Con la dejación de armas y reincorporación de más de 13,000 excombatientes las FARC-EP en 2016/2017, muchos en Colombia consideraron que había llegado un momento único para la paz. Después de cinco décadas, el ejército guerrillero más grande del país se había comprometido con la justicia transicional y la reparación, mientras el Estado se pactó con la transformación de áreas rurales que han sido tradicionalmente excluidos y un abordaje nuevo para el problema de cultivos ilícitos.
¿Cómo ha sido la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios donde la violencia azotaba la población?
Junto con colegas del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), Peace Research Institute Oslo (PRIO) y Universidad de Amsterdam (UvA) realizamos más de 23,000 encuestas repartidas en dos olas – la primera en 2019 y la segunda en 2021 – en los territorios priorizados para la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, que se llaman Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs). Realizamos encuestas en 72 municipios PDET, logrando una representatividad a nivel de cada uno de los 16 PDETs, lo cual nos permite comparar de forma sistemática entre dichos sub-regiones del país. 31% de nuestras encuestas las realizamos en zonas rurales, el resto en cabeceras municipales. La encuesta es un panel: más del 66 % de las personas encuestadas en la primera ronda en 2019 fueron nuevamente encuestados en 2021. En los casos en los que el re-contacto no fue posible, intentamos asegurar que los reemplazos sean personas muy similares a los que no logramos re-contactar.
En esta entrada me voy a concentrar en temas de seguridad, pero en un reporte que escribimos con colegas del PNUD aparecen resultados más variados.
El panorama en materia de seguridad, sin pelos en la lengua, es preocupante. En línea con otros trabajos que hemos realizado, parece que el vacío de gobernanza que dejaron las FARC-EP no logró llenar el Estado colombiano en los primeros años de la implementación del Acuerdo de Paz. Preguntamos, «¿quién ha gobernado su comunidad en los últimos 12 meses?» En 2021, el 22% dice que las disidencias de las FARC—colecciones de miembros de las FARC-EP quienes nunca entregaron las armas o quienes decidieron rearmarse—un incremento de 7 puntos porcentuales comparado con 2019. En 2021, el 15% de encuestados señala el control del ELN en sus comunidades, 3 puntos porcentuales más que en 2019. Finalmente, el 31% de las personas que encuestamos reportaron que grupos criminales ejercen control en sus comunidades, 7 puntos porcentuales más altos que en 2019. Tres observaciones frente estas estadísticas. Primero, el nivel absoluto de control de estos grupos armados y no estatales es bien preocupante. Segundo, la tendencia hacia más control de grupos armados en estos territorios es aterradora. Tercero, la distribución de este control territorial – incluso limitándonos solamente a los municipios donde la implementación del Acuerdo está priorizado – depende de factores cómo la economía política local y más.
Cuando preguntamos sobre la situación de seguridad en sus barrios, el porcentaje que dice que la situación de seguridad es «buena o muy buena» disminuyó del 17,5% en 2019 al 10,4% en 2021.
Vemos retrocesos significativos tanto en lugares de confrontación armada continua (p.e. Urabá Antioqueña y el Catatumbo), pero también en lugares con mayor estabilidad (p.e. Sur de Tolima). El mensaje aquí es que pocas personas en los PDETs caracterizan su situación de seguridad de forma positiva.
Es natural averiguar si estas dinámicas de control territorial de grupos armados y preocupaciones sobre la situación de seguridad tengan alguna incidencia en percepciones hacia la Policía Nacional y el Ejército. Encontramos que en 2019 y 2021, la gran mayoría de los encuestados tiene «nada» o «muy poco» de confianza en la Policía.
Además, parece que existe una competencia de suma cero entre la Policía Nacional y grupos armados: después de controlar por algunas factores sociodemográficos, los encuestados que reportan experimentar control de las disidencias de las FARC son significativamente menos probable de confiar en la Policía Nacional. Los niveles de confianza hacia el Ejército – muy en línea con datos de otros países en nuestra región – son más altos que los de la Policía Nacional, pero igual muestran niveles preocupantes.
Ya sabemos algo sobre cómo llenar los vacíos de gobernanza que dejaron las FARC-EP: una intervención barata que explota complementariedades entre autoridades estatales y autoridades comunales ayudó a mejorar la resolución de disputas a nivel local mientras y por ende logró reducir la influencia de grupos armados. Pero el mejor método de mejorar la confianza hacia la Policía Nacional y el Ejército es una tarea fundamental que quedará pendiente para otra entrada.
El gobierno de Gustavo Petro – que está cumpliendo apenas 100 días desde su arranque – enfrenta múltiples retos en materia de seguridad urbana y rural. Buscar intervenciones rápidas, baratas y costo-efectivas es una exigencia en un contexto de restricciones presupuestales fuertes. Aunque sus presupuestos sobre la “Paz Total” son ambiciosos – que implicaría negociaciones directas con grupos armados políticos y sometimiento a la justicia para grupos criminales – son apuestas de alto riesgo. Un camino complementario sería buscar cómo disminuir la influencia de grupos armados mientras se refuerce la confianza en la Policía. Después de seis años desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, los colombianos merecen nada más que eso.
