraremos en esta dirección? Tristemente, creo que sí.

El gobierno quiere avanzar ahora desmesuradamente sobre el sector privado, nombrando directores políticos en muchas firmas privadas grandes. Esta resolución se tomó sorpresivamente mediante un decreto de necesidad y urgencia que cambió la letra y el espíritu de una ley. Esto de por sí es grave, pero no es la principal cuestión que quiero debatir hoy. Aun, si no hubiese objeciones legales, y seguramente habrá comentarios argumentando que no las hay, mi opinión es que sería muy grave avanzar en esta dirección.

Por supuesto, el cambio recurrente y arbitrario en las reglas de juego genera mucha incertidumbre económica y política que afecta severamente la inversión privada y la asignación de recursos en la economía. Pero, la verdad, creo que ese no es el principal riesgo hoy. Los inversores, nacionales y extranjeros, hace tiempo ya que están convencidos sobre las verdaderas intenciones del actual gobierno. El riesgo hoy es, concretamente, el avance desmedido del Estado sobre el resto de la sociedad.

Primero una cuestión fundamental, que ya he señalado antes acá: Una sociedad moderna está basada en la especialización. Como bien sabemos, para poder obtener ganancias de la especialización, es imprescindible el intercambio entre las partes. Dicho intercambio se basa en acuerdos que se deben hacer cumplir. Si bien, en ciertos casos, las partes involucradas podrían comprometerse a cumplirlos, en general, ello es más probable cuando un tercero impone las normas. Un tercero que implemente las reglas puede moldear los incentivos de las partes de modo que el beneficio neto que obtengan de interactuar sea mayor que el que alcanzarían si no lo hicieran. Por lo tanto, una economía moderna necesita de una organización (Estado) que haga cumplir los acuerdos entre terceros. Sin embargo, esta capacidad de velar por el apego a las normas, requiere del desarrollo del Estado como una fuerza coercitiva. Lo cual implica que aquellos que manejan el gobierno pueden utilizar la fuerza pública en forma discrecional (y para beneficio propio). Así como el Estado puede proteger los derechos de propiedad también puede violarlos. Toda sociedad moderna enfrenta este dilema: Cómo limitar el poder predatorio del Estado sin debilitar su capacidad de imponer las normas.

Supongo que a esta altura está claro que tengo un gran respeto intelectual por mi colega, Douglass North. Su último libro, junto a John Wallis y Barry Weingast, ofrece una visión muy interesante de este problema. En otro post futuro, me dedicaré en detalle a este trabajo. Hoy sólo quiero rescatar su idea principal. Estos autores argumentan que hace aproximadamente 10.000 años se desarrolló un orden social basado en arreglos institucionales que limitaban, por un lado, la competencia económica y, por otro lado, el acceso a las organizaciones sociales a grupos minoritarios de la sociedad (elites), pero que aun así fue exitoso en controlar la violencia, garantizar el orden social y permitir una mayor producción a través de la especialización y el intercambio. Llaman a este orden social, el Estado Natural. También argumentan que, por el contrario, un puñado de las sociedades ricas desarrolló un orden social basado en la competencia económica y política. Llamémoslo orden social basado en el libre acceso a los mercados y organizaciones sociales y políticas (open access social order). Obviamente, estas sociedades fueron mucho más exitosas que el resto.

Hay mucho para discutir sobre estas ideas. Sin embargo, en líneas generales, estoy de acuerdo con estos autores en que para mantener un orden social basado en el libre acceso a los mercados y organizaciones sociales y políticas, es necesario tener cierto grado de competencia tanto en la esfera política como en la esfera económica.

Un sector privado donde imperan las súper rentas económicas tratará siempre de controlar el sistema político para perpetuar las mismas. Una arena política donde no hay competencia, le permitirá a quienes detenten el poder suprimir, en la práctica, la división de poderes y avanzar sobre el sector privado, distorsionando el buen funcionamiento económico y ahogando el crecimiento económico de largo plazo.

Una buena organización social, entonces, necesita competencia económica y política. Según estos autores, a la sazón, sería ésta la única forma que hemos encontrado hasta ahora para limitar el poder predatorio del Estado sin debilitar su capacidad de imponer las normas. Lamentablemente, en Argentina, hoy no tenemos ni lo uno ni lo otro. Y así nos va.

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Por un lado, no me parece necesario que el Estado tenga directores en las empresas privadas en las que tiene invertidos los fondos del sistema de jubilaciones y pensiones. Más aún, viendo cómo se están dilapidando los fondos ahorrados en ese sistema durante una década, no creo que se pueda argumentar que este gobierno pueda contribuir en algo al buen manejo de los mismos.

Creo que el gobierno simplemente busca aumentar su control sobre la sociedad, lo cual me parece muy peligroso. Imagino que antes que velar por el ahorro de los ciudadanos -algo que el mercado de capitales correctamente regulado, podía hacer por sí solo- el gobierno quiere estimular aún más el consumo por sobre la inversión, influyendo sobre la distribución de dividendos de las firmas en cuestión.

Pero por sobre todo, considero que el gobierno busca disciplinar políticamente a los empresarios, una zoncera que, en el mediano plazo, siempre termina generando malos resultados (para un ejemplo reciente, ver este excelente post de Emilio).

Lamentablemente, como en otras oportunidades durante la última década, me angustia ver las respuestas políticas al avance depredador del Estado sobre la economía. No puedo ser optimista si ellas representan las creencias mayoritarias de nuestra sociedad.

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Por supuesto, no faltará quien diga, nos va muy bien. Hemos crecido mucho en los últimos años. Por un lado, como he señalado anteriormente, Argentina no tuvo un crecimiento tan espectacular como quiere hacernos creer el Gobierno. Hay que tener en cuenta que entre 1998 y 2002, el PBI había caído un 20%. Si se considera esta baja, el crecimiento del producto potencial durante la gestión de los Kirchner no fue nada del otro mundo. Por ejemplo, el crecimiento anual promedio verdadero del período 1999-2010 fue de aproximadamente un 3%, muy lejos del 10% de crecimiento de China, y por debajo incluso del 5% de Perú. La Argentina no solamente no creció a tasas chinas, sino que tendencialmente lo hizo por debajo del ritmo al que se expandieron nuestros vecinos más cercanos.

Por otra parte, este crecimiento no sólo está en gran medida impulsado por condiciones internacionales muy favorables al país, y a la región en general, sino que, y más grave aún, no es sostenible en el tiempo pues está también basado en otra de las grandes zonceras nacionales: el populismo, definido como un modelo que distorsiona, de forma insostenible, las decisiones de consumo/ahorro para estimular el crecimiento presente sobre la acumulación de capital, y por tanto el consumo futuro.

Sin embargo, es importante aclarar que yo estoy a favor de un alto nivel de redistribución en América Latina. Esto lo he escrito en muchos lados anteriormente (ver, por ejemplo, acá). El capitalismo ha demostrado ser una forma de organización económica extremadamente eficiente, aunque, lamentablemente, no siempre produce una distribución de la riqueza compatible con el desarrollo de una organización democrática estable. El gran desafío de toda sociedad es entonces compatibilizar incentivos capitalistas con una distribución de la riqueza compatible con el desarrollo de una sociedad democrática y equitativa. En mi opinión, un sistema tributario progresivo y un gasto público orientado a proveer igualdad de oportunidades es la forma más eficiente que poseen los gobiernos para crear una sociedad capitalista y equitativa.