El debate sobre el cierre de la planta de Maersk en San Antonio está lejos de concluir. El drama de muchas familias y la sorpresa del anuncio justifican muchas de las preguntas que rondan en el ambiente sobre las condiciones del negocio o el rol de los sindicatos.
La interrogante más llamativa, sin embargo -y que pone la música de fondo a este debate-, es la de un grupo de parlamentarios que salió rápidamente a reclamar a la empresa en virtud de un «compromiso (de Maersk) que no es puramente comercial, sino que también con el país, con el Estado de Chile». Para una destacada dirigente sindical, es necesario conocer «los alcances del compromiso en esta alianza público-privada que se firmó».
Efectivamente, al alero de un programa de inversión en alta tecnología, el Estado financió el perfeccionamiento de trabajadores de la empresa. Si hay plata pública, ¿cómo puede la empresa llegar e irse? La interrogante es razonable, y no muy diferente de la que hubiese hecho Trump.
Mi pregunta, sin embargo, es anterior: ¿De qué se tratan estos acuerdos entre el Estado y las empresas?
El Estado tiene muchos programas de fomento a la producción, innovación y emprendimiento. De hecho, el presupuesto destina anualmente cientos de millones de dólares para apoyar proyectos -domésticos o extranjeros- en áreas diversas como la tecnología, la manufactura o la agricultura. El formato es a través de préstamos o transferencias de capital; en algunos casos reembolsables y en otros no reembolsables.
¿Son rentables estos proyectos? El fracaso de Maersk no permite concluir que estos programas sean ineficaces. Después de todo, si se trata de innovación, algunos fracasos son esperables. Pero unos pocos éxitos tampoco son señal de virtud. Este caso hace patente la necesidad de evaluar de manera independiente y técnica la estrategia actual, que involucra cuantiosos recursos y cuya rentabilidad social se desconoce.
Pero la reacción de los dirigentes políticos llama a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de estos acuerdos. ¿A qué se compromete la empresa cuando recibe fondos? ¿Qué espera el Estado cuando aporta? Mientras los proyectos sean pequeños -como es en la mayoría de los casos actualmente-, la línea divisoria entre el interés privado y el interés público es nítida. El aporte es a cambio de la materialización de la inversión, y no de su éxito.
Sin embargo, cuando los proyectos son grandes o de connotación pública, esa separación se diluye.
Las alianzas público-privadas pueden ser virtuosas. El caso más claro son las concesiones, donde con reglas abiertas y competitivas, el Estado otorga una concesión a un privado por un tiempo limitado. Pero la masificación de aportes públicos a actividades privadas sin criterios competitivos y condiciones transparentes puede derivar en una especie de capitalismo de Estado, donde los intereses públicos y privados se confunden. Capitalismo de Estado que parece estar poniéndose de moda, especialmente en Washington.
