Espacio Público lleva casi tres años monitoreando la Agenda de Probidad impulsada por la Presidenta Bachelet a través del Observatorio Anticorrupción, herramienta que diseñamos con Ciudadano Inteligente y que ha permitido evaluar el cumplimiento y calidad de las recomendaciones de la Comisión Engel, y empujar la agenda de políticas para combatir la corrupción. Durante este tiempo ha habido avances notables, en particular en materia de financiamiento de la política, transparencia de los partidos políticos, y prevención de los conflictos de interés. De hecho, las elecciones del 2016 y 2017 nos permitieron conocer los efectos de estas reformas que buscan instaurar un nuevo paradigma en la forma de hacer política.
Junto con las reformas implementadas, se han promulgado más de diez leyes cuyo fin es prevenir la corrupción, quedando ahora en manos de las próximas autoridades garantizar su correcta implementación. Así, por ejemplo, con el cambio de coalición gobernante, se pondrán a prueba las modificaciones introducidas para perfeccionar el Sistema de Alta Dirección Pública y una de sus principales reformas, la estabilidad de las autoridades y funcionarios de primer y segundo nivel seleccionados bajo este sistema. El propio programa del Presidente Piñera establece que seguirá profundizando estos ajustes para reducir la discrecionalidad en la contratación de funcionarios públicos. En este mismo sentido quedará en manos del próximo gobierno implementar la nueva Dirección General de Concesiones de Obras Públicas. Aquí también el próximo mandatario se ha comprometido a modernizar la gestión de proyectos de infraestructura y mejorar la capacidad de fiscalización y transparencia del Estado y modernizar los sistemas de contratación de obras públicas. En vista de lo anterior, esperamos que las promesas electorales se cumplan y no haya retrocesos en estas materias.
Sin perjuicio de los avances, aún quedan varios temas pendientes. Por ello es necesario que efectivamente se aprueben aquellas reformas aún en discusión en el Congreso, como las iniciativas para transparentar el uso de suelo, que aumentan las penas para los delitos de corrupción, reforma al Congreso en materia de probidad y transparencia, entre otras.
Finalmente, cabe llamar la atención sobre aquellas áreas en donde el avance ha sido escaso, y respecto de las cuales Piñera debería liderar su cumplimiento. Algunas de ellas están contempladas en su programa de gobierno, como la necesidad de avanzar en materia de “puerta giratoria”, esto es, regular el tránsito entre el sector público y el privado, y la creación de una Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas. Si bien el programa hace referencia al fortalecimiento de ChileCompra, no se especifican medidas concretas en este sentido. Cabe recordar que actualmente existe un anteproyecto de ley que recoge casi la totalidad de las recomendaciones de la Comisión Engel en materia de compras públicas, pero que por temas presupuestarios no ha sido ingresado al Congreso. Otro tema que brilla por su ausencia son las medidas necesarias para combatir la corrupción en municipios.
Chile es uno de los pocos países de la región que ha sido capaz de hacer frente a los escándalos de corrupción mediante reformas concretas. La agenda de probidad ha avanzado de forma consistente, pero con el paso del tiempo es fácil olvidar que aún queda mucho camino por recorrer. Por ello es fundamental que el próximo gobierno haga suya esta agenda y el combate de la corrupción sea una de sus prioridades.
