La inversión en salud en primera infancia ha probado ser una de las inversiones en capital humano con mayores retornos tanto en el corto como en el largo plazo. Múltiples trabajos han encontrado efectos sobre desarrollo cognitivo, salud futura, acumulación de capital humano, e ingresos[1] Sin embargo, gran parte de la inversión en salud está destinada a tratamiento curativo o de alto costo y no al tratamiento preventivo. Por esto, el trabajo de Camacho y Ortiz (2017) explora el caso colombiano para identificar si la inversión en salud en primera infancia resulta ser una opción de política pública costo-efectiva. Esta política es atractiva cuando el costo de la nueva inversión llega a contrarrestar el uso de servicios curativos futuros de más alto costo y a tener el potencial de reducir los costos totales del sistema de salud. Como lo resume Russel (2007) en una frase: “Si gastamos más en prevención, podemos gastar menos en el total. Prevenir la enfermedad es prevenir su costo”[2]. Todo esto, sin tener en cuenta los beneficios privados de la inversión en salud mencionados anteriormente.
Para medir los efectos de una mayor inversión en cuidado preventivo en primera infancia, nosotros exploramos un cambio en el cobro de cuotas moderadoras que se dio en Colombia en el año 2004. Esta modificación se introdujo con el Acuerdo 260, donde se eliminaron las cuotas moderadoras para la atención de madres gestantes y niños menores a un año, permitiendo así gratuidad del servicio para el Régimen Contributivo (para el Régimen Subsidiado ya existía gratuidad en estos servicios). Nuestro estudio identifica que la eliminación de la cuota aumentó la demanda de consultas para los niños entre 0 y 1 año. Por este mismo canal, aquellos niños que fueron beneficiados por esta norma reducen la demanda por servicios de salud curativos o de alto costo, como las hospitalizaciones. Para realizar este ejercicio utilizamos los RIPS (Registros Individual de Prestación de Servicios de Salud) del Ministerio de Protección Social, donde se encuentra el registro administrativo de todas las consultas, hospitalizaciones y urgencias provistas por el sistema de salud colombiano. En este caso restringimos los datos a niños entre 0 y 5 años en la ciudad de Bogotá (por la calidad de la información) y contamos con información entre el 2003 y 2007; un año antes de la entrada en vigencia del acuerdo y cuatro años después.
Comparando niños entre 0 y 1 años, antes y después de la norma, y considerando su régimen de salud, encontramos que el aumento en consultas por niño al año producto de la política fue de 2.84. A su vez, el incremento en consulta médica se traduce, en promedio, en una reducción de 0.11 hospitalizaciones y 0.45 urgencias por niño tratado al año. Este resultado es significativo y robusto a diferentes especificaciones y ventanas de tiempo.
Con estas estimaciones y utilizando el Manual de Tarifas oficial[3], realizamos un análisis costo-beneficio de la política. Como se presenta en la siguiente tabla, el costo de una consulta es de U$2,5, el costo de un día de hospitalización es de U$43,8 y el costo de una visita a sala de urgencias es de U$3,6. Lo que significa que la política aumenta el costo por niño al año vía consultas en U$7,2. Sin embargo, teniendo en cuenta que en promedio una hospitalización dura 4.61 días, los gastos ahorrados por hospitalización equivalen a U$22,4, y los gastos ahorrados en urgencias a $1,6. Esto quiere decir que la política generó un ahorro neto de U$16,8 por niño al año. Teniendo en cuenta que en Colombia nacen alrededor de 650.000 niños al año, podemos estimar que la política le ahorró al sistema de salud 11 millones de dólares por año.
| Incremento en costo por niño al año | |
| 2.84 consultas * U$2,5 = | + U$7,2 |
| Reducción en costo por niño al año | |
| -0.11 hospitalizaciones * U$43,8 * 4.61 días = | – U$22,4 |
| -0.45 urgencias * U$3,6 = | – U$1,6 |
| – U$16,8 |
Adicionalmente, miramos beneficios de largo plazo, entendiendo estos como los efectos que tiene la política en los cuatro primeros años de vida. En este caso, encontramos que los niños que tuvieron en su primer año de vida consultas gratuitas fueron a 0.02 hospitalizaciones menos y a 0.33 consultas menos, entre los 1 y los 4 años, que los niños que no se beneficiaron de la política; lo que confirma los efectos duraderos de la inversión en primera infancia. No encontramos efectos de largo plazo para el caso de las urgencias.
Para concluir, queremos enfatizar que este trabajo solo tiene en cuenta los beneficios monetarios de gastos y ahorros del sistema de salud, y encuentra que la inversión en cuidado preventivo es rentable. Sin embargo, los beneficios de una buena salud en primera infancia van mucho más allá que el ahorro estatal y son altamente duraderos, de manera que el beneficio de este tipo de inversión es mucho mayor que lo que el criterio de costo-beneficio pueda mostrar. Este trabajo muestra entonces la inversión en salud en primera infancia como una política pública que no solo es efectiva, sino que además es políticamente viable, pues sus beneficios personales apelan a aquellos que defienden un estado de bienestar, y sus beneficios en ahorro estatal atrae a aquellos que abogan por un estado más pequeño.
Camacho, A. & Ortiz, M. (2017). How Much Could We Save From Investment in Preventive Child Healthcare?
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. (2004, 4-Febrero). Acuerdo Número 260 de 2004. Colombia, Bogotá.
Russell, L. (2007). Prevention´s Potential for Slowing the Growth of Medical Spending. Institute for Health Rutgers University.
[1] Heckman et al., 2006; Strauss & Thomas 1998; Elo & Preston, 1992; Bozzoli, Deaton & Quintana-Domeque, 2007; Cohodes et al. 2016; Currie 2009; Kremer and Miguel 2004; Oreopoulos, et al. 2008 and Smith, 2009
[2] Traducción al español de los autores.
[3] Precio de referencia ISS 2001+35% medido en precios de 2017.
