“¿Cómo calificaría usted SU situación económica?” es una pregunta que la encuesta del CEP viene haciendo regularmente desde 2007. Deténgase un momento y adivine en qué año las opciones “Buena” o “Muy Buena” alcanzan su mayor valor. La respuesta es que en la última encuesta (agosto de 2021). ¿Cómo se explica esto si venimos saliendo de la peor recesión en casi cuarenta años, con el empleo todavía muy por debajo de los niveles anteriores a la pandemia? Los retiros, el IFE y otras ayudas a los hogares por la pandemia son la respuesta. Suman 80 mil millones de dólares (Ipom, septiembre de 2021), es decir, casi el 30% del producto. Alrededor del 75% son los tres retiros de fondos de las AFP.
¿Es contradictorio el dato anterior con que los retiros sean tan populares? Para nada. Los sistemas de pensiones en general tienen componentes importantes de ahorro forzoso, porque la mayoría de las personas ahorra muy poco y verían caer su estándar de vida aun más si no los obligaran a ahorrar para su vejez.
Siempre hay buenos motivos para gastar más ahora y ahorrar menos para la vejez. Por ejemplo, para llegar a fin de mes mientras se encuentra trabajo, para pagar deudas en que se incurrieron durante la pandemia o antes, para comprar o renovar el auto, para emprender ese negocio que siempre se soñó o, en el peor de los casos, para tener la opción de gastarse los recursos en un futuro cercano y ahorrarse los impuestos. Los motivos sobran.
Si siempre ha sido una medida popular, particularmente en tiempos de campaña, ¿por qué tomó tres décadas desde el regreso a la democracia para que se aprobara gastar parte importante de los ahorros? Sobre todo dado que siempre hubo actores políticos pregonando las supuestas bondades de pasar a un sistema de reparto.
Partamos por descartar que hayan mejorado los argumentos de los detractores. Siguen siendo los mismos argumentos que han dado por décadas, donde oscilo entre pensar que no entienden las cifras y que sí las entienden pero creen que la gente no las entiende. Por ejemplo, enfatizan una y otra vez que los montos que han desembolsado las AFP en pensiones son una fracción menor de los ahorros totales del sistema, algo obvio e irrelevante dado que la inmensa mayoría de los afiliados no se ha jubilado aún.
La pérdida de legitimidad del sistema de AFP sí es un primer elemento para explicar por qué los retiros no sucedieron antes. Esta pérdida se cristaliza cuando comienzan las jubilaciones masivas bajo el nuevo sistema, hace una década. Las tasas de reemplazo (pensión como fracción del último sueldo) resultaron ser mucho menores que las prometidas, dando origen al movimiento “No + AFP” el 2016. Cinco largos años han transcurrido desde entonces sin que el sistema político lograra consensuar una reforma, hundiendo aun más la legitimidad del sistema.
El lobby agresivo y muchas veces contraproducente de las AFP ha sido un factor que explica la ausencia de reformas, en particular, que el proyecto que presentó el segundo gobierno de Bachelet no fuera aprobado. Que buena parte de la derecha fuera más sensible al lobby de las AFP que a las necesidades de la gente tampoco ayudó.
La ex-Concertación también tiene su cuota de responsabilidad. Nunca sinceró con sus bases que los amarres que venían de la dictadura no eran todos indeseables. Había varios que lo eran, pero otros que no. Entre estos últimos estaba tener un sistema de pensiones financiado y con incentivos para el ahorro individual. En lugar de demonizarlo, correspondía complementarlo con una componente solidaria sustantiva. Tampoco se hizo la distinción entre el rol de las AFP, que no era central, y la importancia de un sistema de pensiones fiscalmente sustentable, con incentivos para el ahorro y solidario, que sí lo era.
Todo lo anterior explica el terreno fértil para los desaciertos del actual gobierno. Haberse convencido, en base a cualquier cosa menos evidencia, que la pandemia venía en retirada a fines de abril de 2020, junto con un énfasis extemporáneo en focalizar las ayudas, llevó a que llegara muy tarde con ingresos para las familias durante la primera ola. El Banco Central (Ipom, septiembre de 2021, Gráfico III.5) registra transferencias significativas de ingresos a los hogares solo a partir del tercer trimestre de 2020. Esto y un pobre manejo político con su propia coalición abrieron las puertas para el primer retiro.
No cabe duda de que se ha observado un deterioro notable en la calidad de la política y de las políticas públicas en los últimos años. La mejor opción para revertir esta tendencia es que el proceso constitucional concluya con un nuevo contrato social que tenga convocatoria amplia y que permita llevar a cabo las reformas pendientes. Entre estas, destaca crear un sistema solidario y sustentable que asegure pensiones dignas.
Estas reformas requerirán de montos importantes de recursos públicos. Se equivocan quienes creen que será fácil contar con dichos recursos, basta ver lo que sucedió con la reforma tributaria del segundo gobierno de Bachelet que ha recaudado mucho menos que lo esperado. Un cuarto retiro reducirá sustancialmente las posibilidades de que el proceso constitucional siente las bases que permitan resolver la crisis política en que estamos. Y, dados los ingresos adicionales que han recibido los hogares durante 2021, la pandemia tampoco lo justifica.
