Está de moda en el Perú opinar sobre las fusiones empresariales y su eficaz regulación por parte del Estado. Es más, se habla incluso de “fusiones dentro del Estado”, con miras a eliminar la multiplicación de ministerios y funciones públicas en los últimos años, una posible tarea del nuevo presidente. Sin embargo, la fuerza del sustento teórico o empírico para las afirmaciones recientemente vertidas sobre las fusiones es generalmente tenue, pendiendo del hilo del prestigio de quien brinda su opinión – y poco más. Esa carencia abre una ventana de oportunidad para investigar más e ir construyendo una base de conocimientos que refleje la realidad peruana.
En temas económicos complejos como las fusiones, diagnosticar la realidad empresarial peruana es un requisito necesario porque sería incorrecto aplicar mecanismos de países como Estados Unidos al Perú si nuestros parámetros económicos clave tienen características marcadamente diferentes. Como mostraron Chang-Tai Hsieh y Peter Klenow al analizar la mala asignación de recursos empresariales desde el punto de vista macro, Estados Unidos difiere significativamente de China o India en lo referente a la productividad empresarial, y ello conlleva diferencias notables en la frecuencia de fusiones o las ganancias de una fusión. Si bien la empresa peruana no ha sido ampliamente estudiada de forma sistemática, parece haber urgencia en regular más las fusiones sin conocer el tema con más profundidad. ¿Cómo avanzar?
Una primera estrategia para esbozar políticas respecto a las fusiones empresariales en el Perú es recurrir a la evidencia empírica reciente. En el 2014, Management Science publicó mi estudio sobre fusiones verticales y horizontales y su impacto en la productividad de algunas flotas pesqueras industriales peruanas. La data para el estudio fue provista por la empresa pesquera adquiriente en esas transacciones de fusión (cuya identidad mantengo anónima por confidencialidad). El caso de esta pesquera es el típico de algunas empresas peruanas: se da una presión bancaria para ampliar la base de colateral para los préstamos, por lo cual la empresa necesitada de crédito bancario busca reforzar sus activos realizando fusiones. Lo atractivo del caso de múltiples fusiones que estudié es que tuve a mi disposición información estadística granular sobre la productividad de activos (i.e., barcos) tanto antes como después de cada transacción de fusión para todas las empresas participantes. Este inusual nivel de detalle ayudó a demostrar relaciones econométricas como la que muestra el Panel A, en donde el color rojo representa las flotas adquiridas y el color gris representa las flotas ya existentes de la empresa adquiriente. Encontré evidencia causal sobre el impacto positivo de las fusiones en la productividad de activos.
Pero incluso si uno logra descubrir efectos de las fusiones tales como la mejora en la productividad de activos, ello no es suficiente para esbozar una política más general: hace falta entender el mecanismo por el cual se dan los cambios. Por ejemplo, siguiendo mi caso de estudio, ¿por qué las empresas adquiridas mejoraban su productividad de activos? ¿Acaso esa ganancia se lograba a costa de la empresa adquiriente? Con una amplia gama de pruebas estadísticas pude dar respuesta a preguntas sobre las causas de esas ganancias de productividad. Más allá de las mediciones econométricas – o quizás como motivación detrás de ellas – el trabajo de campo y las entrevistas en profundidad son vitales para enriquecer el análisis y aproximarse a la verdad.
En mi estudio de fusiones pesqueras, el trabajo de campo consistió en salir a bordo con la tripulación unas 20 millas fuera de la costa y permanecer unas 20 horas durante la travesía y faenas de pesca. Mis tareas fueron variadas: usar una cámara de fotos y una grabadora, visitar distintos ambientes de la embarcación, tomar notas, escuchar a la gente, formular preguntas, descansar, vencer al mareo, observar los momentos de faena pesquera, analizar los resultados y sus causas, confraternizar con la tripulación, y valorar el trabajo del capitán y del cocinero. Y todo esto en un marco natural: altamar.
Una lección clave en este ejercicio de observación, que difícilmente pude haber obtenido desde mi escritorio analizando datos estadísticos, fue la aleatoriedad de las capturas. A pesar de la alta tecnología de navegación y detección de cardúmenes, y a pesar de la experiencia y seriedad del capitán y su tripulación, hubo faenas infructuosas. Esta variabilidad me llevó a implementar modelos más detallados explotando data satelital sobre cómo se movían todos los barcos de la flota y así comprender mejor sus interrelaciones productivas. Como lección más general, considero que el trabajo econométrico y la labor cualitativa de campo se alimentan mutuamente con miras a obtener una perspectiva integral, y esto no se debe perder de vista al analizar evidencia sobre las fusiones empresariales o estatales.
Una segunda estrategia para esbozar políticas de fusiones, especialmente cuando la evidencia disponible es limitada, consiste en construir un repositorio nuevo de conocimiento cuantitativo y cualitativo. Esto implica primero recolectar data útil para este fin, lo cual puede ser costoso en nuestro país, aunque no imposible. En los últimos meses, con ayuda de asistentes de investigación, he venido tabulando algo de 700 fusiones y adquisiciones realizadas en los últimos años en el Perú. Agregando identificadores que permitirán cruzar la información de transacciones con otras bases de datos empresariales, espero explorar una serie de preguntas básicas sobre la frecuencia y ganancias de las fusiones. Si el conocimiento sólido – más allá de la observación anecdótica o la opinión interesada – se va valorando más en nuestro país como base para la toma de decisiones, sus beneficios para las políticas públicas y privadas serán notables.
Teniendo ahora una noción más clara sobre el “qué” y el “cómo”, hace falta pensar en el “quién”. ¿Quién debe diagnosticar y sugerir políticas sobre fusiones y adquisiciones en el Perú? Los escándalos de meses recientes –que llevaron a la renuncia del presidente en marzo de 2018 – en gran parte se han nutrido de conflictos de interés por parte de funcionarios públicos que mezclan el interés del Estado con su interés privado de lucro y desarrollo profesional. En un tema delicado como la regulación de fusiones, dejar la argumentación y formulación de políticas a funcionarios o consultores con conflicto de interés parece arriesgado. Renuevo aquí mi llamado a CONCYTEC y otros fondos del Estado a que de una vez empiecen a asignar fondos de investigación a economistas académicos con miras a la creación de conocimientos útiles que minimicen el sesgo de lucro y que beneficien a todos los peruanos.
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