(en coautoría con Adrienne Hathaway, Diana Ortiz, Megan Rounseville y Jorge Luis Silva del Banco Mundial)
La firma y el inicio de la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), refleja el acontecimiento político más importante en la historia reciente de Colombia. Este acuerdo se produce después de más de 52 años de guerra interna, en el marco de un conflicto armado que ha dejado más de 8 millones de víctimas y, según se estima, más de 220.000 muertos y más de 7 millones de desplazados internos (el mayor número de desplazados en el mundo según la ONU).
Garantizar la verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto es uno de los seis puntos claves del acuerdo de paz. Este además, es un derecho legal de las víctimas, establecido mediante la “Lay de Víctimas” (Ley 1448 de 2011). El desarrollo e implementación de programas y políticas eficaces de justicia transicional durante los próximos años será crucial para lograr la paz verdadera y sostenible en Colombia.
Sin embargo, la consecución de este objetivo plantea retos enormes. Por ejemplo, muchas de las víctimas del conflicto están en zonas en las que el Estado a estado ausente, o su funcionamiento ha sido precario durante muchos años. De esta manera, en ausencia de un aparto institucional de provisión de servicios de justicia en buena parte del territorio del país, la atención a las víctimas del conflicto debe llevarse a cabo a través de instrumentos innovadores de justicia transicional.
Justamente, desde 2012, en un esfuerzo para facilitar que las víctimas que viven en comunidades marginadas y con baja presencia del Estado puedan ejercer sus derechos, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y del Derecho, y la Unidad para las Víctimas se han coordinado para operar una unidad móvil para las víctimas (Unidad Móvil de Atención y Orientación a Víctimas, UMAOV).
En la práctica, la UMAOV es un vehículo que visita municipios marginados y actúa como una «ventanilla única», proporcionando por parte de funcionarios de las tres entidades una gama amplia de servicios a las víctimas. Entre ellos se encuentra el suministro de información sobre sus derechos como víctima, la asistencia jurídica para ayudar a las víctimas con la presentación de sus declaraciones de victimización, el suministro de información actualizada y personalizada acerca del estado de los procesos ante la Unidad para las Víctimas, e información sobre cómo acceder a la oferta que en las medidas de asistencia, atención y reparación brinda el Estado.
Con financiación y asistencia técnica del Banco Mundial, CAF-banco de desarrollo de América Latina y la Universidad del Rosario, durante el 2016 se implementó una evaluación de impacto para estudiar los efectos que tiene la UMAOV sobre el goce efectivo del derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral por parte de las víctimas, así como sobre la percepción de justicia y la confianza en las instituciones, tanto de las víctimas como de las comunidades donde éstas residen.
Para llevar a cabo dicha evaluación, se utilizó una estrategia de asignación aleatoria entre pares, por fases (pair-wise phased-in randomized control trial). En ella, 30 de los 60 municipios visitados por la UMAOV durante 2016 fueron asignados para recibir los servicios de la UMAOV durante la primera mitad del año (grupo tratamiento) y los 30 restantes fueron asignados para recibirlos en la segunda mitad (grupo de control). Para mejorar el balance y protegerse contra los riesgos imprevistos del cambio de orden de la ruta, debido por ejemplo a problemas de seguridad, antes de la asignación aleatoria, los municipios fueron emparejados con base en características predeterminadas y, al interior de cada par, un municipio fue asignado aleatoriamente al grupo tratamiento y el otro al grupo control.
Gracias a esta evaluación nuestro equipo cuenta hoy con información tipo panel para más de 2000 víctimas del conflicto armado y para 1500 miembros de las comunidades visitadas por la UMAOV. En este momento nos encontramos en la etapa de limpieza de la base para su posterior análisis, y pronto vendrá otra entrada discutiendo los resultados principales. Lo importante es que, cualquiera que éstos sean, esta información será un recurso oportuno para evaluar los logros de Colombia en materia de atención a víctimas del conflicto armado en zonas tradicionalmente apartadas. Este es un elemento fundamental para la sostenibilidad del posconflicto y la garantía de no repetición.
* Una versión distinta de esta entrada apareció el pasado diciembre el blog de lo ofician de América Latina y el Caribe del Banco Mundial.
